La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los periodistas del medio digital ‘El Faro’, frente a las amenazas de muerte y a su integridad recibidas en los últimos meses.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 34 periodistas del medio digital independiente El Faro en El Salvador, por considerar “que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
Lo anterior, por las amenazas de muerte que han recibido a través de las redes sociales y terceras personas, así como la publicación de datos familiares del personal del periódico; denuncias de seguimientos y declaraciones por parte de funcionarios públicos en descrédito del trabajo de los periodistas.
En noviembre de 2020, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron al organismo la protección para los trabajadores de El Faro.
Mediante la resolución 12/2021, adoptada este jueves el 4 de enero de 2021, la Comisión planteó que los informadores “estarían siendo objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización– principalmente través de redes sociales- por motivos de sus actividades periodísticas”.
La resolución enumera las amenazas recibidas: en mayo del año pasado frases como “meterte 3 tiros en la cabeza”; en septiembre en torno a quemar la sede del periódico o colocar un coche bomba contra los periodistas; en diciembre con las frases “el otro año los desaparecemos”, y “cuando menos se lo esperen pum!!”.
En ese sentido, la información recibida sobre la situación de riesgo en la que se encuentran los periodistas, sugiere que los presuntos actos de hostigamiento, amenazas e intimidación “tendrían como propósito no solo intimidarlas sino también obstaculizar aquellas actividades derivadas de sus labores periodísticas”.
Esta situación ha generado un alto nivel de exposición para los periodistas de El Faro, lo que ha incrementado su situación de riesgo.
El periódico ha señalado, por su parte, que desde que tomó posesión el presidente Nayib Bukele han enfrentado bloqueos a conferencias de prensa; amenazas de instituciones de Gobierno que han dificultado el trabajo periodístico de fiscalización y rendición de cuentas; campañas de desprestigio a través de artículos anónimos publicados en medios de comunicación bajo tutela del Estado; estigmatización y acoso en las conferencias de prensa; seguimientos a periodistas y auditorías a la contabilidad del periódico que exceden lo tributario.
Al conceder las medidas de protección, la CIDH destaca que si bien El Salvador conoció estas denuncias, no se han implementado medidas de protección para garantizar la seguridad de los informadores, por lo que dan al país un plazo de 15 días para que informe de las medidas adoptadas a este respecto.
La Comisión determinó que las 34 personas a las que otorga las medidas cautelares se encuentran en una situación “de gravedad y urgencia”, ya que tanto su vida como su integridad “enfrentan un riesgo de daño irreparable”.
De acuerdo con el artículo 25 de su reglamento, la CIDH solicita a El Salvador que:
A) Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias identificadas;
B) Adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos;
C) Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes;
D) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelares y así evitar su repetición.
El organismo aclara que el otorgamiento de medidas cautelares y su adopción por parte del país receptor “no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables”.
La resolución es respaldada por el presidente de la CIDH, Joel Hernández García, la primera vice-presidenta Antonia Urrejola Noguera, la segunda vice-presidenta Flávia Piovesan y por los integrantes Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Edgar Stuardo Ralón Orellana y Julissa Mantilla Falcón.
La Comisión recuerda que es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“La CIDH tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia”, menciona.
Exrelator saluda la decisión de la CIDH
El exrelator especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, saludó el otorgamiento de medidas cautelares. A través de su cuenta de Twitter, dijo: “Bien por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en otorgar medidas cautelares para periodistas de El Faro. Uno de los medios que más contribuye a la lucha contra la corrupción y alerta de los abusos de poder en ese hermano país”.
Muchas gracias, Edison. Su confianza y su compromiso han sido muy importantes para nosotros.
— Carlos Dada (@CarlosDada) February 5, 2021
En respuesta, el director del medio, Carlos Dada, agradeció a Lanza “su confianza y su compromiso” con la causa de El Faro.
En octubre de 2020, la Fundación Gabo envió una carta a Edison Lanza, cuando era Relator Especial, firmada por más de 500 periodistas y escritores “alarmados por los ataques de Nayib Bukele a la prensa en El Salvador”.
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En concreto, denunciaron la venganza contra el medio por su investigación sobre la negociación entre el gobierno y las maras. “Vamos a dar seguimiento”, declaró el entonces relator.
El periódico ha realizado importantes investigaciones y denuncias en torno al gobierno de Bukele. El pasado 1 de febrero, publicó que el presidente salvadoreño utilizó un atentado para atacar a sus oponentes políticos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El ataque ocurrió el domingo 31 de enero en la capital salvadoreña y dejó un saldo de 2 muertos y 5 heridos.
De acuerdo con El Faro, minutos después de que se conociera el crimen, el mandatario decidió convertirlo en una oportunidad más para hacer campaña.
Sin información alguna, insinuó en Twitter que el FMLN había perpetrado un autoatentado: “Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo…”.
La @PNCSV también ha capturado a dos militantes del FMLN sospechosos de disparar contra el PPI que está siendo operado por heridas de bala en el abdomen.
Todos los responsables pagarán por sus actos, sean quienes sean.
— 🇸🇻 (@nayibbukele) February 1, 2021
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“Aún se desconocía la identidad de los supuestos atacantes y el móvil del crimen, pero el presidente, con sus palabras, ya lo había convertido en un hecho político. No llamó a la cordura, que no es su estilo. No mostró empatía con las víctimas, porque es incapaz de ello. Confundió, envenenó, especuló políticamente sobre un crimen del que no tenía información. Eso es lo suyo“, resaltó el medio de comunicación.
“Bukele no va a parar. Gobernar sin estorbos democráticos es su objetivo. Si para ello debe incendiar El Salvador, lo incendiará las veces que haga falta. Ya lo ha hecho. Lo volverá a hacer. Ya no depende de su voluntad de recapacitar, sino de la posibilidad de que la sociedad civil le ponga un alto”, advirtió El Faro.
Consulta aquí la resolución de la CIDH:
Medidas Cautelares El Faro (CIDH) by Aristegui Noticias on Scribd