Tras el asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato (UG), Ángel Yael Rangel, por miembros de la Guardia Nacional (GN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al concluir que los integrantes de esa corporación cometieron un uso excesivo e injustificado de la fuerza.
El pasado 27 de abril, un elemento de la GN disparó contra alumnos de la UG, provocando la muerte de Ángel Rangel, de 19 años, y dejando herida a la joven Edith Carrillo. De acuerdo con la Comisión, el uso de la fuerza fue ilegal y es imputable a dicha institución.
En abril, tras los hechos, la GN emitió un comunicado en el que narró que los agentes presuntamente observaron dos vehículos estacionados en un camino de terracería, sin que pudieran identificar a sus ocupantes.
Mencionaron que los tripulantes de las camionetas, al percibir la presencia de los elementos, se retiraron del lugar “de manera precipitada, motivo que provocó desconcierto e incertidumbre” entre los agentes. Ante esto, uno de los uniformados, identificado como Iván “N”, abrió fuego contra los jóvenes.
Sin embargo, la CNDH advirtió que el uso de la fuerza fue ilegal “dado que no se encontraban frente a una amenaza real e inminente” que ameritara utilizar sus armas.
“Por el contrario, se acreditó que los elementos de la GN dispararon de inmediato y de manera directa a las víctimas, sin existir causa debidamente motivada”, subrayó.
Así, la CNDH concluyó que los elementos de la Guardia Nacional cometieron uso excesivo de la fuerza, violando los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad jurídica. Igualmente, encontró que los uniformados violaron las leyes nacionales.
Asimismo, documentó que los hechos también generaron secuelas a nivel físico, psicológico y social, como alteraciones en el estado emocional, temor, ansiedad y depresión de los sobrevivientes a este ataque
Además, señaló que el caso muestra una falta de preparación por parte de los agentes en cuanto a los protocolos de uso de la fuerza y armas de fuego, así como de rendición de cuentas, lo cual, apuntó, es responsabilidad de la institución.
Por lo tanto, la CNDH emitió una recomendación para que se otorgue una reparación integral del daño a los 4 jóvenes involucrados y a 7 víctimas indirectas. Igualmente, pidió que se le otorgue una beca a los alumnos para que continúen sus estudios.
El caso generó polémica entre los ciudadanos, quienes denunciaron el actuar de los uniformados. Tras lo ocurrido, la Fiscalía General de Guanajuato informó en abril que abrió una investigación para esclarecer los hechos y el elemento fue puesto a disposición de la dependencia. Sin embargo, este último no fue vinculado a proceso y fue puesto en libertad pocos días después.
Ante esto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que apelaría la decisión, tras asumir la investigación debido a que la fiscalía estatal declaró su incompetencia para indagar el caso.
Por su parte, la Guardia Nacional afirmó que aún no se concluía la investigación y se comprometió a cooperar con las autoridades de procuración de justicia.
Los hechos también fueron reprobados por distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes señalaron este caso como una muestra negativa de la militarización que vive el país.
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