Ante el asesinato del activista indígena Samir Flores en 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por negar el derecho al acceso a la justicia al opositor a la termoeléctrica de Huexca y a su familia.
La comisión encontró irregularidades y negligencias en las investigaciones, por lo que acreditó violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y al derecho a la verdad contra Flores y sus familiares por parte de servidores públicos de la Fiscalía Estatal de Morelos.
Igualmente, recalcó que se tiene conocimiento de amenazas en contra de Flores por su actividad en la defensa del territorio y señaló que elementos apuntan a que su asesinato se debió a su oposición al proyecto de la termoeléctrica. Sin embargo, esto no se ha considerado como línea de investigación por las autoridades.
“Las autoridades ministeriales no citaron a declarar a los involucrados ni tuvieron como línea de investigación el activismo de la víctima”, denunció la CNDH.
Ante esto, estimó que es necesario que se tome en cuenta dichos antecedentes como defensor de la tierra y el territorio en su comunidad de origen y opositora al proyecto termoeléctrico.
Igualmente, la CNDH denunció que no tuvo acceso oportuno a la carpeta de investigación ni a los testimoniales de los testigos. Asimismo, señaló que las actuaciones de la autoridad ministerial no han sido suficientes para para lograr el esclarecimiento de los hechos y acusó de negligencia.
“Estas omisiones e irregularidades, a juicio de esta Comisión Nacional, han repercutido de manera negativa en las posibilidades de poder localizar a las personas probables responsables”, subrayó.
De igual forma, detalló que la Fiscalía Especializada de la Visitaduría General y de Asuntos Internos de la Fiscalía Estatal investigóla presunta desaparición de datos de prueba de la carpeta de investigación.
No obstante, a la fecha no hayevidencia de que se haya emitido alguna resolución al respectoo se haya iniciado algún procedimiento administrativo de investigación en contra de alguna persona servidora pública presuntamente responsable
Por último, reiteró que a las víctimas indirectas no les han sido reparados los daños.
Frente a ello, la CNDH recomendó al fiscal general del estado de Morelos que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, se les compensede manera “justa y suficiente”y les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas.Asimismo, pide que se otorgue la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran.
Informó que impondrá unadenuncia administrativa contra de tres servidores públicos del personal ministerial que han participado en la integración de la carpeta por las irregularidades y omisiones cometidas.
Además,la Fiscalía General del Estado debe diseñar e impartir un curso obligatorio de capacitación en materia de derechos humanos.
Samir Flores, dirigente de la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, fue asesinado el 20 de febrero del 2019, tras recibir cuatro disparos de arma de fuego afuera de su domicilio.
De acuerdo con organizaciones de la Sociedad Civil, Flores había cuestionado al delegado de Bienestar Social durante una asamblea informativa sobre la consulta de la Termoeléctrica en Jonacatepec, Morelos.
Previamente, la CNDH había solicitado a los gobiernos de Morelos, Puebla y Tlaxcala la adopción de medidas cautelares para los familiares de Flores. En marzo de 2019 atrajo el caso.
El 15 de febrero de 2021 se libró orden de aprehensión en contra de Javier “N” y dos personas más. Más tarde, el 30 de septiembre del mismo año, la Fiscalía Estatal detuvo a Javier “N”como probable responsable del asesinato de Samir Flores, mientras que quedaron las otras dos órdenes de aprehensión pendientes.
El 2 de octubre del año pasado, Javier “N” fue vinculado a proceso por un juez de control. Sin embargo, ya se encontraba privado de la libertad desde el 24 de julio de 2020 por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple y delitos cometidos por conductores de vehículos de motor que fueron investigados en otras carpetas de Investigación.
En su momento, Juan Carlos Flores, integrante del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, denunció que “la supuesta detención de Javier ‘N’ cuando ya estaba en la cárcel solo muestra que es completamente un montaje“. Asimismo, señaló que se estaba haciendo un uso mediático de la detención.
Samir Flores Soberanes, indígena náhuatl, fue el principal opositor a la termoeléctrica de Huexca, denominada como el Proyecto Integral Morelos (PIM). Este consta de un gasoducto que inicia en Tlaxcala, pasa por Puebla y llega a Morelos para unirse a un acueducto y la termoeléctrica de Huexca.
Los habitantes de la zona y distintas organizaciones han denunciado que el proyecto representa un riesgo para la seguridad ambiental, hídrica y de salud delas tres entidades.
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