La recomendación se refiere a los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2017, cuando varias personas ingresaron con armas de fuego al municipio de Chalchihuitán y dispararon a la población, ocasionando la muerte de una persona.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 87/2018 a autoridades federales, estatales y municipales por no prevenir los actos de violencia que propiciaron el desplazamiento de comunidades en Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.
De acuerdo con el análisis del caso, las autoridades vulneraron los derechos a la libertad de circulación y residencia, a no ser desplazado forzadamente, a la asistencia humanitaria y a las medidas de ayuda inmediata.
Además, a la seguridad personal, a la vida, al acceso a la justicia en su modalidad de inadecuada procuración y de justicia, así como a los derechos económicos, sociales y culturales contra las personas y víctimas de desplazamiento forzado interno.
La recomendación se refiere a los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2017, cuando varias personas ingresaron con armas de fuego al municipio de Chalchihuitán y dispararon a la población, ocasionando la muerte de una persona.
Por esas causas, unos cinco mil 266 habitantes de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón todas pertenecientes a Chalchihuitán y Majompepentic, del municipio de Chenalhó, Chiapas, dejaron sus hogares y buscaron refugio en otras zonas del mismo municipio.
Ante ello, la CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares para que las autoridades brindaran a la población desplazada protección inmediata, ayuda humanitaria y seguridad.
La CNDH destacó que por estas causas se ha solicitado al gobierno de Chiapas, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las autoridades municipales se diseñe e implemente un programa de reparación colectiva a las víctimas directas e indirectas de estos hechos.
También, que se les brinde atención médica y psicológica a quienes sufrieron daños en sus viviendas, perdieron sus cosechas y animales de granjas o incluso vidas, y a todas aquellas que lo requieran, para lo cual se pide que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
Además, instruyó a realizar un censo que corrobore el número de personas víctimas del desplazamiento forzado, así como un diagnóstico que evidencie la situación actual de las personas afectadas, e implementar campañas de información para darles a conocer sus derechos.
A su vez, a la Suprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales se le solicita continuar con la integración y perfeccionamiento de las respectivas carpetas de investigación, instrumentando medidas eficaces para esclarecer los hechos.
Se pide además a las autoridades del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas coadyuvar con el gobierno de Chiapas en el contenido de campañas de información dirigidas a los habitantes de esas comunidades. (NTMX)