Durante la Mesa de Análisis en Aristegui en Vivo, la periodista Ana Lilia Pérez señaló que la facturación falsa es uno de los ejes mediante los cuales se han arrebatado recursos públicos al país.
El tema de la facturación falsa va más allá de la evasión fiscal, es un tema que tiene que ver con crimen organizado de alcance transnacional, consideró la periodista Ana Lilia Pérez al hacer un análisis de las reformas que aprobó el Senado para combatir las empresas “fantasma” y la facturación falsa, que rebase los 7.8 millones de pesos, y catalogarlos como delincuencia organizada y contra la seguridad nacional.
“El tema de la facturación falsa es uno de los ejes mediante los cuales se han construido todos estos sistemas para expoliar los recursos públicos… Estas reformas a la ley eran necesarias desde hace mucho tiempo y es parte del gran problema que se dejó crecer en el país y mediante el cual se permitió que en estos huecos y vacíos de la propia autoridad se dejará operar al crimen organizado”.
Por poner un ejemplo, recordó, que este tipo de esquemas se hicieron en la Estafa Maestra, en la cual ocho universidades hicieron convenios con el gobierno federal para desviar millones de pesos.
“El uso de facturación falsa ha sido usado por cárteles de la droga para lavado de dinero que ha trastocado las propias instituciones del Estado”.
Hasta este momento, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado que de 2014 y 2019 el número de “factureras” se multiplicó 21 veces y que la cifra de facturas falsas llegó a nueve millones. Sobre esto, Ana Lilia Pérez sostuvo que “solo es una muestra de lo que se ha registrado, pero el tamaño del universo no lo sabemos”.
“Lo que yo sí podría constatar es que había o ha habido proveedores del propio gobierno que han usado estos mismos mecanismos de facturación falsa para lavar dinero del narcotráfico en las propias áreas gubernamentales. Me refiero a casos específicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en contratos de obra pública y a Petróleos Mexicanos (Pemex) que es algo que pude identificar muy ampliamente”.
Mencionó que uno de los casos más conocidos es el de las empresas de Pancho Colorado, pero señaló que este no era el único pues “había muchas empresas similares que lo que hacían era recibir un contrato por adjudicación directa o mediante licitaciones simuladas donde se les entregaba millonarios contratos para servicios que nunca se hacían, pero mediante este mecanismo, no solo sustraían dinero público y dinero destinado a servicios de Pemex, sino que al mismo tiempo era un mecanismo de lavado de dinero para grupos criminales”.
Por su parte, el escritor Fabrizio Mejía señaló que este tema no se refiere a un señor que administra un baño público y que no da recibos, sino a un asunto de seguridad nacional porque se está tratando de atacar algo que es lavado de dinero.
“Terrorismo es algo como lo que pasó con Laureano Brizuela en el 89, eso es tomar a alguien al azar, por un error de su contadora y meterlo cuatro años a la cárcel, eso es terrorismo, pero aquí estamos hablando de un límite de 8 millones de pesos de facturación falsa para ir a la cárcel, no estamos hablando de mil pesos”.
Ana Lilia Pérez consideró que en los planteamientos que han hecho los senadores no debe quedar fuera el que los sistemas de justicia y el Poder Judicial puedan diferenciar entre las personas que idearon el mecanismo y la gente que queda enredada en ese tipo de operaciones, incluso sin saberlo.