El Servicio Madrileño de Salud acabó el año con 20.842 profesionales interinos o eventuales que llevaban más de tres años en esa situación, según una respuesta parlamentaria a la que accedió EL PAÍS. La cifra no solo pone de relieve la precariedad con la que han estado combatiendo el coronavirus los sanitarios de la región, sino que subraya un problema potencial para la Administración autonómica. El Gobierno central apuesta por impulsar un cambio legal que sancione, precisamente, que esa situación precaria, en la que no se reconoce indemnización en caso de despido ni se da preferencia si la plaza sale a concurso, se prolongue más de tres años.
“El abuso de temporalidad y de precariedad ha sido y es una constante en la sanidad madrileña y el Tribunal de Justicia Europeo ya nos advirtió”, recuerda Mónica García, diputada de Más Madrid, sobre la sentencia de marzo de 2020 en la que se critica el abuso de la figura del interino por parte de la Administración española y se abre la puerta a indemnizaciones “disuasorias”. “Es una forma más de deterioro del sistema”, subraya sobre la gestión de los gobiernos del PP, que ocupan el poder en la región desde 1995. “Llevan años cubriendo plazas estructurales necesarias con interinos y eventuales a los que les hacen firmar decenas de contratos”, denuncia la diputada, que obtuvo los datos del Ejecutivo a través de una pregunta en la Asamblea. “Lo que las cifras arrojan es que uno de cada cuatro sanitarios está en fraude de ley por la propia administración sanitaria”.
En la Comunidad, el 53,3% de los profesionales están sometidos a esa inestabilidad —de los 83.517 trabajadores del Sermas, 13.964 son eventuales y 30.605 interinos, con cifras cerradas del 31 de enero, independientemente de cuánto tiempo lleven en esa situación—. No es infrecuente encontrar a quien lleva 10, 15 años desempeñando su trabajo en la misma plaza sin contrato fijo. “Hay gente que se jubila sin haber sido fija, 30 años así”, apunta Julián Ezquerra, de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores. En Urgencias, por ejemplo, “el 90%” de sus profesionales “no son fijos”, cifra. Mariano Martín-Maestro, de Comisiones Obreras, detalla que “más de 1.200 de los eventuales llevan en su puesto más de dos años”: “Eso no es eventualidad, es un puesto estructural”.
El reto que supone asentar un proyecto vital y profesional en esas circunstancias se ha visto agravado por la pandemia: muchos se han enfrentado a un virus que puede llegar a ser mortal —en Madrid, según el último boletín de la Consejería de Sanidad, han fallecido 22.568 personas, el 3,75% de los contagiados hasta este miércoles, 601.144—, sabiendo que pueden ser despedidos en cualquier momento. “Sin indemnización”, especifica Jesús García, del sindicato de enfermería Satse, “que es una de las cuestiones que distingue a los temporales de los fijos. Misma labor, condiciones laborales distintas”.
Hay otras diferencias: mientras los fijos cobran la carrera profesional (la experiencia que van acumulando a través de cursos, investigación, etcétera), los interinos la tienen reconocida pero no se les retribuye —”a pesar de que se acordó con el Ejecutivo regional”, matiza Ezquerra—, y a los eventuales ni una cosa ni la otra. Tampoco pueden participar de los concursos de traslados ni dentro de los centros ni entre los centros de la región. Víctor Jiménez, presidente de la Asociación Madrileña de Enfermería, afirma que esto “demuestra que no se están convocando las plazas de oposición que se necesitan”.
La tasa de temporalidad es del 7,4% en la Administración Central, del 12,28% en las locales; y del 36,66% en las autonómicas, según desgranó en una comparecencia parlamentaria del pasado noviembre el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola. El representante del Ejecutivo ya avanzó en esa intervención que el Gobierno central trabajaba en una nueva regulación para dar solución a este problema. Un mensaje que reafirmó Miquel Iceta, el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, tras su nombramiento. “Nosotros tenemos el gran problema de los interinos, de la temporalidad en los empleados públicos”, dijo en una entrevista en EL PAÍS. “Ahora nos lo dice también la Unión Europea, que tenemos una temporalidad muy alta. Sobre todo, en salud y educación. Eso hay que resolverlo en uno, dos, tres años. No más”.
El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso está por debajo de la media española en el gasto sanitario público, es la Comunidad con menor porcentaje sobre el PIB invertido, un 3,6%; es la segunda por detrás de Andalucía (1.212 euros) que menos gasta por habitante, 1.274 euros; y la tercera autonomía que menos invierte en las retribuciones de sus profesionales. Jiménez apunta que esta “precarización mantenida interesa” a la Comunidad: “Si no tienes fijos, puedes moverlos como quieras y donde quieras, como a Ifema o al Zendal”.
Martín-Maestro recuerda el acuerdo de mejora de empleo público que se firmó con el entonces ministro Cristóbal Montoro en 2017: “Para que en tres años la temporalidad aminorara hasta el 8%”. De las cuatro ofertas de empleo público que se han hecho a nivel nacional, “2017, 2018, 2019 y 2020, en Madrid solo se ha llevado a cabo la convocatoria de 2017. Se examinaron en 2019 seis categorías profesionales y, a día de hoy, ni se han publicado las notas”, añade Martín-Maestro. La Comunidad dice tener esa oferta pública de empleo “en marcha, de casi 20.000 plazas, en tres fases”, aunque no especifican si esas etapas se completarán este 2021.
La tasa de reposición que imposibilita el crecimiento de las plantillas
En todas las autonomías, aparte de los problemas propios en sus recursos humanos, existe otro común a todas: la tasa de reposición, en qué límite está fijado el número de plazas que se pueden convocar. Julián Ordóñez, de UGT, explica que ahí “la solución tiene que venir del ámbito estatal, porque ahora mismo ese umbral está en el 100%”. Es decir, que como máximo pueden ofertarse las vacantes que vayan quedando, como por jubilación, ascenso o fallecimiento. “Pero no se permite que crezcan las plantillas, que es lo que hace falta en Madrid, estabilizar miles de puestos y aumentar los recursos humanos”, dice Ordóñez. Aunque, matiza, “no es excusa”: “Porque Madrid no tiene estabilizados ni a los que son ya parte del sistema ni cubre lo que puede cubrir”.
Desde el sindicato Csif apuntan que la interinidad “supera límites inasumibles” que ha disparado la pandemia: “Por primera vez se supera el millón [a nivel nacional] y se sitúa ya en el 30%, casi diez puntos por encima del sector privado. Uno de cada cuatro contratos temporales que se realizan en España son en las administraciones públicas”. Además, concluyen, esto ha generado situaciones “inauditas”: “Como que se destruya empleo en Sanidad, 11.325 empleos menos a lo largo de enero y febrero, coincidiendo con la tercera ola del covid y la campaña de vacunación”.
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