La delegación gubernamental venezolana, tras la primera ronda de conversaciones celebrada en México el fin de semana.HENRY ROMERO (REUTERS)
El Gobierno venezolano y la coalición opositora conocida como la Plataforma Unitaria han firmado un importante acuerdo humanitario en Ciudad de México, mientras los Estados Unidos ha acordado flexibilizar elementos de sus sanciones financieras, marcando el reinicio formal de negociaciones políticas tras una suspensión de catorce meses. A medida que el proceso de negociación entra en una nueva fase, los Estados Unidos y las partes interesadas a nivel internacional deben prestar todo su apoyo y animar a las partes a que hagan partícipes a las voces de la sociedad civil, con el fin de maximizar las posibilidades de éxito.
Los informes de prensa sugieren que los representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y de la coalición opositora Plataforma Unitaria tienen previsto anunciar un acuerdo para descongelar y destinar casi 3.000 millones de dólares de fondos venezolanos para la ayuda humanitaria. La ONU supervisará directamente esta ayuda y dará prioridad al acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos esenciales, a la lucha contra la desnutrición infantil y al restablecimiento de la electricidad y otras infraestructuras críticas.
Este acuerdo podría tener un impacto significativo en la sufrida población del país. La ONU ha estimado que siete millones de personas, aproximadamente el 25% de los venezolanos, necesitan asistencia humanitaria. Las organizaciones humanitarias venezolanas sugieren que la población necesitada es aún mayor, con encuestas que afirman que hasta 19 millones necesitan ayuda. En todo el país, los pacientes están desesperados por recibir atención vital y se ven obligados a recurrir a un sistema de salud pública en ruinas. Los niños de los barrios pobres muestran signos de retraso en el crecimiento debido a la desnutrición. El acceso a la electricidad y al agua corriente sigue siendo irregular, especialmente en las zonas de bajos ingresos del interior de Venezuela.
Para apoyar este acuerdo humanitario -y para impulsar negociaciones más amplias- la Administración de Biden ha aceptado recalibrar su política de sanciones. Aunque se mantendrán las amplias sanciones petroleras y financieras, el Departamento del Tesoro concederá una licencia a la empresa petrolera estadounidense Chevron para importar petróleo venezolano a Estados Unidos.
El Gobierno de Biden conservará una importante influencia que podrá utilizar para incentivar futuros acuerdos en este proceso. Esta licencia no permitirá un aumento de las actividades de perforación, ni permitirá pagos en efectivo directamente a la petrolera estatal PDVSA; más bien, los envíos de petróleo servirían para pagar la deuda pendiente del gobierno con Chevron.
Esta reanudación es el resultado de meses de conversaciones. Este año se ha producido una comunicación constante entre el gobierno de Maduro y la oposición, con la facilitación de Noruega y el apoyo de Estados Unidos. Las conversaciones se han mantenido en gran medida confidenciales hasta ahora, bajo la realidad que son complicadas, delicadas y podrían desmoronarse en cualquier momento.
Sin embargo, las negociaciones a puerta cerrada tienen un costo, que se ha reflejado en la opinión pública. Cuando los jefes de los equipos negociadores del gobierno y la oposición aparecieron juntos en público en Caracas, Oslo y París en los últimos ocho meses, el escepticismo generalizado y la falta de comunicación pública alimentaron las especulaciones y los rumores.
Quizás la percepción errónea más común es que esta negociación, en realidad, ha sido entre la Administración de Biden y el Gobierno de Maduro, con la oposición excluida de la discusión. Pero esto está mal informado: el Gobierno de Biden ha participado con la oposición durante todo el proceso de negociación. De hecho, durante los últimos seis meses, los negociadores de la oposición se han sentado frente a los representantes de Maduro, para definir los detalles.
Otra percepción errónea es que el acuerdo humanitario y la ampliación de la licencia son los objetivos finales de la negociación: En realidad, estos acuerdos se consideran medidas de fomento de la confianza -”mangos bajitos” para impulsar el proceso-. De hecho, las partes enmarcan este acuerdo como parte de la agenda de siete puntos establecida cuando se inició este proceso en agosto de 2021, que incluye la resolución de la crisis humanitaria, así como las condiciones para la celebración de elecciones libres y justas, el restablecimiento del Estado de Derecho y la reparación de las víctimas.
El escepticismo y las percepciones erróneas son comprensibles. Este es el quinto proceso de negociaciones con respaldo internacional en Venezuela en los últimos ocho años, y en todos ellos no se han logrado acuerdos significativos. Esta vez tampoco hay garantías de que se pueda alcanzar un acuerdo que restablezca el derecho fundamental de los venezolanos a unas elecciones libres y justas, o que aborde los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
Pero hay formas de maximizar las posibilidades de éxito. Una forma de hacer que a ambas partes les cueste más levantarse de la mesa es asegurarse de que el público venezolano está activo en y comprometido con el proceso. Al entrar en una nueva fase, es esencial que las negociaciones resulten atractivas para el conjunto de la sociedad venezolana, y que los participantes y los partidarios internacionales informen mejor al público venezolano sobre cómo estas conversaciones pueden dar forma al futuro de su país.
Igualmente importante es el crear canales de participación directa o indirecta, al igual que el proceso de paz en Colombia incorporó a las víctimas y a los grupos de víctimas. Los expertos en resolución de conflictos han encontrado sistemáticamente una correlación entre el éxito de los acuerdos y el grado de incorporación de la sociedad civil en las conversaciones. Si bien los equipos negociadores han acordado en teoría crear “mecanismos de consulta”, sigue sin estar claro cómo se relacionarán con otras partes interesadas, como las víctimas o las organizaciones de derechos humanos, y mucho menos si esas perspectivas se tendrán en cuenta en cualquier acuerdo futuro. Mientras Estados Unidos y otros gobiernos internacionales siguen apoyando el progreso de las negociaciones, es fundamental que insten a las partes a ampliar su compromiso con la sociedad venezolana.
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