Fue uno de los puntales de la alianza del Partido Republicano con Donald Trump. Aceptarían su agenda, sus formas, su liderazgo estridente, a cambio de transformar juntos el Poder Judicial. Colocarían a un batallón de fieles jueces conservadores, escogidos por grupos afines, en el circuito federal de apelaciones y en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La operación les daría un poder mucho mayor que el de un mandato presidencial de cuatro años.
En las últimas tres décadas, los republicanos solo han ganado el voto popular en una elección presidencial (la reelección de Bush hijo en 2004). Pocos esperan que lo consigan tampoco en las elecciones del próximo 3 de noviembre. Pero, incluso si los demócratas ganan la presidencia y el Congreso, además del voto popular, como vaticinan los sondeos, los conservadores podrían neutralizar las reformas promovidas por la mayoría social. Los jueces cuidadosamente elegidos por Trump ya han empezado a transformar el ordenamiento jurídico del país en una dirección más conservadora, en temas como inmigración, cambio climático, aborto, derechos electorales o control de armas, alejando el espíritu de las leyes del sentir de la mayoría de los estadounidenses.
El premio gordo es la confirmación de Amy Coney Barrett para juez del Supremo, que se producirá con toda seguridad este lunes, cuando la aprueben por mayoría simple los republicanos en el pleno del Senado. Es la tercera juez que el presidente Trump mete en el Supremo en cuatro años. Un récord para un solo mandato presidencial.
Pero no es más que la punta del iceberg. En solo cuatro años, Trump ha nombrado 163 jueces de distrito y 53 del circuito de apelaciones, instancias en las que se resuelve la inmensa mayoría de los casos de la justicia federal. Uno de cada tres magistrados del Supremo, y casi la misma proporción de los 179 jueces de esa instancia previa, han sido puestos ahí por Trump. Hay 35 más pendientes de confirmación en el Senado. Obama, en el doble de tiempo, en dos mandatos, pudo nombrar dos jueces del Supremo y 55 del circuito de apelaciones.
Durante el mandato de Trump, la tónica en el Capitolio ha sido el bloqueo. Apenas ha habido legislación de calado y el presidente ha gobernado a golpe de órdenes ejecutivas. Pero los senadores no han estado de brazos cruzados. Han seguido adelante, sin mucho ruido, con su tarea, prioritaria al menos desde 2017, de transformar el poder judicial. Solo en el mes de septiembre, en medio de una pandemia, han colocado una docena de jueces.
Parte de la culpa es de los demócratas. Tradicionalmente, la confirmación en la Cámara alta de jueces de apelaciones requería una mayoría cualificada de 60 de los 100 senadores. Pero en 2013, para sortear la obstrucción de la minoría republicana liderada por Mitch McConnell, cambiaron el reglamento para que bastara una mayoría simple. En las legislativas de 2014 los republicanos retomaron la mayoría en el Senado, y bloquearon los nombramientos de jueces de Obama. Lo más sonado fue su negativa siquiera a considerar en 2016 al candidato nombrado por el presidente demócrata para cubrir una vacante en el Supremo, alegando que no debía hacerse en año electoral. Faltaban diez meses para las elecciones. Cuatro años después, los republicanos se disponen este lunes a confirmar, tras un proceso exprés, a una magistrada del Supremo a ocho días de las elecciones.
El bloqueo de McConnell fue casi total. Tanto que Obama dejó 103 vacantes en los tribunales federales además de un asiento libre en el Supremo. Cuando los republicanos volvieron a la Casa Blanca, utilizaron esa mayoría simple de senadores introducida por los demócratas para poner a todo gas la máquina de nombramientos.
Dos de cada tres jueces nombrados por Trump son varones blancos, según un estudio de The New York Times, frente a uno de cada tres de los nombrados por Obama. Todos comparten sólidas credenciales conservadoras. Al menos siete de ellos han trabajado en la campaña de Trump o en su Administración. Y todos salvo ocho tienen vínculos con la Sociedad Federalista, poderosísima organización de juristas conservadores y libertarios que aboga por una interpretación textual y originalista de la Constitución, cuyas posturas en los principales temas sociales son marginales respecto a las del conjunto del país. “Hemos visto cómo nuestras posturas marginales, posturas que en el pasado habrían limitado las opciones de alguien de ser considerado para la judicatura federal, han pasado a ser el centro de la conversación”, dijo un exconsejero de Trump, según el Times, en una ponencia en la última convención anual de la sociedad.
El sentido de que los cargos sean vitalicios es blindar la independencia política de los jueces, liberarlos de la obediencia al partido del presidente que los ha nombrado, para que puedan ejercer sin presiones su papel de intérpretes neutrales de la Constitución y las leyes. El problema es que ya no es así. La necesidad de una mayoría cualificada obligaba a los presidentes a buscar candidatos de consenso, que pudieran tener votos del partido rival, pero ahora se trata de un juego en el que el partido que controla el Senado confirma los jueces propuestos por su presidente y bloquea los propuestos por un presidente del partido rival.
Argumento electoral
Trump ha roto muchas convenciones en su presidencia, y su manera de entender la judicatura, su desacomplejada politización de la justicia, es una de ellas. A menudo ha hablado de los jueces como agentes del presidente que los nombró (se refiere a “un juez de Obama”, por ejemplo) y utiliza abiertamente el nombramiento de jueces como un argumento electoral, en vez de como un deber constitucional de la presidencia. Se presentó a presidente con la promesa de transformar la judicatura con jueces conservadores. Los sondeos a pie de urna revelaron que, para muchos republicanos, el Tribunal Supremo fue “el factor más importante” en su voto.
Los demócratas, si llegan al poder, se verán tentados a seguir el mismo manual. Algunos van más allá y abogan por aumentar el número de sillas, en el Supremo e incluso en el circuito de apelaciones, para neutralizar el impacto de los jueces de Trump. Desde 1869 el Supremo lo componen nueve magistrados, pero el número no está en la Constitución, de modo que una nueva mayoría demócrata podría alterarlo. Sería una medida dramática, que hoy por hoy no goza del apoyo mayoritario de los ciudadanos, pero para muchos sería la única manera de poder gobernar para la mayoría si el muro judicial conservador impide a los demócratas implementar leyes que no gustan a la minoría republicana.
Tras esquivar el tema durante buena parte de la campaña, el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, anunció la semana pasada que, si sale elegido, establecerá una comisión bipartidista de académicos para estudiar diferentes maneras de reformar el Poder Judicial.
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