Constitución de la CDMX, la gran ausente en el “informe” de Claudia Sheinbaum | Artículo

Rogelio Muñiz Toledo

“Es menester de todos hacer de la Constitución no sólo un papel escrito sino algo fundamental en la vida de los habitantes de la ciudad”: Claudia Sheinbaum Pardo *

En el discurso de Claudia Sheinbaum en el mitin al que su administración se refiere como un “ejercicio de rendición de cuentas” de los primeros 200 días de gobierno, hay un aspecto preocupante : la ausencia de información sobre acciones concretas que su administración haya realizado para cumplir con diversas disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México.

La Constitución es la norma suprema y el fundamento del poder público en la Ciudad de México, pero por sus declaraciones y acciones parece que Claudia Sheinbaum considera que el texto constitucional es más un obstáculo para su administración que el marco jurídico dentro del cual debe darse el cambio del régimen político y del modelo de desarrollo de la Ciudad.

Por eso no sorprende que la Jefa de Gobierno no tenga algo concreto qué informar sobre la implementación del nuevo paradigma constitucional en la Ciudad de México. En estos 200 días, Claudia Sheinbaum y los diputados de Morena en el Congreso se han dedicado a posponer la reglamentación e implementación de las disposiciones constitucionales que permitirían el cambio del régimen político, la creación de un sistema integral de derechos humanos y la progresividad de los derechos y no a impulsar su desarrollo legislativo o la puesta en marcha de políticas públicas para avanzar en el cambio de régimen.

La mayoría de las políticas públicas de la administración de la actual Jefa de Gobierno no tienen como referente el texto constitucional ni tienden al cumplimiento del mandato de transformar el régimen político para construir la Ciudad de Derechos que como paradigma constitucional establece la norma suprema de la Capital de la República. Ciudad garantista, incluyente y solidaria en la que la progresividad de los derechos se orientaría al bienestar social y a asegurar una vida digna a todos sus habitantes.

El análisis del discurso de la Jefa de Gobierno evidencia la disociación entre las acciones de su gobierno y el texto constitucional. En su mensaje se refiere solo en tres ocasiones a la Constitución de la Ciudad de México, pero solo en una de ellas menciona alguna acción concreta: una campaña de difusión de los derechos de los pueblos originarios. En las otras dos se refiere al presupuesto de las alcaldías y a la pospuesta ley de planeación.

La Ciudad de Derechos es un concepto jurídico con contenido constitucional específico y no una mera frase retórica como parece entenderlo la Jefa de Gobierno. En su discurso no hay una sola referencia a siete de doce de los conceptos constitucionales que dotan de contenido específico al de Ciudad de Derechos.

Ciudad garantista, que es el modelo de ciudad en torno al cual gira el nuevo paradigma de derechos humanos y la progresividad, exigibilidad y justiciabilidad de todos los derechos en la Ciudad de México, no mereció una sola mención en el discurso. También quedó fuera del mensaje el concepto de progresividad de los derechos, sin el cual no sería posible el cambio del paradigma en el ejercicio de los derechos humanos en la Ciudad de México.

Tampoco aparecen en el discurso los conceptos de vida digna, bienestar social, mínimo vital y derecho a la propiedad, que son el eje de la política de bienestar que permitiría erradicar las desigualdades estructurales y la pobreza, promover el desarrollo sustentable y alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso, ni se mencionan acciones para garantizar su ejercicio de conformidad con las disposiciones constitucionales.

En el discurso de Claudia Sheinbaum no hay una sola referencia al Sistema Integral de Derechos Humanos, cuya ley, por decisión de la Asamblea Constituyente, debería estar vigente desde el 30 de abril pasado pero cuya expedición fue aplazada por el Congreso de la Ciudad de México, a iniciativa de Morena. En todo el mensaje de la Jefa de Gobierno, en la “Ciudad de Derechos”, solo hay tres menciones incidentales a los derechos humanos y solo en una ocasión encontramos el concepto de Ciudad de Derechos pero sin relacionarlo con alguna acción de su administración que tienda a desarrollar su contenido constitucional.

Lo mismo sucede con los conceptos de Ciudad Incluyente y Derecho a la Ciudad que solo se mencionan en forma incidental en una ocasión y el de Ciudad Solidaria que se menciona dos veces, pero referido a conceptos morales o de ética pública y no a su desarrollo constitucional.

En el discurso solo hay una mención indirecta a los Grupos de Atención Prioritaria, cuando se refiere a los “grupos vulnerables” con la promesa genérica de ampliar los programas transversales y específicos para ellos.

En el discurso se le dedica un párrafo a los adultos mayores. En él se hace referencia a la supresión de tres programas sociales que desde hace más de una década existían y que por mandato constitucional debían mantenerse en la Ciudad de México pero que, contraviniendo la Constitución, Claudia Sheinbaum decidió suprimir y trasladar los padrones de sus beneficiarios a la Federación, para su atención mediante programas federales: la pensión universal para adultos mayores, el apoyo económico a los estudiantes de preparatoria pública y el apoyo a personas de escasos recursos económicos con alguna discapacidad.

Los derechos de las personas afrodescendientes o de identidad indígena, la política social y la política económica, los derechos al cuidado y a la buena administración y la protección a los animales tampoco aparecen en el discurso.

Finalmente vale la pena mencionar dos deslices discursivos, una omisión importante y un exceso retórico en el mensaje de la Claudia Sheinbaum. Los deslices nos remiten al antiguo régimen: cuando la jefa de Gobierno se refiere a los poderes legislativo y judicial de la Ciudad de México los incluye dentro del concepto de “organismos autónomos” y dice “la Asamblea Legislativa” cuando evidentemente se quería referir al Congreso de la Ciudad de México, a saber si el uso de conceptos del régimen jurídico político previo a la reforma constitucional de 2016 que dotó de autonomía y constitución a la Ciudad de México tiene algo que ver con su desdén por la Constitución local. La omisión: en los tiempos de la Cuarta Transformación y del cambio del régimen político impulsado por el presidente López Obrador, no hay una sola mención al cambio de régimen en la Ciudad de México. El exceso retórico: con una cierta dosis de mesianismo que además refleja un profundo desconocimiento de la historia reciente de la ciudad que pretende gobernar, Claudia Sheinbaum dice que en su administración “se ha restablecido la democracia y la libertad de expresión” en la Ciudad de México.

Si hay un tema en el que Claudia Sheinbaum no puede acudir al expediente de culpar al gobierno anterior por las deficiencias y los errores de su administración es este. Si acaso podría señalarlo por haber publicado la Constitución de la Ciudad de México -como lo ordenó la Asamblea Constituyente- casi dos años antes de que ella llegara al poder; pero la responsabilidad política por el retraso en el cambio político y el aplazamiento, e incluso la regresividad, de muchos de los derechos garantizados por la Constitución, es de Claudia Sheinbaum y de los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

A la Cuarta Transformación le faltan conceptualización y definición ideológica y política. Al cambio de régimen en la Ciudad de México le hacen falta liderazgo, voluntad política y un concepto progresista del cambio político.

Ojalá en el próximo informe de la Jefa de Gobierno encontremos datos concretos que nos permitan recobrar la confianza en que en su gobierno la Constitución de la Ciudad de México no será, como dice ella, “sólo un papel escrito sino algo fundamental en la vida de los habitantes de la ciudad”.

* Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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