Si no hubiera sido negro el hombre que caminaba de noche por el elegante distrito 17 de París, ¿habrían intentado realizarle un control de identidad los agentes que acabaron propinando una paliza grabada por cámaras de seguridad al productor musical Michel Zecler? El caso de brutalidad y racismo de esos policías revelado el pasado noviembre en plenas protestas por los intentos del Gobierno francés de aprobar una ley que restringe el derecho a filmar a las fuerzas del orden, es también una muestra de otro problema extendido en el mundo, los controles o detenciones discriminatorias. Como respuesta, seis ONG han lanzado este miércoles una acción que han calificado de “inédita” en Francia: amenazan al Estado con una acción legal colectiva si el Gobierno no da, en los próximos cuatro meses, “respuestas satisfactorias” que demuestren una verdadera voluntad de cambio de esta práctica “estigmatizante, humillante y degradante para todas las personas que las sufren”.
“A pesar de los numerosos estudios que establecen sin lugar a dudas la existencia generalizada de controles de identidad basados en características físicas asociadas a un origen real o supuesto (de la persona), y a pesar de las múltiples condenas públicas, los gobiernos sucesivos se han limitado a realizar cambios cosméticos y han renunciado a reformas estructurales necesarias”, justifican las organizaciones participantes: las internacionales Amnistía Internacional Francia, Human Rights Watch (HRW) y Open Society, así como las francesas MCDS, Pazapas y REAJI. Entre otros asuntos, recuerdan las ONG, en los últimos años, el Defensor de los Derechos (el defensor del Pueblo francés) ha denunciado este tipo de controles que también le valió al Gobierno una reprimenda del Tribunal Supremo, que en 2016 juzgó que la detención policial de varios hombres jóvenes de origen o apariencia africana (por su “color de piel, rasgos o vestimenta”, según la sentencia) fue discriminatoria y constituía una “falta grave que compromete la responsabilidad del Estado”.
En vista de que, pese a todo ello, no ha habido cambios sustanciales y esta práctica sigue en uso a pesar de las condenas al más alto nivel, las ONG han decidido actuar de forma colectiva. Como primer paso, tal como lo dicta la ley, han enviado este miércoles sendas notificaciones formales al primer ministro francés, Jean Castex, y sus ministros de Interior, Gérald Darmanin, y Justicia, Eric Dupond-Moretti. Esto abre un espacio de cuatro meses para que los interpelados “inicien discusiones” con las ONG. Una vez terminado ese plazo, si las organizaciones consideran que las conversaciones no han dado lugar a “medidas satisfactorias”, podrían dar el siguiente paso y acudir a la justicia en una acción colectiva, una medida usada en el pasado contra empresas privadas, pero nunca antes contra el Estado. La ley de modernización de la justicia aprobada en 2016 permite este trámite para que un juez “pueda ordenar medidas correctivas, especialmente ordenándole al poder ejecutivo la adopción de reformas sistémicas”, recuerdan las ONG.
Tras la paliza sufrida por el productor musical Zecler, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció en una entrevista en diciembre que en Francia “cuando se tiene un color de piel que no es blanco, se es controlado mucho más”. Además, anunció la celebración de una consulta con representantes policiales, políticos y actores sociales para estudiar mejoras en las fuerzas del orden ante las crecientes denuncias de violencia y racismo en los últimos meses. El ministro del Interior anunció este lunes que las reuniones comenzarán la semana que viene con la participación de Castex. Como recordó este miércoles ante la prensa el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, uno de los objetivos de estas citas, que continuarán hasta mayo, es buscar cómo restablecer los “vínculos entre las fuerzas de seguridad y la población”. Para las ONG, sin embargo, esto no es garantía suficiente.
“El problema es conocido, reconocido y denunciado unánimemente. Pero el Estado no hace nada o casi nada”, resumió el abogado de las ONG, Antoine Lyon-Caen, en rueda de prensa por videoconferencia. Las organizaciones dicen temer que todo esto “solo lleve, una vez más, a medidas superficiales insuficientes”. De ahí que amenacen con actuar ante la justicia si el Gobierno no se compromete a realizar reformas profundas que impliquen, entre otras, la “prohibición explícita de la discriminación en los controles de identidad”, la adopción de reglamentos e instrucciones específicas para los controles de menores y la creación de un sistema de “registro y evaluación” de los controles de identidad. Reclaman, además, la creación de un mecanismo de denuncia “eficaz e independiente”, la ratificación del protocolo 12 de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre la no discriminación y la modificación tanto de los objetivos como del entrenamiento de la policía sobre todo en su “interacción ante el público”.
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