La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificó las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador como “regresiones autoritarias”, y consideró que forman parte de un ambiente de “incertidumbre política” que atraviesa el país.
En su reporte ‘Principales retos que enfrenta nuestro país al inicio de 2023’, la agrupación empresarial sostuvo que 2022 fue “un año de radicalización de la vida pública, no sólo en el discurso sino en los hechos”.
Sostuvo que las reformas a favor de la militarización, la reforma a la industria eléctrica y el Plan B en materia político-electoral que afecta la operación del INE “han sido vistas como regresiones autoritarias”.
Además destacó que 2023 es un año clave para la vida política del país, ya que se realizarán elecciones en Coahuila y el Estado de México, “que cobran particular interés por el número de población y que podrían ser vistas como la antesala a la elección presidencial de 2024”.
Lo menos deseable es que estos procesos se vean marcados por la ilegalidad, manchados por no acatar las reglas electorales o, peor aún, por cualquier tipo de injerencia del crimen organizado.
En su reporte, también se analiza el contexto económico del país, y aunque reconoció que en 2022 el país registró una recuperación económica, consideró que esta fue “lenta y desigual”.
“Todavía no podemos hablar de una recuperación completa. Aún estamos por debajo de los niveles de actividad económica anteriores al inicio de la administración actual (3er trimestre 2018). Además, aún tenemos 14 entidades que se encuentran por debajo de la actividad económica que reportaban previo a la pandemia”, destaca el documento.
Destacaron el contexto de alta inflación que se experimentó a lo largo de 2022, que presionó al alza el precio de los energéticos y los alimentos, con una inflación de 12.6% en noviembre, acumulando 13 meses consecutivos con inflación de doble dígito.
“Los especialistas del sector privado mencionan a la gobernanza como el principal obstáculo a la inversión, siendo la inseguridad y el contexto político las principales fuentes de incertidumbre”, precisó el informe.
Como parte de su análisis del contexto social, señalaron que “México vive una profunda e innegable crisis por la inseguridad que afecta la vida y bienestar de todos y que también tiene un impacto directo en la competitividad y confianza para invertir.
En materia de educación resaltaron que, de acuerdo con el Banco Mundial, la pandemia causó un rezago en México que equivale a dos años de escolaridad. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que por lo menos 600 mil estudiantes entre 6 y 17 años han interrumpido sus estudios debido a los impactos económicos de la pandemia.
Ante este escenario, la Coparmex hizo un llamado al gobierno federal para potencializar nuestro crecimiento económico y social a través de las siguientes acciones:
Incentivos para la formalidad. Se han llevado a cabo varios esfuerzos por mejorar las condiciones del empleo formal, como el incremento al salario mínimo, el incremento a las contribuciones patronales a las pensiones y las vacaciones dignas. Sin embargo, esto tiene que ser acompañado de una política pública de incentivos fiscales que promuevan la generación de empleo formal para que más mexicanos puedan disfrutar de estos beneficios. Más aún, cifras del INEGI muestran que la productividad en la formalidad es cuatro veces mayor a la informalidad. Transitar a la formalidad permitirá ampliar nuestro crecimiento potencial.
En materia política, respeto a la ley y a la democracia. Una señal poderosa que debe enviar México al exterior es que damos pasos al frente en materia democrática; que tenemos una sociedad que puede pensar distinto y que se respeta en el disenso. México pierde si se viola la ley, si se manipulan las elecciones o si se abre la puerta a la injerencia política de la delincuencia. El voto libre y razonado debe garantizarse.
Priorizar de forma urgente los pilares básicos para el desarrollo de la población: seguridad, educación y salud. En materia de seguridad, es imprescindible que haya una reformulación de la política y la estrategia. No debe suplantarse ni abandonarse el desarrollo de las policías estatales y municipales. Las instituciones civiles de la policía a nivel local deben robustecerse, pues son junto con las Fiscalías, quienes están facultadas para interactuar con la población civil, prevenir los delitos, la violencia y llevar a cabo investigaciones y procedimientos legales de los delitos del fuero común que más impactan a los ciudadanos.
En materia educativa, más que el impulso de nuevos planes y programas, la clave está en revertir el impacto de la pandemia en materia de abandono escolar y la pérdida de aprendizaje. La inversión en la capacitación docente y en la infraestructura educativa es clave.
En salud, es momento de dejar de lado la improvisación, la vida y salud de las personas debe estar al centro. Dotar de presupuesto suficiente al sector es clave sin dejar de lado el enfásis en la prevención.
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