La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó a las autoridades de Perú que se abstengan de ejecutar por ahora la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la excarcelación “inmediata” del expresidente Alberto Fujimori hasta examinar en detalle dicho fallo, con el objetivo de estudiar básicamente si cumple con los criterios establecidos en 2022.
Fujimori se encuentra recluido en el centro penitenciario de Barbadillo, donde cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad. El expresidente peruano alude a sus 85 años de edad y delicado estado de salud para argumentar que debe purgar el resto de su pena fuera de la cárcel.
Sin embargo, la Corte Interamericana ha pedido que no sea excarcelado a la espera de ver si la última orden encaja con todos los criterios y resoluciones previas, con el objetivo básico de “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta”, masacres ambas por cuya responsabilidad tuvo que rendir cuentas Fujimori.
Considera que debe evitarse a toda costa que se produzca “un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia” de las citadas víctimas, que sufrieron “crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal”, según el dictamen recogido por la emisora RPP.
El caso de Fujimori se remonta a diciembre de 2017, cuando el entonces presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario que, sin embargo, fue revocado por la Justicia apenas unos meses más tarde, en verano de 2018. Se abrió entonces un pulso judicial cuyo cierre parece ahora definitivo.
Foto: Archivo Reuters
Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350,000 mujeres y 25,000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.
Un “error” en el registro ha impedido que Fujimori sea liberado de inmediato, dice su hija
Un aparente error en el registro de las firmas en la resolución del Tribunal Constitucional de Perú que ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori ha impedido que pueda ser liberado el martes y se deba esperar hasta el miércoles, según afirmó su hija Keiko Fujimori.
En declaraciones a los medios, la excandidata presidencial explicó que “ha habido una pequeña traba administrativa que ha impedido que (la liberación) se ejecute hoy”.
“Esperamos que en las próximas horas, mañana (miércoles) temprano, se pueda corregir este error para ejecutar la libertad” de su padre, añadió Fujimori en la puerta de su domicilio.
La también excongresista expresó que están “con mucha esperanza” y “mucha alegría”, pero que ahora van a “esperar con mucha prudencia”.
Foto: Archivo Reuters
A su vez, afirmó que su padre, de 85 años, está “tranquilo” y con “mucha ilusión”, tras conocer el auto del TC que dispuso su inmediata libertad, a pesar de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que pidió al Estado peruano que se abstenga de excarcelar al exmandatario condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
Minutos antes de las declaraciones de Fujimori, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, declaró al Canal N que con las firmas faltantes se inicia el trámite de la excarcelación de Fujimori y que espera que el personal a cargo “haga su trabajo”.
La resolución, que fue firmada por 3 de los actuales 6 miembros del TC, con el voto dirimente del presidente del tribunal, Francisco Morales, declaró “fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso”.
El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al TC.
El presidente del máximo tribunal, Francisco Morales, había afirmado que las autoridades debían “proceder a la excarcelación inmediata” de Fujimori, en contra de dos resoluciones emitidas por la CorteIDH.
(Con información de Europa Press y EFE)
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