WASHINGTON DC – La Corte Suprema anunció este lunes que revisará una doctrina de hace 40 años que da amplio margen de maniobra al gobierno federal en ámbitos donde las leyes aprobadas por el Congreso sean ambiguas.
La llamada doctrina Chevron, en el punto de mira de los jueces conservadores del máximo tribunal, obliga a las cortes a ceder ante las agencias federales a la hora de interpretar leyes que no sean claras.
Este precedente fue establecido en 1984 en un caso que enfrentó a la empresa Chevron contra el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, y ha sido criticado por jueces que consideran que da demasiados poderes a Washington.
La mayoría conservadora de la corte de antemano ha estado limitando a los reguladores federales, incluso en la decisión de junio pasado que limita la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental para regular las emisiones de gases de efecto invernadero.
Al menos cuatro integrantes conservadores de la corte — el juez Clarence Thomas, el juez Samuel Alito, el juez Neil Gorsuch y el juez Brett Kavanaugh — han cuestionado la doctrina.
Gorsuch, como juez de la corte de apelaciones, señaló que las decisiones judiciales “permiten que las burocracias ejecutivas se traguen enormes cantidades de poder judicial y legislativo y concentren el poder federal de una manera que parece más que un poco difícil de ajustar con la Constitución del diseño de los redactores”.
EL CASO QUE REVISARÁ LA CORTE SUPREMA
La doctrina será revisada después de que el alto tribunal haya admitido revisar un recurso de un grupo de pescadores de arenque que defienden que el Servicio Nacional de Pesca no tiene autoridad para exigirles que paguen los salarios de los inspectores federales que viajen a bordo de sus buques.
Desde 1976, estos observadores pueden unirse a las tripulaciones para asegurarse de que cumplen la normativa, pero desde 2020, el gobierno federal exige a los pescadores pagar los salarios de estos inspectores.
Cuatro empresas familiares demandaron al Departamento de Comercio hace tres años por ese requisito y la Corte Suprema decidirá sobre su recurso, algo que podría tener consecuencias que van mucho más allá de la industria pesquera, afectando al poder de otras agencias federales.
Conoce aquí los detalles.
El caso se verá en el próximo periodo de audiencias, que comenzará en octubre, y es probable que se emita una sentencia en 2024.
El abogado de los denunciantes, Paul Clement, argumentó que la agencia se ha extralimitado en sus competencias y que necesitaba una autorización del Congreso para exigir los sueldos de los inspectores.
La fiscal Elizabeth Prelogar aseguró que la agencia ha actuado dentro de sus competencias.
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