La exguerrillera sandinista Dora María Téllez, una de las figuras claves en la liberación de Nicaragua de la dictadura somocista, ha sido condenada en la tarde de este jueves por la justicia de Daniel Ortega bajo por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “conspiración”. El juez Ángel Jancarlos Fernández realizó un audiencia exprés, de menos de siete horas y, enseguida, la Fiscalía pidió para la historiadora y crítica de la actual administración 15 años de cárcel, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La condena de Téllez, inmortalizada por el Nobel Gabriel García Márquez en la crónica Asalto al Palacio, ocurre en un ciclo de juicios políticos programados contra los 47 opositores que Ortega encarceló a partir de junio de 2021 para eliminar toda competencia de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que se declaró ganador sin competencia, perpetuándose en el poder junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La histórica y emblemática exguerillera de 66 años fue sometida a un juicio sin garantías procesales, de acuerdo a defensores de derechos humanos. Pero también agravado por varios factores: la audiencia fue realizada a puertas cerradas en El Chipote, la misma cárcel donde está encerrada y sufriendo torturas, según sus familiares, a quienes les impidieron ingresar al juicio.
Los únicos que tuvieron acceso fueron los abogados de Téllez, pero fueron incomunicados. De acuerdo al artículo 121 del Código Procesal Penal, los juicios deben celebrarse en la sede de los tribunales y no en prisión. Sin embargo, los familiares de los reos de conciencia creen que este hermetismo es para que no se filtren imágenes del deterioro físico y emocional de los acusados producto de los malos tratos que han recibido durante el encierro.
El juicio de Téllez ha seguido la misma tónica de los primeros cuatro opositores procesados esta semana: Yader Parajón, Yaser Vado González, Alexis Peralta y la activista Ana Margarita Vijil quien, tras ser declarada culpable por “conspiración”, escribió en el acta de culpabilidad “soy presa política” debajo de su nombre.
En paralelo a Téllez, también fue juzgado el líder estudiantil Lesther Alemán, reconocido por haber enfrentado cara a cara Daniel Ortega en 2018 en una mesa de diálogo. En aquella ocasión, el estudiante emplazó al mandatario, lo conminó a cesar la represión de las protestas sociales y a salir del poder. El universitario fue también condenado por cometer “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y la Fiscalía, igualmente, ha pedido la pena máxima de 15 años.
“Hoy que Lesther es condenado cumple 213 días encarcelado arbitrariamente. El debido proceso es inexistente y le han violado todos sus derechos humanos. Lesther no ha podido hablar con su abogado ni recibir visitas de sus familiares. Ha sido sometido a interrogatorios extenuantes como mecanismo de tortura, a una mala alimentación y condiciones sanitarias que han afectado su salud”, expresó el grupo estudiantil del que Alemán es integrante. “El juicio contra Lesther ha sido ilegal e ilegitimo; una farsa judicial propia de una dictadura cuyo poder emana de la farsa electoral y violación sistemática a los derechos humanos de los nicaragüenses”, añadieron en un comunicado.
Juez sin competencia
La veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia, no solo cataloga como políticos estos juicios, sino que asegura que son “farsas y montajes”. Primero porque cuando la Fiscalía anunció la reactivación de los procesos en un comunicado, el tono era condenatorio de antemano al catalogar a los presos políticos como “criminales y delincuentes”. El Ministerio Público arrolló la presunción de inocencia antes de que los procesados pudieran estar frente a un juez.
Para los defensores de derechos humanos y familiares, los acusados tienen que enfrentar una defensa a ciegas. Entre las anomalías judiciales que han detectado está que los únicos testigos aportados por la Fiscalía son policías y simpatizantes sandinistas. Además, las pruebas presentadas son capturas de pantalla de redes sociales, algunas trucadas, mientras que los abogados defensores no han podido visitar a los acusados de previo y tampoco las querellas han sido cargadas en el sistema del poder judicial.
“Los juicios de Dora María y Lesther, aparte de todas las nulidades que se han venido cometiendo en la tramitación, y repetidas hoy en esta audiencia exprés, tienen un grave contrasentido con el Código Penal: el delito de ‘Menoscabo a la integridad nacional’ debe ser conocido por un tribunal de jurado y no por un juez técnico. Es decir, que estos jueces no tienen competencia. Entonces hay nulidad… pero ya sabemos que en Nicaragua los alegatos jurídicos no sirven para nada”, explicó la doctora Núñez a EL PAÍS.
El régimen Ortega-Murillo reanudó los juicios políticos este primero de febrero, mientras familiares de detenidos y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) hicieron el llamado a un diálogo con el fin de liberar a los encarcelados. El régimen ignoró dicha disposición y apuró los procesos contra los opositores, los que –de momento– están agendados hasta el 24 de febrero. Lejos de mostrarse dispuesto a ablandarse, Ortega ha radicalizado su represión y procesa a las voces críticas con algunas de las leyes creadas para cazar disidentes, como la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo o Ley de Ciberdelitos, ambas aprobadas por la Asamblea controlada por el sandinismo.
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