De mujeres señaladas a víctimas. Solo víctimas. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ‘ley del solo sí es sí’, busca lo mismo que consiguió en España la Ley de Violencia de Género con las mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas: cambiar el clima social, hacer entender que no es un tema privado que se resuelva de puertas para adentro y en silencio y garantizar que las mujeres agredidas sexualmente son creídas y apoyadas por las Administraciones para poder rehacer sus vidas. Prevé un fondo específico para las mujeres y un ambicioso plan de formación que abarca desde escolares a jueces, pasando por policías o militares. Y equipara a las asesinadas por violencia de género —cuyos casos dejaron de ser tratados como algo íntimo y familiar tras el despertar social que provocó el asesinato de Ana Orantes, quemada viva por su marido en 1997— con las que entrarían en lo que define como feminicidio sexual, mujeres a las que matan tras una agresión sexual, como les ocurrió a las jóvenes Diana Quer y Laura Luelmo, asesinadas en 2016 y 2018, respectivamente. Más de 1,3 millones de mujeres han sufrido violencia sexual, según la última macroencuesta del Gobierno.
El borrador de la nueva norma de Igualdad nació inspirado por el caso de La Manada de 2016, la violación de cinco hombres a una mujer de 18 años en Sanfermines, que provocó una amplia movilización del feminismo. Incluye el derecho a la reparación para las mujeres y niñas y asistencia integral para ellas, lo que supone desde un empleo a acceso a la vivienda o abogado gratuito, además de declaraciones institucionales de reparación simbólica como las que se celebran ahora cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja. No se expulsará a mujeres extranjeras que no tengan la documentación en regla si han sido víctimas de una agresión sexual. En el cálculo de las ayudas por daños y prejuicios, se analizarán tanto los daños físicos como aquellos sobre la dignidad, el tratamiento de salud sexual que necesiten o las actividades domésticas y de cuidado no remuneradas que no puedan ejercer.
Los fondos específicos con los que se harán estas reparaciones aún no están cuantificados —la memoria económica se incluirá cuando el proyecto vuelva al Consejo de Ministros como fija la ley, explican desde Igualdad—, pero el ministerio espera sacarlos del dinero decomisado a tratantes de mujeres, quienes se lucran de la prostitución, de la industria proxeneta o de la explotación sexual, entre otros delitos. Son los fondos que recauda la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, dependiente del Ministerio de Justicia, que en 2018 contaba con 22,5 millones de euros, según datos publicados en su web. También prevén que la financiación salga de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye 200 millones anuales y de los fondos europeos. Igualdad espera “incrementar todas las partidas de las luchas contra las violencias machistas y contra las violencias sexuales” en los próximos presupuestos, según fuentes del ministerio que dirige Irene Montero.
Una de las novedades de este borrador es incluir un itinerario para niños y niñas que hayan sido agredidos sexualmente, una “asignatura pendiente” del Estado, según las citadas fuentes. En los casos de feminicidios sexuales, reconoce para los huérfanos y huérfanas las mismas ayudas que se acaban de aprobar y aún no han llegado a todos los casos para los huérfanos de violencia machista, ampliado también cuando el padre no es el asesino. También prevén ampliar las herramientas destinadas a las primeras para los casos de violencia sexual, como las unidades de valoración forense suscritas a los juzgados para las mujeres maltratadas, aunque estas últimas no están aún en todas las provincias.
Tras pasar el periodo de alegaciones, con más de 70 enviadas por distintas entidades, el documento está siendo revisado por el Consejo Económico y Social, y el Consejo General del Poder Judicial. Posteriormente, debe remitirse al Consejo de Estado, antes de volver al Consejo de Ministros. Desde Igualdad señalan que estos trámites se extenderán previsiblemente hasta el año próximo. El primer borrador de la ley fue presentado el pasado marzo y provocó un desencuentro entre los ministerios de Igualdad y Justicia que tensionó a los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Igualdad da por zanjadas estas tiranteces, aludiendo en la actualidad a una “absoluta sintonía”.
Las penas previstas
La ley de libertad sexual elimina el concepto de abuso y lo agrupa todo bajo el epígrafe de agresión sexual, además de poner el foco en el consentimiento de la víctima. No habrá consentimiento, según el borrador, si la víctima no manifiesta libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos su voluntad de participar. Como adelantó EL PAÍS, las horquillas de penas previstas para las agresiones sexuales se rebajan en los tipos básicos de los delitos, aunque al eliminar el abuso habrá penas más altas que ahora en algunos casos, otras más bajas y otras iguales, explican desde Igualdad. Señalan, por ejemplo, que con los cambios los violadores de La Manada habrían sido condenados a 15 años, igual que ahora. Incluyen nuevos agravantes, como que la agresión se cometiera dentro de la pareja o tras suministrar drogas a la víctima que anulen su voluntad. También agravará la pena el hecho de que sea una agresión en grupo, en un nuevo cambio motivado por el caso de La Manada.
El cierre del club de carretera
Como recogió en su momento la Ley de Violencia de Género —y aún no ha culminado tras más de 15 años— esta nueva ley prevé un ambicioso plan de formación y sensibilización que abarca desde los alumnos de primaria a la universidad, con contenidos sobre educación sexual, igualdad de género y educación afectivosexual. También se prevé la formación a sus docentes y la preparación de policías o sanitarios, entre los que incluye a los forenses, “fundamentales en la toma de muestras” y contra los estereotipos que pueden obstaculizar ese proceso. Habrá protocolos sanitarios con itinerarios de acompañamiento, y también preparación específica para jueces, funcionarios de prisiones y a los de los centros de internamiento de extranjeros o militares. Estos últimos, además, deberán aplicar medidas de prevención contra la violencia sexual, sobre todo en las misiones en el exterior.
El Ministerio de Igualdad aprovecha la nueva ley además para castigar a los dueños de locales en los que se ejerza la prostitución, la llamada tercería locativa. Sobre si estos locales podrán cerrarse cuando se aplique esta ley, desde Igualdad señalan que se aplicará tanto como medida cautelar como pena final en los casos donde se produzca ese lucro de terceros.
Seguimiento de la ley y recogida de datos
El cumplimiento de la ley se vigilará desde la conferencia sectorial de Igualdad —integrada por el ministerio y las comunidades autónomas— y en un órgano de nueva creación, la mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales. El primer informe de evaluación deberá estar listo a los tres años de su entrada en vigor. Además, las Administraciones deberán recoger datos estadísticos sobre la actuación institucional en materia de prevención, detección, atención integral, protección, justicia y reparación. “Necesitamos muchos más documentos y muchas más investigaciones para poder hacer políticas públicas”, añaden desde Igualdad.
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