A las mejores amigas de Vicky Hernández se les puede dividir en dos grupos: las que están muertas y las exiliadas. En vida, esta mujer transgénero asesinada a los 26 años fue discriminada por su identidad, por ser trabajadora sexual y seropositiva. Tras su ejecución por un tiro en la cabeza durante el golpe de Estado de Honduras de 2009, la joven que a menudo llegaba a casa golpeada, víctima de ataques de odio, y que luchó por los derechos trans y por sacar adelante a su familia, atrajo a un ejército de mujeres diversas que ahora luchan para que su muerte no quede impune.
Entre quienes impulsan el caso ‘Vicky Hernández y otros contra Honduras’ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos —que podría determinar por primera vez la responsabilidad de un Estado en la muerte de una persona trans— están algunas compañeras que le sobrevivieron, como Claudia Spellmant, quien dirige el Colectivo Unidad Color Rosa, donde Vicky se convirtió en activista. Spellmant tuvo que exiliarse a Estados Unidos para no acabar como ella. También están su madre y su hermana Tatiana, que siempre la apoyaron, y otras profesionales que, sin conocerla personalmente, se unieron al litigio, como la abogada colombiana Angelita Baeyens, de la Fundación de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de Washington; la activista hondureña Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas; o la perito argentina Marlene Wayar, quien también es transgénero y que declaró como experta en el juicio.
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Todas ellas han tenido un rol importante en un caso en el que se juzga al Estado hondureño por la muerte de Vicky, que se produjo durante un toque de queda y en un contexto de ataques y violencia contra la población trans, muchas veces de manos de las fuerzas de seguridad pública. “El caso de Vicky es tan poderoso y contundente en la corte porque ella no fue la única mujer trans que asesinaron en Honduras durante el golpe de Estado. Hubo dos ese día, otra al día siguiente y siete en otra semana. En total fueron 15 y todas fueron ejecutadas extrajudicialmente con un disparo en la cabeza y sus casos están impunes”, le dice a EL PAÍS Indyra Mendoza de Cattrachas, la organización no gubernamental que recopila datos de la muerte de personas LGTBI en Honduras y que impulsó el caso de Vicky en la Corte Interamericana.
El veredicto, que debe emitirse próximamente, puede suponer además un hito en la defensa de los derechos de la población LGTBI en toda la región. “La muerte de ella no va a quedar impune porque se van a reconocer los derechos de los transgénero”, dice esperanzada Claudia Spellmant desde Nueva York, donde se exilió en 2013 por amenazas y tras ser víctima de ataques poco después de lanzarse a la política en Honduras. “Estoy ansiosa y con sentimientos encontrados. Pensar que tuvo que morir ella para que le pusieran atención a la comunidad trans. Honduras va a ser un ejemplo. Tiene que salir algo positivo de esto negativo”, afirma en una entrevista a través de Zoom.
La voz de esta mujer transgénero de 43 años tuvo un papel predominante en las audiencias virtuales del caso el pasado mes de noviembre. Los jueces escucharon en su testimonio cómo para mujeres como ella ejercer la prostitución es casi la única salida en un país que las discrimina sistemáticamente. También dijo que sus peores agresores “han sido siempre los policías”. Spellmant conoció a Vicky Hernández a principios de la década del 2000 en Ciudad de Guatemala. La recuerda como una persona muy joven, que tenía “sueños de tener una carrera académica”, algo que no había podido hacer por ser pobre y trans, dos condiciones que le obligaron a dejar la escuela en sexto grado. En aquella época, ambas se dedicaban a la prostitución y decidieron viajar al país vecino para “ganar un poco más y porque era un poco más seguro”, cuenta.
Aunque no se conocían de antes, a veces coincidían en un café del Parque Central, donde las trabajadoras sexuales solían comprar comida para llevar. “En una ocasión me encontré con Vicky y surgió esa empatía. Como éramos del mismo país empezamos a conversar”, recuerda. En 2007, cuando las dos mujeres habían regresado a San Pedro Sula, de donde son originarias, se volvieron a encontrar en el local de la organización que había montado Spellmant para ayudar a otras mujeres trans. “Vicky llegó a pedir condones para hacer su trabajo y se interesó en la organización. Como vivía cerca, se convirtió en una de las líderes más activas”, afirma. La joven pasó a ser una figura pública que representaba al Colectivo Unidad Color Rosa en los medios, iba a las marchas, e incluso como portavoz a las reuniones de sociedad civil y Gobierno.
Pero ese rol activo en defensa de su comunidad no protegía a Vicky de la violencia transfóbica. “Siempre me decía que era muy duro trabajar en la calle porque había discriminación”, relata por teléfono desde San Pedro Sula su hermana Tatiana Rapalo. “Siempre venía golpeada o asaltada y sufría mucho”. Pese a los ataques, la joven seguía trabajando porque era el sostén de la casa: mantenía a su madre, a su hermana menor y a una sobrina, la hija de otro hermano que había sido asesinado y que tenía 2 años y medio cuando mataron a Vicky.
“La historia de Vicky no empieza con su muerte”, asegura la abogada Angelita Baeyens de la fundación RFK. “Ella ya había sufrido muchos abusos durante su vida, entre otras cosas, por parte de la propia policía. Y también había sido víctima de saber que no podía acudir a la protección de las autoridades cuando sufría ataques a manos de personas particulares. Por ejemplo, unos pocos meses antes de su muerte, ella ya había sufrido una agresión por parte de un guardia de seguridad privado”. Esa vez, según recuerdan su hermana y sus amigas, el vigilante le dio un machetazo a la cabeza y, aunque presentó una denuncia, ésta no procedió.
Las pruebas reunidas por la comunidad trans, claves en el caso
El 29 de junio de 2009, el cuerpo sin vida de Vicky Hernández apareció en una calle de San Pedro Sula con un impacto de bala en la cabeza. Las dos últimas personas que la vieron con vida, Michelle Torres y Fergie Alicia, otras dos mujeres transgénero, contaron que la perdieron de vista cuando salían de casa de una amiga y llegó una patrulla de policía que empezó a perseguirlas. Cada una corrió en una dirección. Separarse era una estrategia que tenían en su grupo para tratar de evitar las agresiones sistemáticas por parte de las fuerzas de seguridad, como explicó Claudia Spellmant en el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las dos testigos presenciales no han podido declarar en ese tribunal porque fueron asesinadas poco después. Pero el rol de la comunidad transgénero de San Pedro Sula ha sido clave para reunir las evidencias del caso. Una de esas mujeres, Lisa Camacho, fue la encargada de preparar el cuerpo de Vicky para el velorio, que hicieron en la sede de la organización. La mujer, que también tuvo que exiliarse después a Estados Unidos, se dio cuenta de que el cadáver no presentaba ninguna cicatriz que indicara que las autoridades le hubieran practicado una autopsia, algo que en las audiencias del caso Spellmant atribuyó a una discriminación por ser trans y VIH positiva.
La defensa de Vicky alega que no se investigaron las evidencias que aparecieron al lado de su cuerpo —una bala y un condón usado—, y que la forma en la que la asesinaron, con un disparo en la cabeza, coincide con cómo mataron a las otras 14 mujeres trans que fueron asesinadas durante el golpe de Estado, un patrón que Angelita Baeyens interpreta “casi como una limpieza social”. Además dice que, doce años después de su muerte, el Estado no ha hecho casi nada para investigar el asesinato.
En su turno ante la corte, los representantes del Ministerio Público de Honduras dijeron que no había evidencias de que la muerte de Vicky fuera a manos de las fuerzas del orden y alegaron que en el país se han producido avances en la protección de las personas vulnerables y que se ha capacitado a funcionarios públicos para tratar de sensibilizarlos con la diversidad de género. Sin embargo, Indyra Mendoza, de Cattachas, afirma que en la práctica, el rechazo a la comunidad LGTBI sigue matando en Honduras. “Aunque no está criminalizada la homosexualidad, todas las demás leyes que nos discriminan hacen que no tengamos derechos”, lamenta. Y menciona el caso de una lesbiana puertorriqueña que, tras enfermarse, falleció en territorio hondureño porque no reconocían a su esposa para autorizar su salida del país en un helicóptero medicalizado que le consiguieron. “Se tardaron dos días más y se murió. La mataron”, afirma.
Por eso, para las mujeres que defienden a Vicky ante la corte, este caso es tan importante. “Esperamos que el veredicto sea favorable”, dice la abogada Baeyens. “Pero para mí la pregunta es qué tan lejos va a llegar la corte en términos de sus reparaciones y medidas de no repetición”. Por su parte, su familia espera una sentencia ejemplar para que otras mujeres transgénero no tengan que sufrir como ella. “La verdad es que no se va a revivir la vida de Vicky, porque lo que más anhelamos nosotros es estar con ella”, dice su hermana Tatiana. “Pero sí quiero que tengan derechos y que haya respeto hacia ellas”.
Para la familia, la espera de la sentencia es también una carrera contrarreloj porque la madre de Vicky, de 65 años, está enferma de cáncer. “Dice que antes de partir quieren que haya justicia”, afirma Tatiana. En la brigada de defensa de Vicky hay además una sensación de que la llegada del caso a la Corte Interamericana es ya una victoria póstuma tras su asesinato. “Ella era una defensora, una activista. Entonces, saber que aún después de su muerte se ha llevado la bandera de su activismo adelante, yo quisiera creer que se sentiría muy orgullosa y contenta”, sostiene Angelita Baeyens. “Es una gran responsabilidad con la familia, con la organización en la que ella trabajaba y con sus amigas y sus compañeras, aunque muy pocas quedan vivas. Creo que estaría satisfecha, contenta de que la lucha sigue vigente”.
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