Decisiones inaceptables en Turquía

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Manifestación en Estambul contra la salida de Turquía del Convenio Europeo contra la Violencia Machista.
Manifestación en Estambul contra la salida de Turquía del Convenio Europeo contra la Violencia Machista.ERDEM SAHIN / EFE

Dos decisiones —tomadas con escaso margen entre ellas y que perjudican gravemente a los derechos humanos y a la democracia— muestran la aceleración de la deriva autoritaria en la Turquía presidida por Recep Tayyip Erdogan, así como la escasa sinceridad de las reformas que decía querer emprender su Gobierno en los últimos meses. La destitución del gobernador del banco central, por otro lado, confirma una forma despótica de ejercer el poder: a Erdogan no le gustó que subiera los tipos de interés, y lo sustituyó.

La primera es el anuncio de la retirada de Turquía del Convenio del Consejo de Europa para la prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, firmado en 2011, irónicamente en la propia Estambul y cuyo primer signatario fue precisamente Turquía con Erdogan como primer ministro. Se trata de un mazazo contra un acuerdo histórico que obligaba a tomar medidas legales contra una lacra que solo en lo que va de 2021 ya ha costado la vida, oficialmente, a 78 mujeres en el país otomano. Supone un injustificable espaldarazo a los planteamientos ultraconservadores islamistas que argumentan falsamente que el Convenio ataca un modelo de familia tradicional. Finalmente, da alas a otros Gobiernos iliberales para seguir la misma senda y dejar en papel mojado un hito legal en el combate a la violencia machista.

La segunda decisión es la petición de la Fiscalía para ilegalizar al Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y expulsar del Parlamento a varios miembros de esta formación prokurda. Esta medida es solo la última de una larga lista de acciones represivas contra la principal formación kurda del país; en los últimos años miles de sus miembros han sido encarcelados y la mayoría de alcaldes elegidos en las municipales de 2019 han sido depuestos por orden del Ministerio de Interior apenas unos meses después de tomar posesión. Y pese a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exigen su excarcelación, un exlíder del partido sigue en prisión.

La perspectiva de los dos casos desgraciadamente solo es una: más víctimas y menos democracia.


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