“Frentes Políticos”, en Excélsior:
“El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón informó que dará “un paso a un lado” para incidir en la reconciliación al interior de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y declinó a la presidencia a la que había sido nombrado por cuatro magistrados. “Declinaré presidir este tribunal constitucional para que, en un proceso claro y transparente, entre todos y todas las integrantes de este órgano podamos elegir a quien lo presida. Ello forma parte sustantiva de nuestra independencia judicial. Ello espero, deseo, que sirva para fortalecer a esta institución y ponerla a la altura que México y el Poder Judicial de la Federación merecen”, aseguró en una carta a la opinión pública. ¿O sea que la suciedad sí les llega hasta el cuello?”.
“Templo Mayor”, en Reforma:
“Vaya pleito que trae el dirigente minero Napoléon Gómez Urrutia en contra de la secretaria Luisa María Alcalde. El motivo, ¡qué raro!, es la lana. Resulta que el sindicato minero fue condenado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a pagarle aquellos 55 millones de dólares que le transó a sus agremiados de Cananea, desde 1989. Obviamente la titular de la Secretaría del Traajo respalda la decisión de la Junta, lo que provoca el berrinche de ‘Napito’”.
“Bajo Reserva”, en El Universal:
“El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, deberá informar a un juez de amparo si declaró o no que los papás de los niños con cáncer, que han denunciado la falta de medicamentos para los tratamientos de sus hijos, son ‘golpistas’ en un programa de la televisión oficial. En el amparo, se requiere al subsecretario explicar, entre otras cosas, el contexto de las declaraciones que realizó en el programa ‘El Chamuco’ que se transmite en el Canal 22”.
“Trascendió” en Milenio:
“La oposición encabezada por PAN y PRI en la Comisión Permanente frenó para lo que resta de la actual legislatura el dictamen que preveía desconocer el fuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y dejarlo a merced de la Fiscalía General de la República bajo la acusación de incumplimiento de los exámenes de control de confianza para ocupar el cargo. En la confrontación de posiciones, Morena y sus aliados sostienen que ningún fiscal estatal goza de inmunidad procesal, mientras que priistas y panistas advierten que dichos funcionarios no solo tienen fuero constitucional, sino que, en el caso de Carmona, existe un amparo que lo protege del proceso de la Sección Instructora e ignorarlo implicará un desacato de los legisladores, quienes pueden ser castigados con la inhabilitación y hasta una pena en prisión”.
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