La defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, se opuso a que la Fiscalía introduzca más evidencia en el caso, ya que la considera “irrelevante” y no relacionada con la causa que se le sigue, además de que tiene la intención de influir en el jurado.
En un documento de 20 páginas remitido la noche del miércoles al Tribunal de Distrito de Nueva York, al que Aristegui Noticias tuvo acceso, el bufete jurídico del abogado César de Castro, revela que el principal testigo del gobierno en contra del exfuncionario es Jesús ‘El Rey’ Zambada, hermano del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
Argumenta que Zambada fue arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2010, en los tiempos en que García Luna fue titular de Seguridad Pública.
Igualmente pidió excluir al informante del gobierno, que obtuvo grabaciones del exfuncionario mexicano en la cárcel, cuando supuestamente se hizo pasar por un miembro de la mafia rusa preso.
La defensa lo identificó como a Ruslan Mirvis, un “pornógrafo infantil” de 39 años, quien fue arrestado en 2017 y acusado formalmente de una violación, lo que le traería una pena de 15 años de cárcel si es declarado culpable.
“Al señor Mirvis se le negó la libertad bajo fianza dos veces antes de acudir al gobierno con su plan”, señala, al tiempo que apunta a que su participación en el caso fue un intento “desesperado” de obtener la libertad cautelar, debido a los abusos sufridos por parte de otros presos.
Según la Fiscalía, en las conversaciones obtenidas se habla del plan del exfucnionario mexicano de ejercer violencia contra los testigos, para lo que incluso llamaron a un agente encubierto desde la cárcel.
Señala que Mirvis, compañero de celda de García Luna, tuvo acceso a sus notas personales y a los nombres de las personas involucradas en el caso, por lo que vio su oportunidad para ofrecer ayuda al gobierno.
Explica que se le instaló un dispositivo que grabó las 24 horas del día durante 20 días, con lo que se obtuvieron 500 horas de grabaciones, de las que la Fiscalía solo utilizó dos minutos como prueba de que el mexicano intentó manipular testigos.
“De esos dos minutos, aproximadamente la mitad es incomprensible y en gran parte inaudible”, dice la defensa, que rechaza que juntos llamaran desde prisión a un agente encubierto.
Sobre la periodista que será testigo en el caso, los abogados señalan que “si bien el gobierno no proporciona detalles de la identidad, es probable que se refiera a Anabel Hernández y su afirmación pública de hace una década de que escuchó que alguien la amenazó en nombre del señor García Luna”.
“Estos viejos reclamos fueron investigados y encontrados increíbles”, apuntan. Los defensores dicen en el documento que Hernández tiene una “vendetta personal” contra el exsecretario, desde que empezó a escribir sobre él en 2007.
Para intentar desacreditar a la periodista, el despacho de abogados cita un comentario de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, quien dijo que la reportera escribía “chismes sin rigor”, en el contexto de los señalamientos hechos por Anabel Hernández sobre gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el narcotráfico, particularmente una supuesta protección al Cártel de Sinaloa.
Por lo tanto, piden que Hernández sea excluida como testigo del caso, al igual que el testimonio del informante.
Señalan que los intentos del gobierno de admitir alegaciones falsas, increíbles e indebidamente perjudiciales se alejan de los cargos de la acusación y están “simplemente diseñadas para prejuiciar al jurado contra el señor García Luna”, por lo que deben denegarse.
A mediados de junio, la Fiscalía presentó una moción para introducir nueva evidencia. Afirmó que cuenta con grabaciones donde consta que García Luna intentó silenciar a un testigo que podría rendir su testimonio en este caso.
“El acusado habló sobre amenazas de violencia y manipulación de los testigos de cargo, y se refirió al menos a un testigo por su nombre. Específicamente, el gobierno busca presentar evidencia de que en el otoño de 2020, (…) deseaba dañar a los testigos en su contra”, aseguró la fiscalía.
El pasado 5 de julio, el juez federal Brian Cogan, quien lleva el caso, aprobó la solicitud de la fiscalía para un jurado anónimo y parcialmente aislado en el juicio contra García Luna, programado para iniciar el próximo 20 de octubre en Nueva York.
La determinación del juez tomó en consideración los argumentos presentados por los fiscales, sobre la necesidad de proteger la “integridad” del juicio ante las acciones que podría emprender el exfuncionario en contra de los testigos y de los miembros del jurado.
García Luna, quien fue detenido en diciembre de 2019 en Estados Unidos, está acusado de haber utilizado su poder como funcionario público durante el sexenio de Felipe Calderón, para exportar cocaína en complicidad con el Cártel de Sinaloa, a cambio de haber recibido sobornos multimillonarios.
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