El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo -figura equivalente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos- inició una actuación de oficio ante el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el fin de esclarecer la utilización del software de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group.
Gabilondo pidió información a la inteligencia española, con la finalidad de comprobar si las presuntas actuaciones de interceptación de comunicaciones denunciadas mediante investigaciones periodísticas, “se han llevado a cabo, en su caso, con pleno respeto a las garantías establecidas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico”.
Tras la apertura del expediente, Ángel Gabilondo remitió a la directora del CNI, Paz Esteban, un escrito en el que le comunica la apertura de la actuación de oficio.
En el documento solicita a Esteban determinadas informaciones relativas a los protocolos internos sobre la intervención de comunicaciones, sobre la autorización judicial previa a estas intervenciones y sobre la utilización del ‘spyware’ Pegasus.
La decisión de abrir esta investigación se produce después de que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto publicara que 63 independentistas catalanes ha sido presuntamente espiados a través del sistema Pegasus y de Candiru.
La difusión de la información provocó las protestas de los presuntamente espiados y la amenaza del partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña, de no apoyar la agenda legislativa del Gobierno, como un decreto que se discutirá este jueves sobre las medidas contra los efectos de la guerra de Ucrania.
Fuentes del Defensor del Pueblo aseguran que este considera, además, que es conveniente que se constituya cuanto antes la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados -que no ha podido reunirse en los últimos tres años- como instrumento de control ordinario de la actividad del CNI, como lo dispone la ley española.
Así, precisan que con esta iniciativa del Defensor del Pueblo se trata de contribuir al “buen funcionamiento de las instituciones del Estado” y de velar por el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, asuntos que consideran “de interés general para la ciudadanía”.
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A principios de marzo, el pleno del Parlamento Europeo dio luz verde a la creación de una comisión de investigación sobe el uso del software de espionaje ‘Pegasus’ por parte de gobiernos europeos.
A partir de su constitución, la comisión tendrá un plazo de doce meses para realizar sus trabajos y presentar sus recomendaciones. Cuenta con 38 eurodiputados e investiga especialmente el posible uso de este software por gobiernos europeos como el de Hungría y Polonia, para aclarar si recurrieron a esta herramienta con fines políticos contra periodistas, políticos y abogados.
(Con información de Europa Press y Aristegui Noticias)
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