El coronavirus se cebó especialmente con los usuarios de la residencia de DomusVi en la población alicantina de Alcoi. Murieron 74 personas durante la primera oleada en medio de las críticas por la mala gestión de un centro que tenía 140 plazas ocupadas. Ahora, 45 familiares de 18 residentes, de los cuales 15 fallecieron y tres sufrieron lesiones, han presentado una demanda de responsabilidad civil contra la multinacional Quavitae Servicios Asistenciales SAU, empresa matriz que gestiona DomusVi, y contra la compañía Mapfre España, como su entidad aseguradora. La residencia de Alcoi es de titularidad pública y gestión privada.
La Asociación de Familiares Afectados en las Residencias DomusVi Alcoi y Cocentaina ha convocado este miércoles a los medios en la ciudad alicantina para anunciar la demanda interpuesta ante el juzgado de Primera Instancia de la ciudad y explicar su contenido. Su presidente, José Luis García Cantó, resume el propósito de la iniciativa: “Queremos saber lo que pasó y que no se demore mucho el proceso. Consultamos con un despacho de abogados y nos aconsejó que la manera más rápida era a través de una demanda civil, porque por la vía de lo penal, primero ya está iniciada por la fiscalía, y segundo, no queremos que se alargue todo el proceso, como en caso de la colza [síndrome del aceite tóxico por el que murieron unas 4.800 personas en los años ochenta] o el que conocemos bien por aquí, porque lo padecimos, como el de Ardystil [afección pulmonar por inhalación de productos químicos que en 1992 causó la muerte de seis trabajadores y un centenar de afectados en ocho fábricas de aerografía textil de Alicante]”.
La vía civil comporta la reclamación de una indemnización económica cuya petición se ajustará a cada caso, según señala la asociación. El abogado de la entidad, José Guillen, ha preferido no desvelar la cuantía total de la petición al estar en marcha el proceso judicial. DomusVi ha declinado pronunciarse sobre la demanda al no haber recibido todavía notificación de la misma y, por tanto, desconocer su contenido, según ha indicado a este periódico una portavoz del grupo que gestiona alrededor de 140 residencias en España.
Las principales acusaciones de los familiares están basadas en su propia experiencia y en testimonios como el del jefe de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD) del hospital Virgen de los Lirios de Alcoi, Manuel Pérez, que se hizo cargo de la dirección médica de la residencia cuando fue intervenida el 18 de marzo por la consejería de Sanidad. El médico criticó la escasa colaboración de la dirección y que esta no tomara todas las medidas necesarias para aislar a los enfermos en el centro, que ocupa un antiguo hospital del siglo XVIII rehabilitado de grandes dimensiones.
“Hubo un gran caos organizativo, no había medios, hubo una absoluta falta de información, se mezclaba a los enfermos con los que no presentaban síntomas”, recuerda García Cantó. Las penurias y las penalidades por las que pasaron en aquel periodo se han sintetizado en un escrito que la asociación ha remitido a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Alcoi, presidido por el alcalde socialista Toni Francés.
En ese texto de balance se relatan episodios como el siguiente: “En mayo de 2020 y viendo los informes clínicos que desde el hospital se nos hacían llegar a los familiares, planteamos la necesidad de una atención urgente e integral para minimizar las secuelas de la situación vivida. Se dio un hecho que nos alarmó sobremanera: en un número importante de los informes clínicos, aparecía la palabra ‘desnutrición’. Conocimos el caso de una familia que sacó al familiar de la residencia ante el grave deterioro físico que presentaba. Después de tanto tiempo aislados, encerrados en sus habitaciones y los/as más dependientes encamados, conocemos casos de personas que sufrieron deterioro cognitivo e incluso cuadros psicóticos”.
Falta de transparencia
El texto es también muy crítico con la falta de información y transparencia de la consejera de Sanidad, la socialista Ana Barceló. Algunas de sus manifestaciones sobre la situación de la residencia de Alcoi son tildadas de “cínicas”. También se acusa a la consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, de no hacer todo lo posible y de que no se haya vuelto a saber nada de su propuesta de hace un año de revertir la concesión, otorgada hasta 2047 por el anterior Gobierno de la Generalitat, presidido por el PP, a cambio de la adecuación del edificio. La consejería está estudiando las posibles vías de reversión de la concesión.
El presidente de la asociación explica que la ausencia de otros familiares afectados en la demanda obedece a varias causas: “Hay gente que querría cerrar el proceso de duelo; no se encuentran en condiciones de continuar ni de aventurarse por la vía penal o por la civil. Otra causa es la económica, porque contratar abogados siempre comporta un gasto y hay gente que no se lo puede permitir. Y por último, también hay familiares que no se han puesto de acuerdo entre ellos”.
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