Los derechos de los consumidores han sufrido un importante retroceso tras la última crisis financiera cuyas secuelas perduran. La aceleración que supone el proceso de digitalización y concentración de entidades ha debilitado la posición de los clientes ante las grandes compañías.
Diferentes iniciativas de la sociedad civil están llamando la atención sobre esta inquietante pérdida de derechos. La fundación Finsalud, que investiga el impacto de las malas prácticas bancarias en la salud de los clientes, ha celebrado un foro en el quedó patente la inquietud de destacados juristas por el deterioro de los derechos. Una decadencia que se aprecia en la falta de una legislación adecuada, la ausencia de una autoridad que proteja específicamente a los consumidores y en la involución de la Sala Civil del Tribunal Supremo.
Patricia Gabeiras, abogada experta en las hipotecas en moneda extranjera, uno de los productos que ha causado más estragos, mostró su preocupación por los cambios del Alto Tribunal que “no contribuyen a la seguridad jurídica sino que están creando el caos”. Gabeiras, que ha logrado 13 sentencias de las 24 que ha dictado el Tribunal a favor de los clientes en esta materia, censuró el cambio de doctrina del tribunal.
La misma preocupación expresó el abogado Pablo Franquet, por la creación por el Supremo de la categoría el “cliente minorista experto”, no prevista en la ley, que debilita derechos de los consumidores.
Desde otra perspectiva, Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil, señaló que el “supervisor no ha hecho su trabajo”. Criticó que una misma autoridad tenga la misión de vigilar la solvencia de las entidades y proteger a los consumidores: “Un sistema en que el mismo señor tutela al verdugo y a la víctima”. Abogó por el modelo implantado por Obama en Estados Unidos, que creó la independiente Oficina a para la Protección Financiera del Consumidor, (CFPB por sus siglas en inglés), que en 2020 impuso sanciones a las entidades por 12.900 millones de dólares, (11.170 millones de euros).
El aumento de las malas prácticas inquieta a las autoridades. Gloria Caballero, subdirectora de Educación Financiera de la CNMV, reconoció que la institución “lleva ya tiempo preocupada por el aumento de estafas y fraudes”.
Fernando Zunzunegui, abogado, profesor de Derecho del Mercado Financiero y presidente de Finsalud, definió la situación actual como de “anomia, que se caracteriza por la inexistencia de normas o incumplimiento de las existentes”. Defendió el principio de la Constitución de 1812, reiterado en la de 1978, que proclama que el fin de toda sociedad política “es el bienestar de los individuos”.
Finsalud, cuyo presidente de honor es José Manuel Ribera, catedrático emérito de Geriatría, ha iniciado una investigación para averiguar las variaciones de salud de los empleados bancarios por las situaciones de estrés tras la crisis. Será realizado por el matemático y doctor en biología Miguel Juliá. Cuenta con la colaboración del sindicato CIC y se ofrecerá la participación a los demás sindicatos y asociaciones bancarias. La sociedad civil se mueve.
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