Las desapariciones son un problema que aún continúa y la respuesta presidencial hacia el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU denota falta de empatía y poca comprensión del documento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.
“En su informe deja claro, de manera prístina, que el problema de las desapariciones no es una herencia del pasado; no es que estemos ante un fenómeno que se haya ya erradicado. Son más de 20 mil desaparecidos en este sexenio”, señaló.
“El Comité hace mucho énfasis en eso. En que no podemos normalizar estas cifras, que no son cifras propias de un país en democracia. Son cifras incluso mayores de las que se registran en países que se encuentran en conflictos armados”, continuó.
El pasado martes, el Comité presentó su informe sobre su visita realizada el año pasado. En él concluyó que, servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México. Asimismo, la impunidad es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas.
Asimismo, constata que las desapariciones siguen siendo generalizadas y “hay una enorme brecha entre lo que dicen las normas y la institucionalidad con lo que ocurre en la realidad”, subrayó Aguirre.
Al 26 de noviembre, el grupo de la ONU contabilizó que había 95 mil 121 personas registradas como desaparecidas en el país. A ellas, se agregaron 112 desapariciones durante su visita. Además, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8 mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años.
Los hombres jóvenes de entre 19 y 40 años de las periferias son quienes están viviendo en mayor medida estas violencias.
Aguirre aseguró que el número de desaparecidos en el país es inédito en el contexto global.
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No obstante, el Comité contabilizó que, hasta noviembre del año pasado, solo entre el 2%y el 6% de los casos, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional.
Además, hay más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
Por lo tanto, el Comité advierte que no hay una respuesta del Estado, incluyendo el gobierno federal, los estados, municipios y fiscalías. Ante esto, propone generar una política nacional de prevención y erradicación. Para ello, identifica 4 condiciones mínimas y 10 propuestas prioritarias.
“La mano que tiende el Comité al ofrecer asistencia técnica internacional debería tomarse. No estamos para enfrentar en México este tema sin abrirnos al escrutinio internacional y sin recuperar las mejores prácticas que otros países en situaciones que pueden ser análogas han ido desarrollando”, recalcó Aguirre.
En noviembre de 2021 una delegación del Comité sobre Desapariciones Forzadas visitó México. Durante su estancia en el país viajó a 13 entidades federativas y sostuvo más de 150 reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
Santiago Aguirre relató que el comité surgió de un tratado internacional para vigilar cómo cumplen los estados sus obligaciones de prevención, sanción y erradicación de las desapariciones. Este había pedido venir a México desde el 2013, pero no fue hasta la actual administración en la que se le permitió la visita.
Tras el informe, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en conjunto con la Secretaría de Gobernación, en donde asegura que implementará las recomendaciones.
“El Estado mexicano agradece el trabajo del comité y recibe sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe”, escriben las dependencias.
📄Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas presenta informe de su visita a México. https://t.co/gxwSqeHPi1 pic.twitter.com/LlS144uK0g
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 12, 2022
En contraste, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el informe durante la conferencia matutina del pasado miércoles.
“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad”, declaró el mandatario.
Al ser cuestionado por el planteamiento del Comité sobre la desmilitarización del país, López Obrador aseguró que los expertos “no tienen toda la información” y “no están actuando con apego a la verdad”.
“Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de Calderón, o para desaparecer a personas”, aseveró el presidente.
“Ellos no vieron nada de los abusos que se cometían, crímenes de estado, durante el periodo neoliberal. Hay que ponerlos al tanto de que ya es otra realidad”, añadió.
Según el Comité, la política pública de seguridad basada en expandir el despliegue territorial del ejército en todo el país y en optar por la militarización de las corporaciones de seguridad pública ha continuado en el presente.
“El Comité constata que lejos de ir en un proceso de reconducción de las fuerzas armadas hacia su rol constitucional, en un proceso de retorno paulatino de las fuerzas armadas a los cuarteles, lo que hemos visto en estos tres años es un fenómeno de profundización de la militarización”, aclaró Aguirre.
El informe advierte que debe abandonarse el enfoque de militarización de la seguridad pública, el cual “ha sido insuficiente e inadecuado en lo que ataña a la protección de los Derechos Humanos”.
“Es algo que han recomendado una y otra vez los organismos internacionales de derechos humanos a México durante los últimos tres lustros”, recalcó el director del Centro Prodh.
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Frente a las declaraciones del presidente, Aguirre calificó la posición del gobierno como contradictoria y aseguró que AMLO tiene una mala comprensión de lo que entraña el informe.
“Lejos de poner a México en el banquillo de los acusados, constata realidades y ofrece propuestas de soluciones y que no inventa datos porque en muchos temas sus puntos de partida son las propias cifras oficiales y lo que escuchó en terreno”, señaló.
“Todo parecería indicar que se trata de distraer la conversación pública de los temas realmente importantes como lo son la continuidad de la crisis de desapariciones para más bien referirlos a estas supuestas campañas mediáticas que, debemos decir, en lo que ataña a derechos humanos, no hay ninguna campaña. Lo que hay es una realidad que se presenta dura y triste como es”, concluyó.
El director del Centro Prodh calificó la respuesta de la SRE como una que se “esperaría de un gobierno que reconoce” la crisis aún no revertida de desapariciones” y el régimen internacional de Derechos Humanos.
En contraste, aseguró que las críticas del presidente a la “supuesta falta de rigor” del Comité reflejan, “más que una transformación, una continuidad” de las administraciones pasadas que también cuestionaron otros informes y a las instancias internacionales.
“No hay que dejar de señalar como se convierte en una licencia para que otros actores políticos de la coalición gobernante reproduzcan este discurso adverso a los órganos internacionales de Derechos Humanos o a la sociedad civil en contextos locales donde eso entraña más riesgos y más amenazas para quienes defiendan Derechos Humanos”, denunció.
“Es muy importante que frente a la continuidad de la crisis de derechos humanos en que estamos, sin minusvalorar pasos que van en la dirección correcta, no se adopten en México posiciones soberanistas, cerradas al escrutinio y la asistencia técnica internacional”, reiteró.
“los familiares de las personas desaparecidas no quieren saber que gobierno es el responsable o que sistema económico es el responsable de las desgracias que les han acontecido, sino que quieren saber la verdad: cuál es el paradero de su ser querido al que buscan, quieren acceder a la justicia”, concluyó.