El director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, Jacobo Dayán y el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, advirtieron que para lograr verdad y justicia sobre el caso Ayotzinapa, es necesaria la existencia de mecanismos de verdad y justicia, independientes al gobierno.
Esto a partir de que Ángela Buitrago y Carlos Beristain, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) anunciaran su retiro de México, ante la imposibilidad de continuar las investigaciones, por la opacidad de las autoridades, principalmente de las Fuerzas Armadas.
Además de que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que no “comparte el punto de vista” de los integrantes del GIEI y defendiera que la Marina y el Ejército han colaborado entregando información.
Jacobo Dayán dijo que López Obrador está generando una narrativa de que se trata de un tema de opinión y no de un asunto de evidencias para atender el caso en el que desaparecieron 43 estudiantes y asesinaron a 6 personas, además de otro tipo de víctimas.
Sobre ello, revisó que a pesar de que el gobierno lopezobradorista impulsó como primer acto de gobierno, la creación de dos mecanismos para buscar la verdad y justicia sobre el suceso ocurrido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, éstos no son independientes y obedecen a la figura presidencial.
“Se crean dos mecanismos adicionales, (…) la CoVAJ, que en cualquier estándar internacional tendría que ser independiente, no de gobierno, dirigida por Alejandro Encinas (…) no tendría las tensiones de gobierno, no sería un subsecretario que no puede contradecir a su jefe, y hubiera respaldado al GIEI”, estimó.
El otro mecanismo al que hizo referencia, fue la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, de la que apuntó, si fuera independiente “tendría su propia voz” respecto a las conclusiones del GIEI.
Además, Jacobo Dayán reforzó el cuestionamiento del grupo interdisciplinario respecto a que el caso Ayotzinapa no se investiga como un fenómeno en su conjunto, si no como 60 investigaciones dispersas.
Incluso, dijo que es preocupante que dentro de las investigaciones que tienen las autoridades, no se tome en cuenta la desaparición de personas.
“Las acusaciones son por portación de armas, crimen organizado, tráfico de drogas, y no por desaparición, entonces cuál es el compromiso, estamos ante el riesgo de la institucionalización de la mentira, y un presidente que la discusión es si quiso y no pudo, o miente”, expuso.
Dayán estimó que el presidente López Obrador, al fortalecer al ejército y darle más funciones, poder y recursos, lo respalda, independientemente si le cree o no.
Por su parte Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana consideró que a 9 años del suceso, se ha configurado una posible anatomía transexenal de la mentira y el ocultamiento.
Expuso que dadas las conclusiones del GIEI y el comportamiento de las autoridades, se vislumbra un “control de la mentira” a través de los dos sexenios, invocado desde distintos funcionarios e instituciones.
Ejemplificó que el informe que ofreció Ángela Buitrago, refería el involucramiento de cuando menos 200 personas de 6 corporaciones policiales diferentes, e instituciones que se entrelazan, pero hay otras instancias involucradas que participan de lo que consideró el control de la mentira.
Dijo que a partir de los datos del informe, por primera vez en México se puede hace “un mapa institucional de la mentira”, cuestionar de qué tamaño están fraccionadas las instituciones para “apagar las alertas” desde el día uno y mantener la postura oficial.
“Han sido nueve años de reconstrucción de flujos, donde personas ordenan a otras personas, miles de microeventos, mentir y cometer ilegalidades, incluso en los crímenes mas graves como la tortura, cómo es posible que hayamos llegad a este nivel de instituciones donde se puede transexenalmente tener mentira y ocultamiento y que no sea el escándalo para la propia sociedad y la llamada clase política”, sostuvo el académico.
Finalmente, los analistas coincidieron en que si existe voluntad política del gobierno para esclarecer el caso, podría inducir a la creación de mecanismos independientes para la verdad y la justicia.
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