México

Destaca Amnistía aumento de violencia y militarización en México; critica austeridad frente al Covid

En el último año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, destaca en su informe 2020/21 Amnistía Internacional (AI)

En mayo, dice el documento publicado este miércoles, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024.

“El decreto carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales”, señala. “El presidente también anunció que el control de los puertos y puntos de aduana pasaría a las fuerzas armadas”.

En el apartado dedicado el país, el organismo hace un recuento de los abusos o violaciones a los derechos humanos en diferentes temas como pandemia, desaparición forzada, violencia contra la mujer, tortura, migración, medios y activismo.

Durante el último año, afirma, las fuerzas de seguridad mexicanas siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos.

 

El informe destaca la violencia que enfrentan en México los defensores de derechos humanos y los periodistas, pues a lo largo del 2020 fueron asesinados 24 activistas y 19 trabajadores de medios de comunicación, según datos de organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, señala, en diversas ocasiones, el presidente estigmatizó a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación; e, incluso, minimizó el problema de la violencia contra las mujeres.

 


Austeridad frente a la pandemia
Según las autoridades, México registró el año pasado un millón 426 mil 094 casos confirmados de Covid-19.

Amnistía Internacional apunta que el gobierno de México reaccionó a la pandemia con recortes en diversas áreas, pero mantuvo obras de infraestructura.

“En abril, el gobierno aplicó políticas de austeridad a través de un decreto que recortaba el gasto público, salvo en programas que se consideraban prioritarios, como varios proyectos importantes de infraestructura”, dice.

Mientras que el personal de salud manifestó su preocupación ante la falta de acceso a suficientes equipos de protección individual para trabajar de manera segura frente al Covid-19.

Personal sanitario también expresó su preocupación por las contrataciones irregulares y la falta de subsidio por enfermedad y otras prestaciones, lo que en ocasiones les acarreó represalias.

En 2020, agrega, fallecieron en México al menos 2 mil 397 profesionales de la salud por coronavirus. Además, varias personas trabajadoras de la salud fueron agredidas físicamente en lugares o transportes públicos.

“La reacción del gobierno fue realizar una campaña pública para sensibilizar sobre el importante papel que desempeñaba el personal sanitario y para combatir el estigma contra este colectivo”, narra.

 


Homicidios ilegítimos y violencia policiaca
El informe de AI consigna varios casos en los que estuvieron involucradas las fuerzas de seguridad, desde policías municipales hasta miembros del Ejército.

Señala que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron la muerte de Giovanni López Ramírez, de 30 años, ocurrida el 5 de mayo, cuando se encontraba bajo custodia de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco. Su familia denunció que lo habían detenido porque no llevaba cubrebocas, pero las autoridades estatales negaron esa información.

Y, en Guadalajara, agentes de la policía estatal de Jalisco detuvieron arbitrariamente por lo menos a 27 personas durante las protestas por la muerte de Giovanni.

Meses más tarde, circularon imágenes de una operación de las fuerzas armadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que tuvo lugar el 3 de julio y en la que soldados mataron a Arturo Garza, de 19 años, quien había sobrevivido a un tiroteo entre militares y un presunto grupo delictivo. El joven estaba desarmado.

Otro caso mencionado es el de Jessica Silva, de 35 años, asesinada por integrantes de la Guardia Nacional, en Delicias, Chihuahua. Los elementos abrieron fuego contra el vehículo en el que Silva regresaba de una protesta de agricultores por los derechos sobre el agua. Su esposo resultó herido de gravedad.

Al principio, la Guardia Nacional declaró que sus efectivos habían repelido un ataque armado, pero después dijeron que había sido un “accidente”. Seis agentes fueron detenidos.

Otro motivo de honda preocupación para el organismo es la tortura y otros malos tratos.

El informe cita una serie de casos de tortura o en los que se juzgó a los que la ejercieron, como el de los dos policías del Estado de México condenados a siete años de prisión por utilizar la tortura para obtener confesiones falsas de tres mujeres sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya, en el Estado de México, en 2014.

En este caso, la FGR intentó cerrar la investigación sobre la muerte de 22 personas a manos de soldados en Tlatlaya, antes de haber investigado adecuadamente la responsabilidad de la cadena de mando en el caso. Representantes de las víctimas exigieron continuar con el caso.

Hasta ahora, dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue sin analizar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que había sido impugnada en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante una acción de inconstitucionalidad.

 


¿Dónde están?
Las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado y las desapariciones a manos de agentes no estatales siguen siendo motivo de preocupación, dice Amnistía.

En marzo, se instituyó por decreto el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense como grupo de trabajo multidisciplinario e independiente. Este mecanismo estaba concebido para identificar los más de 38 mil cadáveres en espera de análisis forense localizados en el país.

Las autoridades federales declararon que en 2020 se habían registrado 6 mil 957 casos de personas desaparecidas. La cifra total de denuncias de personas desaparecidas en México desde 1964 ascendía a 82 mil 647, de las cuales 63 mil 939 se habían producido en la última década.

En julio, narra, el fiscal especial para el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada en 2014, anunció que se habían identificado los restos mortales de Christian Rodríguez Telumbre. Las autoridades también declararon que la versión oficial de los hechos presentada por el gobierno anterior había sido rechazada por los nuevos órganos encargados de la investigación.

Durante el año se emitieron docenas de órdenes de arresto contra funcionarios públicos por su posible relación con el caso. Entre ellos figura Tomás Zerón, encargado de las investigaciones de la FGR en el momento de las desapariciones, que fue acusado de tortura, desaparición forzada y alteración de la escena del crimen. Se dictaron varias órdenes de arresto contra miembros de las fuerzas armadas. Se detuvo a un militar y un miembro de la Semar. En septiembre, el Senado aceptó la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para examinar casos individuales.

 


Aumenta violencia contra mujeres y niñas
Según AI, aumentaron las denuncias de violencia contra las mujeres. En 2020, se denunciaron 3 mil 752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. El estado de México registró la mayor cifra absoluta de feminicidios, seguido del de Veracruz.

Las llamadas al número de teléfono de emergencias 911 para denunciar actos de violencia contra las mujeres aumentaron durante el año, con 260 mil 067 llamadas recibidas hasta diciembre, frente a un total de 197 mil 693 en todo 2019. Después de que se produjeran importantes protestas sociales, el gobierno desistió de aplicar medidas de austeridad que proponían recortes en el presupuesto para las Casas de Mujeres Indígenas y Afromexicanas y para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres recortó en julio el 75% (151 millones de pesos) de su presupuesto operativo.

“El presidente de la República seguía minimizando el problema de la violencia contra las mujeres, cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios”, señala el informe.

En septiembre, dice, familiares de mujeres asesinadas ocuparon las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en protesta por la falta de avance por parte de las autoridades en el tema de la violencia contra las mujeres.

Un total de 21 “alertas de violencia de género contra las mujeres” seguían vigentes en 18 entidades federativas.

En febrero de 2020, se cometieron dos feminicidios que provocaron indignación y dieron lugar a movilizaciones sin precedentes el Día Internacional de la Mujer, el caso de Ingrid, de 25 años, y el de Fátima, de 7.

 

 

En cuanto a los derechos de las mujeres, en julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó una orden que pretendía cambiar la legislación que criminalizaba el aborto en el estado de Veracruz. En mayo, el Congreso del estado de Guanajuato rechazó un proyecto de ley para la despenalización del aborto en el estado.

En 2020, las mujeres llevaron a cabo en varias ciudades manifestaciones multitudinarias contra el feminicidio y otras formas de violencia de género. En varios casos, la policía respondió con fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales, entre otras violaciones de derechos humanos.

Las autoridades estatales y federales también estigmatizaron en sus declaraciones públicas a las mujeres que se manifestaban, dice.

 


Riesgos para defensores de derechos humanos
AI señala que en este periodo continuaron las amenazas y el hostigamiento contra defensores de derechos humanos y, según datos de organizaciones de la sociedad civil, 24 personas defensoras fueron asesinadas.

Los defensores de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas manifestaron su preocupación por el megaproyecto conocido como Tren Maya.

“El presidente reaccionó acusándolos públicamente de ser ‘falsos ambientalistas’”, dice.

“Seis relatores especiales de la ONU enviaron una carta al gobierno expresando una serie de motivos de preocupación sobre el proyecto del Tren Maya, algunos de ellos relacionados con el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a la salud, y también con las posibles consecuencias medioambientales del proyecto”.

Sin embargo, destaca que, en noviembre, México ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que incluía medidas de protección para defensores de los derechos ambientales y pertenecientes a pueblos indígenas. Además, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantuvo en el país medidas de protección para mil 313 personas (887 defensores y defensoras de los derechos humanos y 426 periodistas).

Pero en octubre se disolvió el fideicomiso que apoyaba este mecanismo de protección, y sus fondos pasaron al presupuesto público general, señala el documento.

 


Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo
Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo continuaban enfrentándose al uso excesivo de la fuerza y a detención arbitraria por parte de las autoridades, así como a secuestros, agresiones y homicidios a manos de actores no estatales, describe AI.

En enero, los agentes de la Guardia Nacional utilizaron gas lacrimógeno durante una operación para detener a centenares de migrantes que atravesaron la frontera sur de México. Asimismo, en marzo, arrastraron y golpearon a migrantes que participaban en una protesta en Tapachula.

En ese mismo mes, un solicitante de asilo guatemalteco murió después de que una protesta de migrantes detenidos que exigían ser liberados derivara en un incendio en el centro de detención de Tenosique.

Las autoridades migratorias dejaron en libertad en abril y mayo, debido al peligro que suponía la Covid-19, a centenares de migrantes recluidos en centros de detención. Sin embargo, hubo escasa información sobre estas liberaciones y persistía la preocupación de que pudieran haberse producido deportaciones o devoluciones en ese contexto.

El informe dice que las autoridades migratorias detuvieron a 87 mil 260 personas migrantes irregulares, entre ellas más de 11 mil menores de edad, y deportaron a 53 mil 891 personas, lo que representaba una disminución respecto a 2019.


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Neto

Soy Neto, creador de LaNetaNeta.com Me apasiona leer y aprender, disfruto escribir y compartir publicaciones interesantes con el publico.

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