Juan Carlos I, en una imagen de archivo. / Europa PressTras dos semanas de su salida de La Zarzuela y de España, el rey emérito comunicó ayer oficialmente, por intermediación de la Casa del jefe del Estado, su actual estancia en Emiratos Árabes Unidos. El gesto viene a satisfacer una reclamación —socialmente muy amplia— de transparencia sobre las vicisitudes del antiguo monarca que va más allá de la mera curiosidad. Tan relevante como la escueta información oficial sobre el actual paradero del exmonarca en un país del Golfo resulta el conocimiento oficioso, por la misma vía, de que no será el definitivo.En realidad, combinar para satisfacción de todos la conveniencia personal de don Juan Carlos de mantener una cierta privacidad, cuando no tiene compromisos de comparecencia ante la justicia, con la necesidad de protección institucional de la Jefatura del Estado, marcando distancias sobre algunos de sus comportamientos financieros, es una tarea múltiple y nada sencilla. Más aún cuando una opinión pública crecientemente preocupada por la situación exige transparencia, y el país se encuentra en un delicado e inquietante contexto social, sanitario y económico derivado de la pandemia.En todo caso, la exquisitez institucional con la figura del anterior jefe del Estado mostrada por su sucesor, Felipe VI, se ha cumplido con holgura, a pesar de la lógica incomodidad de la situación. El actual jefe del Estado ha respetado los tiempos del exmonarca aun cuando se haya producido un evidente desgaste debido a la ausencia de información. La situación se ha visto además desbordada por la rapidez de las comunicaciones en la era digital.Las distintas velocidades en las que operan todos esos objetivos generan, sin embargo, un indudable riesgo reputacional para la institución de la Monarquía parlamentaria. De modo que superado el primer tramo de este lamentable episodio, convendrá en el futuro inmediato acentuar los diques protectores de la estabilidad institucional por encima de cualquier conveniencia individual, por comprensible que esta pueda ser. Afortunadamente, el Gobierno ha sabido deslindar comportamientos privados discutibles y rechazables de la defensa de las instituciones, un bien más que preciado en cualquier país desarrollado. Sería bueno que otros tomaran nota, porque tan pernicioso resulta el servilismo cortesano propio de otros tiempos como ciertos intentos rupturistas que intentan confundir de forma oportunista vicios privados con virtudes públicas. Nada de eso sucede en los países más adelantados —como los escandinavos— a los que España aspira a emular.
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