Superado lo peor de la pandemia, este verano los cruceros han vuelto a Curazao. Los turistas llegan a la isla caribeña, un territorio ultramarino de los Países Bajos, a través de dos grandes muelles, el segundo de los cuales, Tula, se construyó en 2017 para atraer alrededor de un millón de pasajeros al año. Pero su construcción por parte de las empresas holandesas BAM International, una filial de Royal BAM Group, ha dejado graves heridas —equivalentes a siete campos de fútbol— en uno de los activos más valiosos que tiene este territorio: su arrecife de franja —que rodea casi toda la costa del país—, que tardará dos décadas en recuperarse. El Gobierno de la colonia, que no ha respondido a este diario, no ha solicitado compensación a la empresa. Varios expertos apuntan que la ausencia de una ley común europea para estos casos obstaculiza exigir reparación a las filiales al alargar el tiempo y aumentar el coste de los litigios. Fuentes de la empresa explican que el daño se produjo solo en la zona establecida y que las Autoridades Portuarias de Curazao acordaron financiar la construcción y la gestión de un parque marino en ella.
La Comisión Europea quiere cambiar las reglas del juego con la futura directiva de Gobernanza empresarial sostenible, que pretende responsabilizar legalmente a las compañías que cometan daños ambientales. Sin embargo, el organismo europeo ha aplazado hasta el otoño, como mínimo, la aprobación del proyecto de directiva por las objeciones de países que temen que sea demasiado invasiva en la gestión de sus empresas, informa Bernardo de Miguel. El retraso se ha producido a pesar de que el Parlamento Europeo aprobó en marzo —por abrumadora mayoría— una resolución en la que instaba a la Comisión a aprobar cuanto antes dicha normativa.
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La eurodiputada socialdemócrata holandesa Lara Wolters, que presentó el texto de la resolución y ha denunciado públicamente la impunidad de BAM, explica que, de haber existido una legislación europea común, accidentes como el de Curazao habrían podido evitarse. “Es un ejemplo de irresponsabilidad increíble. Necesitamos un cambio cultural y, cuando ocurre lo peor, exigir la responsabilidad legal a las empresas”, cuenta por teléfono desde Bruselas. Cuando se apruebe la norma, será más sencillo llevar a juicio a las empresas y obtener reparaciones.
El biólogo marino Didier de Bakker sostiene que en el Caribe existen entre 60 y 70 especies de corales y su protección es esencial para Curazao. Los corales son fundamentales para la pesca, porque mantienen la biodiversidad de la zona, y también para el turismo —que ingresa a las arcas públicas de la isla unos 373,5 millones de dólares al año, el 18% del PIB nacional, según la ONG Waitt—, dado que muchos buceadores eligen este destino para sus inmersiones. Ambos sectores son la base de la economía de la isla.
La buceadora profesional Ândhiela van Hoof-Buso estaba dando clase bajo el agua a final de abril de 2017 cuando de repente escuchó el rugido de un motor. Una vez en la superficie, vio un remolcador que se encontraba a poca distancia de la orilla ubicada a cuatro kilómetros al oeste de la bahía de Santa Ana. La mujer cuenta por teléfono desde la capital, Willemstad, que cuando al final volvió al agua vio diferentes corales tumbados, algunos de hasta 5.000 años de edad, y con abolladuras causadas por el movimiento de los cables que sostenían la plataforma de trabajo.
Las estimaciones del centro de investigación Carmabi apuntan que a raíz del daño causado por BAM un 33,2% de las colonias de corales han sufrido daños —entre ellas, cuatro especies que están en peligro de extinción— y las pérdidas han ascendido a más de medio millón de euros. Entre las especies afectadas se encuentran el coral estrella de roca, el cuerno de alce y el cuerno de ciervo. El director científico de la entidad, Mark Vermeij, describe por teléfono el área afectada como un “campo arado” y estima que el arrecife tardará unos 20 años en recuperarse. Por su parte, la constructora holandesa ha confirmado en un correo electrónico que no se enfrenta a ningún litigio por el episodio en relación con los corales.
Los arrecifes de franja que tiene Curazao se encuentran a lo largo de la costa y son más abundantes que los de barrera o de atolón. Aunque la poca incidencia de los huracanes en el sur del Caribe ha hecho al arrecife de la isla unos de los mejor preservados de la zona, la cobertura coralina se ha reducido en algunas zonas del 34% al 16% en cuatro décadas. De Bakker asegura que el turismo y el crecimiento poblacional ha creado un ambiente desfavorable para los corales con la sobreabundancia de los nutrientes en el agua.
El buceador español Pol Bosch, que se dedica a la restauración de los corales en un parque marino en Curazao, cree que lo que tiene que cambiar es el tratamiento del agua y las prácticas de pesca. “La pérdida del coral va a ser insostenible para el planeta porque es allí donde hay más intercambio de oxígeno y una fuente de nutrientes para nosotros”, señala. Tras descubrirse el daño al arrecife, Bosch y una cincuentena de voluntarios ayudaron a colocar los especímenes tumbados. “Se veía bien el daño en el tejido. Tardamos dos días en limpiarlos para evitar que la suciedad impidiera la captura de nutrientes”, cuenta.
Embrollo legal
A lo largo de los años los gigantes empresariales se han aprovechado de la debilidad de los ordenamientos jurídicos de terceros países debido al alto coste y la duración de los litigios. Este fue el caso de la subsidiaria nigeriana de la petrolera británico-holandesa Shell, a la que un tribunal holandés en La Haya tardó 13 años en condenar por los derrames de petróleo en el Delta del Níger, en Nigeria, ocurridos entre 2004 y 2007.
Alejandro García Esteban de la Coalición Europea para la Justicia Corporativa explica que, a diferencia de lo que propone la recién aprobada por Alemania Ley de Transparencia, la futura normativa europea quiere que los empresarios vigilen también las cadenas de valor “de otras entidades que no sean necesariamente suministradores directos”. Esto incluiría también a las filiales, a las que es más difícil controlar.
Algunas compañías europeas han puesto en marcha un mecanismo de control de este tipo, pero un informe de la Comisión del año pasado concluye que constituyen tan solo un tercio del total y que las medidas voluntarias no han surtido el efecto deseado. Esteban comenta que el aspecto de la responsabilidaad civil, contemplado por la ley de debida vigilancia francesa, debe tenerse en cuenta a la hora de construir una legislación europea armonizada. Desde 2017 Francia puede imponer multas tanto a las matrices, de 5.000 empleados en su territorio y de 10.000 en todo el mundo, como a los subcontratistas y proveedores. “La responsabilidad civil es el principal elemento combatido por la patronal por miedo a demandas frívolas y abusivas, pero es el último recurso para que las posibles víctimas accedan a la justicia y una reparación”, cuenta Esteban. Holanda ha seguido los pasos del país galo y en su proyecto de ley, adoptado en marzo, prevé penas de cárcel por daños causados a las personas y el medio ambiente.
Limitaciones nacionales
Carmen Márquez Carrasco, del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, opina que esta “cascada normativa” es positiva porque “impulsa resolver las limitaciones nacionales”. De esta manera, sostiene, aumenta la presión para que la Comisión siga adelante con la legislación común. Por su parte, Saskia Pepping, cuya empresa MVO Nederland ha estudiado la relación entre las cadenas de valor del sector textil holandés y el trabajo forzoso infantil en los campos de algodón en Turquía, opina que “ya no vale mirar para otro lado”.
El Ejecutivo neerlandés se pronunció sobre la posible reparación medioambiental y dijo que debería ser el Gobierno autónomo de la isla el que lo solicitara. Pese a que el arrecife de coral está protegido por el Protocolo de Cartagena, que prevé el derecho a restaurar los daños medioambientales, hasta ahora el Ejecutivo de la isla no ha pedido compensación. Fuentes de BAM aseguran que en la fase previa a la construcción del muelle, el Gobierno isleño exigió a la empresa pública Autoridades Portuarias de Curazao desembolsar 1,8 millones de euros para la construcción y gestión de un parque marino de 20 kilómetros porque “se sabía de antemano que el daño era inevitable”.
En febrero el portal de noticias neerlandés Follow the Money revelaba, sin embargo, que la zona del daño fue mayor que la permitida y acusó al Gobierno holandés de inacción. El director del centro Carmabi, Mark Vermeij, lamenta la negligencia con la que BAM ha llevado a cabo la construcción del segundo muelle: “Entendemos su importancia para el turismo, pero pudo haberse hecho de forma más inteligente”.
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