Los 20 tiros que acabaron con la vida del juez mexicano Uriel Villegas y su esposa Mónica Barajas han tocado las fibras más sensibles al interior de la judicatura. El doble crimen ocurrido el martes en el Estado de Colima ha obligado al poder judicial a debatir sobre la protección de los magistrados federales. Villegas, de 42 años y con dos hijas menores de edad, renunció en febrero de 2019 a sus seis escoltas y a una camioneta blindada a pesar de haber conocido casos penales de narcotráfico y delincuencia organizada. Tras su muerte, las autoridades se plantean si estas medidas de seguridad, ahora voluntarias, deben ser irrenunciables para los jueces de primera instancia.
El juez Villegas renunció a su protección ante la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del poder judicial. Esta le respondió con una opinión de riesgos que elabora la coordinación de seguridad de la judicatura. La secretaría pidió al togado ratificar su decisión y precisar que era “bajo su más estricta responsabilidad”.
Algunas versiones han especulado con que Villegas rechazó su escolta porque debía encargarse de algunos gastos de manutención de los agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad (tres guardias divididos en dos turnos de 24 horas) y del combustible de una camioneta ocho cilindros. Esto ha sido tajantemente negado a EL PAÍS por dos altos cargos del poder judicial y del Consejo de la Judicatura.
El poder judicial resiste al vendaval de austeridad que ha sacudido al Gobierno mexicano. Los funcionarios judiciales son una excepción en la lógica espartana impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que calificó el asesinato de Villegas como “crimen de Estado”. Un juez de distrito (primera instancia) tiene un salario mensual de 136.000 pesos (6.000 dólares) y una prima de riesgo anual de 405.000 pesos (18.000 dólares). A esto se añade una serie de prestaciones y prebendas que han sido erosionadas para los empleados del poder ejecutivo y legislativo.
El poder judicial paga la protección de sus jueces y magistrados mediante una partida presupuestaria destinada para ello. En el presupuesto para 2020, el rubro de vigilancia tiene asignado 1.914 millones de pesos (84.6 millones de dólares). El 40% de este gasto, unos 756,8 millones (33,4 millones de dólares) se dedica a los servicios de vigilancia para jueces y magistrados. No se sabe cuánto de este gasto corresponde al pago de escoltas o de gasolina.
El análisis del presupuesto también arroja que el poder judicial cada vez asigna más recursos para vigilancia, pero ejerce menos. En 2019, por ejemplo, se gastó menos que un año antes. Analistas del gasto presupuestario, como el politólogo Leonardo Núñez, explican que, generalmente, se gasta menos de lo presupuestado. Lo que han encontrado es que ese restante se transfiere a otras áreas dentro del poder judicial. El asesinato de Villegas obligará a la judicatura a reforzar el capítulo de vigilancia.
La memoria de 2019 del Consejo de la Judicatura recoge 303 solicitudes de protección emitidas por los jueces. Fueron otorgadas 42, apenas un 14%. En México hay 1.533 servidores que imparten justicia en el ámbito federal, entre magistrados de circuito (913) y jueces de distrito (620). En diciembre de 2019, el presidente del poder judicial y juez del Supremo, Arturo Zaldívar, informó de que 91 magistrados cuentan con vehículos blindados y 89 tienen, además, escoltas.
En otros países, la seguridad de los jueces no depende del propio poder judicial. En España, por ejemplo, se encarga el Ministerio del Interior, que en México sería Gobernación. Por tanto, es el poder ejecutivo quien evalúa y decide quién debe tener protección y también quien la paga con sus recursos. La protección se aumentó en los tiempos del terrorismo de ETA (no solo jueces, miles de políticos tenían escoltas), pero ahora esta se centra en magistrados y fiscales por la amenaza del yihadismo. Cada medio año, más o menos, se reevalúa el riesgo que corren.
El crimen de Villegas, el segundo juez federal asesinado desde octubre de 2016, ha agitado las aguas de reformas. Ricardo Monreal, el líder en el Senado de Morena, el partido gobernante, ha sugerido la figura de jueces sin rostro. Este modelo ha sido utilizado en países como Perú, durante los años de terrorismo de Sendero Luminoso, y en Colombia para juzgar a los miembros del narcotráfico y la guerrilla.
La violencia contra jueces y funcionarios judiciales colombianos ha sido sistemática, de acuerdo al Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos. Esta fundación registra anualmente entre 40 y 45 amenazas graves a togados, informa Santiago Torrado desde Bogotá. En la última década se han disminuido los homicidios aunque han incrementado las amenazas, los atentados y las acciones violentas contra familiares de los funcionarios judiciales.
Los expertos en procesos judiciales, sin embargo, han advertido de que la figura de los jueces sin rostro son un campo minado. Julio Ríos, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indica que Perú abusó del modelo y continuamente se cometían “arbitrariedades totales”. Los juicios a los acusados de terrorismo en ocasiones violaban garantías y eran llevados por funcionarios poco especializados. Ahora le toca a México debatir la seguridad de sus togados con una nueva tragedia a sus espaldas.
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