El cierre de fronteras que impuso el coronavirus frenó casi en seco la llegada de migrantes. Pero esa tregua acabará en cuanto se reabran las fronteras, a partir de esta semana. La oficina de asilo de la UE (EASO) ya ha advertido de un aumento de las solicitudes a niveles superiores a los anteriores a la crisis sanitaria. Para tratar de anticiparse y forjar una posición común en Bruselas, la vicepresidenta primera Carmen Calvo está liderando la coordinación de los ministerios implicados (Interior, Exteriores e Inclusión). El objetivo es reforzar la política migratoria en ocho áreas que el Gobierno define como “críticas”.El pasado 8 de junio, a pocos días de que finalizara el estado de alarma, Calvo citó a los tres ministros directamente implicados en los asuntos migratorios: la titular de Exteriores, Arancha González Laya; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La vicepresidenta les encomendó dar un nuevo impulso a este ámbito, uno de los principales desafíos que afronta el Gobierno. El encuentro, al que también asistieron los secretarios de Estado con competencias migratorias, sirvió para “estrechar la coordinación tras la pandemia y buscar un enfoque integral” del fenómeno migratorio, según fuentes de la vicepresidencia primera.Esa fue la señal política para acelerar trabajos ya en marcha —con énfasis en la inclusión de migrantes— y también para crear nuevos equipos de trabajo: el pacto migratorio europeo y las perspectivas de flujos provenientes de África y de América Latina.El primero debe servir para fortalecer la posición española en las negociaciones entre los Estados miembros de la UE. El Gobierno rechaza algunos postulados básicos en los que descansa la propuesta que prepara la Comisión Europea: la responsabilidad exclusiva que se atribuye a los países con frontera exterior de la UE (España entre ellos) de gestionar la migración arribada a su territorio, la sugerencia de internar en centros cerrados a extranjeros sin derecho a obtener asilo y la asistencia de los agentes de Frontex, la agencia europea de fronteras, en el control de los límites exteriores de la Unión.El otro equipo gubernamental de reciente creación estudia las perspectivas de llegadas desde América Latina, la región de donde proceden más del 80% de las peticiones de asilo en España, y África. Se trata de sacar el máximo partido al plan África, aprobado en marzo del año pasado, que persigue fomentar la inversión española en el continente vecino como fórmula para elevar el desarrollo y reducir el desplazamiento de las poblaciones.En el área de inclusión, uno de los mandatos más novedosos consiste en identificar “bolsas de pobreza y vulnerabilidad asociadas a la migración para actuar de manera más específica”, explica una fuente implicada en estos trabajos. Reforzar la red de acogida y contener las llegadas a Canarias, foco de desembarco creciente de pateras desde que Marruecos estrechó la vigilancia de sus costas septentrionales, hace más de un año, también resulta prioritario. Desarrollar “un discurso positivo de la migración”, atraer talento, gestionar las llegadas a las costas y valorar la incidencia económica del fenómeno migratorio completan los focos de actuación.La coordinación del fenómeno migratorio es uno de los retos pendientes en España, donde las competencias en la materia se reparten entre diversos ministerios que no siempre comparten el mismo enfoque ni se comunican con fluidez.El Defensor del Pueblo lleva años criticando en sus informes anuales la descoordinación entre departamentos, sobre todo del Ministerio del Interior y del Ministerio de Migraciones, cuyas actuaciones se complementan en la atención a determinados colectivos vulnerables como los solicitantes de asilo. En el verano de 2018, con la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo, se creó la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios que tenía como objetivo coordinar la gestión migratoria, pero esta comisión solo se ha reunido media decena de veces.En 2006, durante la llamada crisis de los cayucos, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha una comisión que se reunía semanalmente bajo la dirección de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y que fue la que puso en marcha la política de ayudas a los países africanos que logró frenar la salida de inmigrantes hacia Canarias.Efectos de la pandemia La parálisis de las entradas irregulares a España —en abril cayeron un 82% respecto a marzo, según Frontex— no será duradera. La Oficina de Asilo de la UE (EASO, por sus siglas en inglés), por su parte, augura que los movimientos de personas en busca de protección internacional volverán incluso con más fuerza que antes de la pandemia.El deterioro económico que el coronavirus provocará en países ya en una situación muy difícil antes de la pandemia incentivará aún más las salidas, según ese razonamiento. “Los países europeos deberían prepararse para incrementos en las solicitudes de asilo a medio plazo, también debido a las repercusiones de la covid-19 en países con ingresos medios y bajos”, asegura el organismo comunitario.Más de 40.000 solicitudes de asilo este añoEspaña se ha convertido, en lo que va de año, en el país europeo que más demandas de protección ha recibido: 41.997 solicitudes, según datos provisionales de la oficina europea EASO. En 2019, España se situó en la tercera posición.
La mayoría de esas solicitudes corresponden a ciudadanos latinoamericanos: venezolanos (33%), colombianos (32%), hondureños (6,4%) y peruanos (5,9%).
Al convertirse la región en nuevo epicentro de la pandemia, resulta poco probable que la UE la incluya en la lista de territorios con los que restaurar la movilidad a partir de julio. La decisión, en todo caso, no será uniforme, porque hay mucha disparidad entre países de la zona en cuanto al impacto epidemiológico del virus, matizan fuentes de Exteriores.
Aunque España encabezó en 2018 las llegadas irregulares a la UE a través del Mediterráneo, la opinión pública ha abrazado menos que en otros países los discursos de demonización del fenómeno migratorio. Aun así, el Gobierno está convencido de que una inmigración irregular descontrolada tendría un enorme coste político. La migración vuelve al primer plano de gestión del Ejecutivo una vez superada la fase más aguda de la pandemia.
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