El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido este miércoles enviar a la Asamblea regional la norma educativa con la que pretende neutralizar en lo posible la llamada ley Celaá (Lomloe), blindando la educación concertada y especial en la región, y manteniendo la segregación por sexos en centros sostenidos con fondos públicos (los privados concertados). El proyecto, que ya llegó a la Cámara en enero y quedó en suspenso por el adelanto electoral del 4-M, se ha puesto de nuevo en marcha en un momento especialmente sensible para la conflictiva relación entre las dos Administraciones: Isabel Díaz Ayuso será recibida por Pedro Sánchez este viernes en La Moncloa.
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Desde que Díaz Ayuso llegó por primera vez al poder, en 2019, ha chocado con Sánchez por casi todo: la política sanitaria, la fiscal, la económica, o la internacional. La política educativa no ha sido una excepción. Desde que arrancó la tramitación de la Lomloe, aprobada finalmente en noviembre de 2020, el PP atacó el proyecto con dureza. Y como el Gobierno de Madrid es el gran escaparate de las propuestas de la formación conservadora, el Ejecutivo de Díaz Ayuso impulsa una norma con la que intenta neutralizar los aspectos de la ley nacional que no le gustan.
“La reciente aprobación de la ley Celaá ha supuesto un recorte de la libertad de elección de las familias a la hora de decidir centro y tipo de educación para los alumnos”, defendió Díaz Ayuso el 19 de junio, durante el debate para su investidura como presidenta regional. “Por eso, y con respeto absoluto a nuestra normativa constitucional y a la nueva Ley Orgánica de Educación, planteamos una ley autonómica que defienda la libertad”, añadió. “Concretamente, una ley que garantice la Libertad de elección de las familias y el distrito único, el criterio de la demanda social, la excelencia académica, los concursos públicos para centros concertados, la educación diferenciada, y por supuesto, la educación especial”, detalló.
Así, la propuesta de la Comunidad de Madrid reúne todos los requisitos para alimentar un nuevo choque con el Gobierno central. Este, probablemente, será uno de los asuntos que traten Sánchez y Díaz Ayuso el viernes, cuando tienen previsto reunirse en La Moncloa por primera vez desde que la líder conservadora accedió al poder.
“Lo que pretende la ley maestra de libertad educativa es defender los derechos de calidad educativa tras la promulgación de la ley Celaá”, ha asegurado este miércoles Enrique Ossorio, el portavoz del Gobierno de Madrid, subrayando que la norma busca “garantizar” la libertad de elección de centro educativo en Madrid y “proteger” el modelo de enseñanza concertada y especial. Además, ha señalado el también consejero de Educación, la nueva ley permitiría blindar la educación diferenciada por sexos en la región, porque “no quebranta la libertad”, o que siga habiendo concursos para usar suelo público para construir colegios concertados.
Es seguro que el PP se enfrentará a la oposición de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Todo quedará, pues, en manos de Vox, su único socio posible. Una alianza de facto que trabaja a un ritmo mucho más alto que la pasada legislatura. Si entonces el Gobierno solo logró aprobar una reforma de la ley del suelo y la creación de una universidad privada, ahora se prepara para votar la reforma de la ley de Telemadrid, o esta nueva norma educativa, mientras anuncia un proyecto de Presupuestos, una rebaja fiscal… Todo, solo dos meses después de que Díaz Ayuso lograra retener el poder en las elecciones del 4-M.
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