Dos asociaciones judiciales han redoblado este martes la presión sobre el Congreso y el Senado para instarles a promover la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde diciembre de 2018. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha anunciado que va a denunciar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que las Cortes llevan casi tres años “incumpliendo” con su obligación de renovar el órgano, mientras que Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) ha enviado una carta a las presidentas de ambas cámaras para instarles a que promuevan el desbloqueo del Consejo.
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El anuncio de AJFV, la segunda asociación más representativa de la carrera, responde a la decisión el Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso de amparo que esta asociación interpuso el año pasado para que ese tribunal se pronunciara sobre la supuesta inactividad del Congreso y del Senado respecto a su obligación de convocar las votaciones para renovar el CGPJ. El Constitucional no ha admitido el recurso porque se presentó fuera del plazo, pero la asociación no está de acuerdo con los plazos fijados por el tribunal y confía en que la justicia europea le dé la razón.
AJFV también instó al Tribunal Constitucional a que se pronunciara sobre los repartos con los que PSOE y PP “han politizado cada vez más el órgano de gobierno de los jueces españoles desde 1986, cuando el propio TC ya advirtió de que esos repartos partidistas serían inconstitucionales”, ha denunciado la asociación en un comunicado. “Por eso mismo esta asociación que representa a cerca de 900 jueces y magistrados entiende que también es inconstitucional que el Congreso y el Senado lleven casi tres años incumpliendo con una obligación que, en ningún caso, puede depender de que dos partidos se repartan entre ellos y por intereses partidistas un órgano como el CGPJ al margen de las propias Cortes Generales, que quedan así limitadas a escenificar el paripé parlamentario de los sucesivos repartos partidistas del órgano de gobierno de los jueces españoles”, añade el texto.
Por su parte, Juezas y Jueces para la Democracia reclama a las presidentas del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, respectivamente, que se dirijan a la dirección del PP “o de los grupos parlamentarios que sea preciso” para proceder al “inmediato” cumplimiento de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecen que el órgano debe renovarse cada cinco años. “Ambas están siendo incumplidas y vulneradas con técnicas de bloqueo inadmisibles en democracia”, advierte la carta de JJPD.
La asociación culpa de la situación al partido que lidera Pablo Casado y le reprocha sus razones “cambiantes” para oponerse a pactar con el Gobierno. “La pretensión de una reforma previa del sistema de elección no puede ser obstáculo para la renovación. Si debe hacerse, corresponde a las Cortes Generales adoptarla”, apunta el escrito, que recuerda que “también es responsabilidad del Congreso y Senado cumplir la Constitución y renovar en plazo, conforme a la regulación vigente en cada momento, el Consejo General del Poder Judicial”. “Hace veinte años se acordó, estando el Partido Popular gobernando y el PSOE en la oposición, un Pacto de Estado sobre la Justicia que diseñó el actual sistema para la designación del Poder Judicial. El pacto se plasmó en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incumplida desde hace largos meses”, añade la asociación, que dirige su escrito también al presidente del CGPJ, al que piden que se dirija de nuevo a las Cortes para proceder a la “inmediata renovación” del órgano.
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