Una clínica abortista de San Antonio (Texas), cerrada por la prohibición estatal, el pasado 16 de agosto.CALLAGHAN O’HARE (REUTERS)
La Casa Blanca programa casi todas las semanas una o varias reuniones sobre derechos reproductivos, con representantes de distintas administraciones y participación en ocasiones del presidente Joe Biden. El derecho al aborto se ha convertido en un banderín de enganche de los demócratas para movilizar a los votantes de cara a las elecciones de medio mandato, en noviembre. Pero sobre el terreno, en cada uno de los Estados a los que el Tribunal Supremo entregó la potestad legislativa sobre el aborto tras revocar en junio Roe contra Wade, el antecedente que convirtió en constitucional ese derecho, la realidad cotidiana está teñida de dudas y sobresaltos; en muchos casos, también de miedo. Como fichas del dominó, nuevos Estados se han ido sumando al campo de la prohibición total (esta semana lo han hecho Idaho, Oklahoma, Tennessee y Texas, este último incorporando la tercera ley restrictiva a la prohibición inicial adoptada en septiembre). Los centros de planificación familiar de Illinois y California han tenido que ampliar su capacidad para atender a pacientes de otros Estados que se ven obligadas a viajar para abortar.
Cuando se cumplen dos meses de la decisión del Supremo, que acabó con un derecho consagrado por la Constitución desde 1973, 16 Estados —casi un tercio del total— tienen prohibiciones vigentes. 11 han eliminado por completo el acceso. Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Oklahoma, Dakota del Sur y Texas fueron los primeros. El 25 de agosto, Idaho y Tennessee, que lo permitían hasta la sexta semana, se sumaron a la lista tras entrar en vigor las llamadas leyes gatillo, o cláusulas de activación (trigger laws, en inglés). El jueves la cláusula entró en vigor en Texas, aunque el aborto ya estaba prohibido desde septiembre. En Dakota del Norte, un juez paralizó el jueves la ley gatillo, que debía haber entrado en vigor un día después. Son datos de Planned Parenthood, entidad que ofrece la mayor red de centros de planificación de EE UU. Se estima que una de cada tres estadounidenses se ha quedado sin acceso a la mayoría o a la totalidad de las prestaciones de un aborto.
El caso de Texas es extremo. Avanzadilla del prohibicionismo, hoy no contempla ni siquiera las excepciones por violación o incesto. La tercera vuelta de tuerca a la prohibición incrementa las sanciones para quienes faciliten un aborto, a la cabeza de todos ellos los sanitarios, que pueden ser acusados de delito grave en primer grado y ser condenados a cadena perpetua, pérdida de la licencia para ejercer y multas superiores a los 100.000 dólares. En el resto de los Estados, los sanitarios que atiendan una urgencia médica con resultado de aborto también corren riesgo, dado que las “excepciones” son muy poco específicas: si las autoridades consideran que el “riesgo para la vida de la madre” no entra dentro de los supuestos, el castigo será igualmente implacable. Texas introdujo en septiembre la delación para denunciar la práctica de abortos; Oklahoma siguió el ejemplo en mayo.
“Vivimos una crisis de salud pública. Dos meses después de que el Supremo eliminara el derecho constitucional al aborto, casi un tercio de este país no tiene acceso significativo a la atención médica. Las personas que viven en estos Estados tienen menos derechos que aquellas que viven donde el aborto sigue siendo legal. Se les ha despojado de su derecho fundamental a decidir qué es lo mejor para sus propios cuerpos, vidas y futuros. Las personas embarazadas que buscan abortar se han visto obligadas a huir de sus comunidades en busca de atención, incurriendo en grandes gastos y sacrificios para ellas y sus familias. Aquellas que no pueden permitirse estos gastos y gestiones enfrentan consecuencias que les cambiarán la vida, incluyendo peores perspectivas para ellas y sus hijos”, señala Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood.
La batalla legal iniciada por la Administración de Biden para hacer prevalecer los derechos de las mujeres también se libra en los Estados, como demuestra el bloqueo, este miércoles, por parte de un juez de Texas de la orden ejecutiva del Gobierno federal que instaba —recordaba, más bien— a los hospitales que reciben fondos federales que por ley están obligados a practicar abortos en casos de emergencia médica, independientemente de la legislación del Estado. El juez dio la razón a las autoridades de Texas, y la orden presidencial quedó en suspenso. Ese mismo día, un juez de Idaho falló en sentido contrario, dando la razón al Gobierno federal en un caso similar. El acceso al aborto, pues, ya no solo recae en los Estados, sino en los jueces y, ulteriormente, en el Departamento de Justicia.
La nueva realidad legislativa provoca situaciones grotescas, cuando no trágicas. Médicos que envían a sus pacientes fuera del Estado en cuestión, lo que multiplica el coste y colapsa los servicios en destino; temor de los farmacéuticos a dispensar medicamentos habitualmente usados para tratar cáncer, artritis y úlceras por si se usan para provocar un aborto; o el acaparamiento de los dos fármacos utilizados en los abortos por vía química (el 54% de los practicados en el país en 2020). Una mujer de Houston (Texas) que rompió aguas espontáneamente a las 19 semanas de gestación no recibió atención médica hasta días después, cuando había desarrollado una infección potencialmente mortal, por miedo de los médicos a que su intervención fuese considerada un aborto. En Luisiana, una embarazada con un diagnóstico de muerte perinatal —el bebé no iba a sobrevivir más de una semana fuera del útero— vio denegado su deseo de abortar. El caso de la niña de 10 años de Ohio embarazada tras una violación ha sido el más dramático: perseguida y refugiada en la vecina Indiana, la médica que le practicó el aborto fue vilipendiada incluso por el propio fiscal del Estado.
En un Estado conservador como Kansas, los votantes blindaron recientemente en las urnas el derecho a la interrupción del embarazo, lo que ha dado alas a la Casa Blanca, dispuesta a convertir la batalla por el aborto en principal baza electoral de cara a noviembre. Las primarias de Nueva York han dado réditos a los candidatos que enarbolaron el derecho a elegir. El asunto permea cada vez más capas: la sanitaria, la social, la económica —la prohibición afecta especialmente a las minorías raciales y rentas más bajas—, la jurídica y la política. También la tecnológica, después de que Google se haya visto obligado esta semana a identificar claramente en su motor de búsqueda y en sus mapas las clínicas y centros que facilitan el aborto, para evitar resultados engañosos que dirigían a los usuarios masivamente en la dirección contraria: a centros llamados provida.
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