Manuel Castelo y Carmen Escrivá de Romaní, nietos de Julio Muñoz Ramonet, se sentarán el viernes en el banquillo en calidad de investigados. Y lo harán después de que los abogados de la Fundación Julio Muñoz Ramonet, que velan desde el Ayuntamiento de Barcelona para que se cumpla la última voluntad del industrial fallecido en 1991, ampliaran la querella por apropiación indebida tras “constatar la sustracción y falta de entrega de la mayor parte del legado pictórico de Muñoz Ramonet”.
En febrero y marzo del año pasado el juez de instrucción ordenó que la Guardia Civil registrara varias viviendas, locales y empresas de la familia de Muñoz Ramonet, el industrial que dejó en herencia a Barcelona una enorme colección de gran valor artístico y económico con piezas firmadas por El Greco, Goya, Fortuny, Eugenio Lucas, Pantoja de la Cruz, Rembrandt y Sorolla, además de retablos y tablas medievales, entre otros, y que sus herederos se han negado a entregar desde entonces.
En esos registros se incautaron 474 obras de arte que permanecen en dos almacenes y en la sede del Instituto del Patrimonio Histórico de Madrid y 18 en el MNAC de Barcelona. Las obras recuperadas permitieron comprobar cómo, pese a lo que se había mantenido, los descendientes de Muñoz Ramonet sí que habían sacado obras del interior de la casa de la calle Muntaner que también dejó en herencia. Pese a todo faltan por localizar las obras más importantes de la colección.
Faltan por localizar las obras más importantes de la colección.
Tras estas incautaciones, el abogado penalista Marc Molins anunció en octubre, junto a José Águila, teniente de la guardia civil de la sección de Patrimonio de la UCO y Joan Subirats, responsable de la Cultura de Barcelona, que estudiaba ampliar la querella a otros miembros de la familia. “Como resultado del registro y localización de las obras en casa de Manuel Castelo se ha realizado lo que se llama una ampliación subjetiva; añadiendo nuevos investigados que se suman a las personas que asumirían una eventual responsabilidad. En el caso de Escrivá de Romaní, como representante de Culturarte S. A. [la empresa a la que está vinculada la colección], que declaró en 2005 que nunca habían salido obras de la casa”, explica Molins, que dice que “nada impide añadir más investigados y ampliar el objeto de investigación”, sin añadir detalles.
La declaración de los primos se realizará en Madrid y los abogados las seguirán desde Barcelona. “Igual repiten las excusas usadas por sus madres y tías para no declarar”, prosigue Molins, que destaca la importancia de sentarlos en el banquillo “porque demuestra que toda la familia trabaja con unidad de propósito. Las incautaciones permiten ver que las obras estaban dispuestas a disfrute de Castelo y patrimonialmente están en su esfera. ¡Qué menos que preste declaración junto a su madre y sus tías!”. Para él, “la diferencia con las anteriores declaraciones es que las obras han aparecido en sus domicilios y está más cerca la posibilidad de que negar la evidencia tenga consecuencias penales”.
Castelo y Escrivá de Romaní son dos de las personas que están ahora al frente de la mayoría de la decena de entidades del grupo de empresas familiares y han tenido un papel más activo en los últimos años en el rechazo a entregar las obras de su abuelo. El primero, además, está implicado en el robo de dos de las obras más destacadas: una de Goya y otra de El Greco, que tras desaparecer del domicilio de su madre Isabel Muñoz (la destacada fotógrafa, Premio Nacional en 2016), se recuperaron en una vivienda de su padre, Jesús Castelo. Las dos obras están depositadas por el juez en el MNAC que las exhibe en su colección permanente.
Los abogados de la Fundación no han llevado a cabo la segunda denuncia que anunciaron: la de atentar contra el patrimonio tras comprobar —por las imágenes de la Guardia Civil de los registros— el mal estado de muchas de las obras conservadas en garajes y almacenes sin condiciones. Y no lo han hecho porque, pese a que el juez levantó el secreto de sumario en julio, las obras no han viajado a Barcelona, como se ha reclamado en varias veces. Los técnicos tampoco las han visto. “El juez quiere disponer de la documentación requisada, que se está digitalizando para peritar y sacar conclusiones. No descartamos poner la denuncia cuando conozcamos su estado de conservación”, concluye.
Unas 200 piezas por recuperar
Tras los registros de Madrid y Barcelona se recuperaron 474 obras. Pero faltan otras 200 más, según los expertos de la Fundación Muñoz Ramonet. Las cifras no serán definitivas hasta que la documentación también requisada en febrero y marzo permita saber el número exacto de las obras que había en la casa de Julio Muñoz cuando falleció en 1991. La familia no ha proporcionado nunca registro alguno; solo se sabe su número aproximado por inventarios realizados en las compraventas de la colección que hizo Muñoz Ramonet.
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