‘La lucha por la seguridad del país no admite ambiciones personales ni la búsqueda de dividendos políticos’, sostuvo el titular de la SSPC.
En el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, afirmó que la lucha por la seguridad del país “no admite ambiciones personales ni la búsqueda de dividendos políticos”.
“Es menester asumirla como una labor de Estado, que involucre a todas las instituciones e implique corresponsabilidad y visión de futuro. Lo ideal sería construir un modelo de orden social que por su equidad y eficiencia asegurara la abolición de las causas que originan el crimen. Mientras eso sucede, todos debemos estar a bordo de este esfuerzo, hay que apretar el paso”, señaló.
“Sobran circunstancias en las que uno quisiera lavarse las manos pero, o le atoramos juntos o fracasamos por separado. Nadie debe sustraerse a la tarea que le corresponde. El mandato de todas y todos los mexicanos para todas las autoridades aquí reunidas es sumar sin pequeñeces ni regateos las capacidades y esfuerzos del Estado en su conjunto, los tres poderes, los tres niveles de gobierno, los órganos autónomos y la sociedad para regresar la paz y la tranquilidad a nuestra gente”, agregó.
Frente a los mandatarios estatales, Durazo Montaño reconoció que el 2019 fue un año difícil en materia de seguridad, “es evidente que no hemos logrado los resultados deseados; sin embargo, hemos mejorado sustantivamente los instrumentos del estado para combatir la inseguridad”.
No obstante, expresó que si bien existen apreciaciones diversas sobre la mejor manera de recuperar la paz en México, estas no han sido un obstáculo para garantizar la coordinación de las instituciones.
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El titular de la SSPC también puso énfasis en que al establecer las prioridades que vendrán en materia de seguridad pública, se debe anteponer el combate a la delincuencia común, ya que la ciudadanía sufre de manera cotidiana los delitos como homicidios, robos y asaltos.
Y expresó que el gobierno debe estar determinado a erradicar la corrupción en todos los niveles, especialmente en los cuerpos de seguridad, pues este mal puede infiltrarse hasta los más altos niveles de decisión en México.
“La primera racional de la seguridad es muy sencilla: honestidad en los integrantes de los cuerpos de seguridad. La corrupción, esa gran plaga, particularmente se volvió el gran rival de la seguridad en nuestro país”, apuntó.
“Frente a ese reto, las policías municipales particularmente son hoy socialmente percibidas como altamente corruptas. Aquí toma su dimensión real la modificación al artículo 17 constitucional para calificar a la corrupción como delito grave. No me pronuncio aquí por un ajuste de cuentas ni por hacer tabla rasa, sino por un proceso de justicia que nos ayude a limpiar de arriba hacia abajo a las organizaciones policiales de elementos que en realidad son pertenecientes al crimen organizado”, añadió.
En este contexto, Alfonso Durazo reiteró que la Guardia Nacional será un elemento clave para enfrentar a la criminalidad que vive el país, pero aceptó que el problema no se solucionará si no se logra contar con policías estatales y municipales que funcionen con estándares homologados de profesionalización a los que tiene dicho cuerpo de seguridad.
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“Los problemas de seguridad pública no tienen ciertamente una solución militar, pero la disciplina, formación y sentido del deber que tienen un militar y un marino, ahora inherentes a la Guardia Nacional, son imprescindibles en la solución de los problemas de seguridad pública”, expuso.
“El ambiente de paz y tranquilidad que todos anhelamos no será producto únicamente del uso de la fuerza que las autoridades seamos capaces de ejercer, sino de la capacidad del Estado mexicano para generar condiciones mínimas indispensables de justicia social. Ratificamos por ello la importancia de generar un cambio de paradigma en la atención al consumo de drogas. Este consejo debe trabajar para que se evite la criminalización del fenómeno y su tratamiento se asuma como un tema de salud pública. En vez de emplear tiempo, esfuerzo y recursos en perseguir a los consumidores, busquemos que los cuerpos de seguridad pública puedan enfocarse en su labor de proteger a la comunidad más eficazmente”, finalizó.
A la reunión asistieron: Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República; Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Olga Sánchez Cordero Dávila, secretaria de Gobernación; Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República; Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; Javier Laynez Potisek, ministro presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.
También estuvieron presentes: Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación; Leonel Efraín Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública; y Clara Luz Flores Carrales, presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y presidenta municipal de Escobedo, Nuevo León.
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Así como los gobernadoras y gobernadores: Martín Orozco Sandoval, Aguascalientes; Jaime Bonilla Valdez, Baja California; Carlos Mendoza Davis, Baja California Sur; Carlos Miguel Aysa González, Campeche; Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Chiapas; Javier Corral Jurado, Chihuahua; Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de Ciudad de México; Miguel Ángel Riquelme Solís, Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, Colima; José Rosas Aispuro Torres, Durango; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Guanajuato; Héctor Antonio Astudillo Flores, Guerrero.
Y Omar Fayad Meneses, Hidalgo; Enrique Alfaro Ramírez, Jalisco; Alfredo del Mazo Maza, Estado de México; Silvano Aureoles Conejo, Michoacán; Cuauhtémoc Blanco Bravo, Morelos; Antonio Echevarría García, Nayarit; Jaime Rodríguez Calderón, Nuevo León; Alejandro Murat Hinojosa, Oaxaca; Francisco Domínguez Servién, Querétaro; Carlos Manuel Joaquín González, Quintana Roo; Juan Manuel Carreras López, San Luis Potosí; Quirino Ordaz Coppel, Sinaloa; Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Sonora; Adán Augusto López Hernández, Tabasco; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Tamaulipas; Marco Antonio Mena Rodríguez, Tlaxcala; Cuitláhuac García Jiménez, Veracruz; Mauricio Vila Dosal, Yucatán; y Alejandro Tello Cristerna, Zacatecas.