Ecuador decide entre González y Noboa en una segunda vuelta presidencial marcada por un contexto violento

Los ecuatorianos están llamados de nuevo este domingo a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, aliada del expresidente Rafael Correa, aspira a hacer valer su condición de favorita frente al empresario Daniel Noboa, que ha alcanzado contra pronóstico esta definitiva ronda electoral.

González logró en la primera vuelta del 20 de agosto más del 33 por ciento de los votos, demostrando hasta qué punto el ‘correísmo’ sigue siendo una corriente popular en un Ecuador del que permanece alejado el propio Correa, que vive actualmente en Bélgica y tiene varias causas judiciales pendientes en el país sudamericano.

El ‘correísmo’ ha enfatizado que los juicios abiertos por corrupción contra antiguos dirigentes forman parte de una persecución política y se ha erigido como garante del desarrollo social. En el último debate televisado, González planteó que quiere combatir la inseguridad mejorando aspectos como la creación de empleo.

El repunte de la violencia, atribuido a enfrentamientos entre bandas y extendido también a las cárceles -el actual Gobierno decretó en julio el estado de excepción en el sistema penitenciario-, se ha convertido en el gran tema de la campaña, especialmente después de que en los días previos a la primera vuelta muriese asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Noboa, que superó el 23 por ciento de los sufragios en primera vuelta, prometió en el debate reforzar el control en la frontera y cooperar con países de la región para tejer alianzas. Los seis primeros detenidos por el asesinato de Villavicencio, asesinados en prisión la semana pasada, tenían nacionalidad colombiana, lo que evidenciaría la interrelación entre grupos de distintos países.

Personal militar asegura el área en la mesa electoral donde votará la candidata presidencial ecuatoriana Luisa González. Foto: Reuters

De hecho, dos de cada tres ecuatorianos no se sienten seguros al caminar solos por la noche, según una encuesta sobre seguridad realizada por la firma Gallup en 2022, un año que se cerró con una subida de la tasa de homicidios: se elevó a más de 25 por cada 100.000 habitantes, desde los 13,7 registrados en 2021, y para 2023 no se anticipa ninguna mejoría estadística.

Para las elecciones de este domingo, el Gobierno y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han elaborado un nuevo plan de seguridad que considera el despliegue de unos 53,700 policías en todo el país. Las autoridades también han anticipado controles minuciosos en los accesos a los colegios electorales, por lo que han recomendado a los votantes que eviten llevar bolsos o mochilas para evitar retrasos.

Los colegios electorales abrirán a las 7:00 (hora local) y no se cerrarán hasta las 17:00. Para la votación en el extranjero, los horarios se adaptarán al país en cuestión.

Para la primera vuelta, en el exterior se probó un inédito sistema de voto telemático, pero una serie de problemas técnicos han llevado a las autoridades de Ecuador a dar marcha atrás y recurrir de nuevo a las urnas y la presencialidad. En la primera jornada, de los 409,000 potenciales votantes, apenas 44,000 se registraron en el sistema y, de ellos, sólo 12,000 pudieron ejercer su derecho de sufragio.

Foto: Reuters

Los fallos técnicos también han obligado a repetir las elecciones parlamentarias para los expatriados, que tienen derecho a elegir a sus propios representantes en la Asamblea Nacional. Revolución Ciudadana es actualmente el partido con más escaños, 48, aunque independientemente de lo que ocurra este domingo no podrá alcanzar por sí solo el umbral de la mayoría absoluta (69).

Tanto los asambleístas como las personas que ostenten la Presidencia y la Vicepresidencia de Ecuador tendrán en cualquier caso un mandato más corto al habitual, ya que no se trata del arranque de un nuevo periodo como tal sino de cubrir los dos años que restaban del anterior.

Así lo establece el precepto constitucional al que recurrió a mediados de mayo el presidente saliente, Guillermo Lasso, que apeló a la conocida como ‘muerte cruzada’ para disolver la Asamblea Nacional y evitar así el arranque de un juicio político. Esta iniciativa implicaba forzar un doble adelanto electoral en caso de “grave crisis política”.

Lasso, que deslizó en un inicio una posible candidatura a la reelección que terminó descartando, ha permanecido bastante al margen de la campaña, centrado en su agenda oficial como presidente y reivindicando nuevos logros en el ámbito comercial o diplomático. En materia de seguridad, ha intensificado las operaciones en las principales cárceles.


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