El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa en Palacio NacionalPresidencia de México (EFE/Presidencia de México)
Con el telón de fondo de la polémica ausencia de Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas, inaugurada este miércoles en Los Ángeles, la presión sobre el Gobierno mexicano ha ido en ascenso durante este semana desde distintos bandos de la política estadounidense. Por un lado, dos de los senadores republicanos más radicales, Ted Cruz y Marco Rubio, cargaron contra el presidente mexicano por criticar el veto de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la cumbre, que a la postre provocó la ausencia también de López Obrador, sobre el que deslizaron además acusaciones de connivencia con el crimen organizado. A la vez, desde la flanco demócrata, 15 congresistas del partido del presidente Joe Biden enviaron el miércoles una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, pidiendo más presión sobre el Gobierno mexicano por la falta de protección a los periodistas.
La respuesta de López Obrador ha sido pasar al ataque contra Cruz y Rubio, exigiéndoles pruebas sobre la supuesta relación con el crimen organizado, unas acusaciones recurrentes en el forcejeo constante de la política mexicana, y sacando a relucir la financiación del lobby armamentístico al partido republicano. “Le emplazo a que presente pruebas de lo que está diciendo porque yo sí tengo pruebas de que a él -refiriéndose a Cruz- le ha dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en EE UU”. En concreto, el presidente mexicano señaló que sólo el año pasado, la Asociación Nacional del Rifle concedió alrededor de 120.000 dólares al senador por Texas para su campaña a favor de las armas, un debate en plena ebullición tras los últimas matanzas en el país desatadas por tiroteos en escuelas, hospitales y supermercados.
El asunto elegido por López Obrador para contrarrestar las críticas de los republicanos tiene también una lectura de política nacional para el presidente. México ha redoblado su apuesta contra el tráfico de armas durante los últimos años. Además de la insistencia de la Cancillería en cada una de las reuniones bilaterales, o la mención del tema por parte de López Obrador en su discurso en la ONU, el Gobierno demandó en agosto del año pasado a 11 compañías estadounidenses por facilitar el tráfico ilegal.
El propio Canciller Marcelo Ebrard, presente en la cumbre de Los Ángeles, salió también al paso de las acusaciones de Cruz y Marco. “Siempre ha sido de ultraderecha”, mencionó Ebrard sobre los dos senadores conservadores, representantes del ala más extrema del partido republicano y azotes durante los últimos meses del Gobierno de Biden. Durante la primera reunión de ministros de Exteriores en Los Angeles, el canciller mexicano calificó de “error estratégico” la exclusión de las tres autocracias de la primera cumbre en suelo estadounidense desde la de diciembre de 1994 en Miami. La respuesta de Rubio, senador por Florida, llegó a través de un mensaje en sus redes sociales.”Un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba”.
No ha habido respuesta todavía a los legisladores demócratas, que recogieron en su carta los terríficas cifras de 145 periodistas asesinados desde el año 2000. Para después señalar directamente la actitud de López Obrador, que “con frecuencia ha denigrado e intimidado a periodistas independientes y a activistas en ruedas de prensa diarias”. Los demócratas manifiestas además su preocupación por la falta de financiación del Mecanismo de Protección de periodistas tras los últimos recortes presupuestarios. “La corrupción generalizada en todos los niveles del gobierno, combinada con un sistema de justicia insuficiente han llevado a una impunidad casi total”, señala con dureza la carta.
Los demócratas recuperan además una reciente resolución del Parlamento Europeo en la que se pedía a las autoridades de México más protección para periodistas y defensores de derechos humanos. La respuestas entonces del Gobierno mexicano fue un comunicado donde acusaba a los eurodiputados de haberse sumado “como borregos” a la estrategia “reaccionaria” y “golpista” de quienes están en contra de su proyecto de Gobierno, la Cuarta Transformación.
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