Estados Unidos y un grupo de países occidentales, entre ellos Alemania, Francia, España y el Reino Unido, han expresado su preocupación por las denuncias de decenas de asesinatos y desapariciones de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad afganas después de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán en agosto.
En una declaración conjunta emitida durante el fin de semana, un total de 21 países, además de la Unión Europea, han reaccionado así a los informes sobre estos crímenes documentados por Human Rights Watch y otras organizaciones. “Subrayamos que las presuntas acciones constituyen graves violaciones de los derechos humanos y contradicen la amnistía anunciada por los talibanes”, dice la declaración, divulgada por el Departamento de Estado de EE UU, entre otros. “Los casos denunciados deben ser investigados sin demora y de forma transparente, los responsables deben rendir cuentas, y estas medidas deben ser claramente publicadas como elemento disuasorio inmediato de nuevos asesinatos y desapariciones”, añade el comunicado.
Human Rights Watch aseguró en un informe del 30 de noviembre que los talibanes han ejecutado o hecho desaparecer al menos a 47 antiguos integrantes de la Fuerza Nacional Afgana de Seguridad (ANSF, por sus siglas en inglés) después de que se entregaran o fueran detenidos, a pesar de la amnistía proclamada por el nuevo régimen del país. Además, la ONG recalcó que dispone de información “creíble” de más de 100 asesinatos de expolicías y miembros de servicios de inteligencia en cuatro provincias desde que los talibanes tomaron el control del país.
El portavoz del Ministerio del Interior afgano, Sayed Khosti, rechazó este domingo la acusación y afirmó que no se han presentado pruebas de estos actos de represalia contra las fuerzas de seguridad del anterior Gobierno. “Si hay alguna prueba, debe ser compartida con nosotros”, ha señalado en una declaración en vídeo, en el que destacó la amnistía general anunciada por el Ejecutivo talibán. “Hemos tenido algunos casos individuales de asesinatos de exmiembros del Gobierno, pero se debieron a enemistades privadas y hemos detenido a los implicados”, ha alegado. “Esto es una calumnia contra el Emirato Islámico de Afganistán, no es justicia”, ha aseverado.
El Ejecutivo talibán afirma que detendrá a cualquiera que pueda demostrar que ha llevado a cabo represalias violentas contra miembros del antiguo ejército. Enfrentados a una profunda crisis económica tras la retirada de la ayuda exterior tras la retirada de Estados Unidos y sus aliados de Afganistán, los talibanes han pedido ayuda internacional para evitar un desastre humanitario, ya que más de la mitad de la población se enfrenta al hambre durante el invierno.
Pero tras las denuncias de ejecuciones de miembros de las fuerzas de seguridad, la comunidad internacional ha lanzado una advertencia y señala en el comunicado: “Seguiremos midiendo a los talibanes por sus acciones”.
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