Una vez más, el mediático alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha hecho una declaración de guerra contra los empresarios de la segunda ciudad de Colombia. Sus palabras han provocado un escándalo en el que salió a terciar el presidente Iván Duque. En una entrevista a la revista Semana, Quintero dijo que el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) se asemejaba a los carteles de la mafia.
En una urbe que padeció años de violencia por el cartel de Pablo Escobar, esas declaraciones han generado reacciones políticas enconadas en el arranque de un intenso año electoral, a meses de las elecciones de marzo al Congreso y las presidenciales de mayo. Una de las empresas del GEA, Argos, ha anunciado una denuncia penal por injuria contra el alcalde. Quintero, además, está a las puertas de un proceso de revocatoria a su mandato. Este lunes, la Registraduría avaló las firmas entregadas para solicitarlo por quienes le acusan de llevar a cabo una mala gestión de la ciudad.
El origen de la última polémica de Quintero fueron unas declaraciones en las que también fustigaba al expresidente Álvaro Uribe y al exalcalde y candidato presidencial de centro Sergio Fajardo. A pesar de estar enfrentados, ambos son figuras nacionales con orígenes en Medellín. “Aquí lo que había era unos carteles, unas mafias, donde se sumaban el GEA, el uribismo, el fajardismo, y todos tenían un acuerdo de hacerse pasito y llegó alguien independiente, puso el dedo en la llaga y eso les ha dolido mucho”, le dijo Quintero a la publicación.
Aunque no lo mencionó con nombre propio, el presidente Iván Duque se refirió a la controversia. “El matoneo de políticos a la iniciativa privada, a los emprendedores y a las empresas es propio de los métodos fracasados del Socialismo del Siglo XXI. No a la estigmatización empresarial, ni a las expropiaciones, ni al odio de clases que ha arruinado varios países de la región”, tuiteó el mandatario este lunes. “Los resentidos socialistas y sus colaboradores esconden su corrupción y sus fracasos con descrédito calumnioso a la actividad privada y a defensores de la democracia”, reaccionó previamente el expresidente Uribe, el mentor político de Duque.
Una semana crucial
Medellín vive momentos de suma agitación. Esta semana se conocerá también el resultado de dos ofertas públicas de adquisición (OPA) que lanzó el banquero Jaime Gilinski para tomar el control de los activos más importantes del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), la compañía de alimentación Nutresa y el holding financiero Grupo Sura.
La ofensiva de Gilinski, el segundo empresario más importante de Colombia después del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, ha tocado también el orgullo regional. El GEA cuenta con 14.000 accionistas, un 40% con una participación por debajo del 2% y entre los minoritarios se encuentran los fondos de pensiones. Pero, además, tras la época del terrorismo vivido bajo Pablo Escobar, se desarrolló en la ciudad una alianza entre empresa, Estado y academia, que aún se mantiene.
Por eso también han dolido las palabras del alcalde, pronunciadas precisamente en la revista que es propiedad de Gilinski. Argos, una de las empresas mencionadas, ha difundido un comunicado en el que señala que las declaraciones de Quintero en medio de la OPA “pueden incidir negativamente en la percepción de los inversionistas nacionales e internacionales al ser falsas y engañosas”. Y anunció acciones legales.
Mientras tanto, artistas, gestores culturales y otras figuras de la ciudad también se han pronunciado a favor del GEA. Varios de ellos hablan de los 125.000 empleos directos que dan estas empresas y otros de la destrucción del capital social durante la administración de Quintero. “La mentira hiere a la ciudad, la dignidad de los medellinenses, desconoce la historia de horror que padecimos y de la que logramos sobreponernos con la suma de esfuerzos, capacidades, liderazgos, recursos, bondad y solidaridad”, dijo también Proantioquia, una alianza público-privada para la generación de empleo en la ciudad.
No es la primera vez que Quintero enfila contra este grupo. Hizo campaña criticando a los empresarios y ha dicho que la junta de Empresas Públicas de Medellín (EPM) tenía intereses que no favorecían a los ciudadanos. Y en agosto del año pasado demandó a los constructores de la represa Hidroituango, pero sin informar a la junta directiva de las EPM, lo que ocasionó la renuncia de todos sus integrantes indignados por considerar que el alcalde se saltaba una histórica tradición de Gobierno corporativo, el sello de una de las empresas más emblemáticas de Colombia.
El alcalde no ha respondido a las críticas ni al mensaje del presidente Iván Duque. Al final de la tarde del lunes, solo se refirió a la revocatoria que podría enfrentar y dijo que la Registraduría no permitió que sus “grafólogos accedieran a las firmas originales”.
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