El Tribunal Supremo de Estados Unidos está justo enfrente del Capitolio, sede del Congreso. Poder judicial y legislativo frente a frente. Este miércoles, en la sala de vistas del tribunal se ha analizado un caso clave para el futuro de las elecciones de Estados Unidos. Bajo el tecnicismo del caso Moore contra Harper está en juego conceder al poder legislativo de Carolina del Norte (y, por extensión, a los demás parlamentos estatales) la capacidad para regular a su antojo los comicios, con el riesgo de manipular la voluntad del electorado y, en último extremo, alterar incluso las reglas por las que se nombran a los electores estatales para la designación de presidente.
En la vista, varios jueces conservadores (Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch) han mostrado aparente simpatía por dar más poder a las legislaturas estatales, controladas en su mayoría por los republicanos, para delimitar los distritos y tomar otras decisiones que los demócratas temen que conlleven supresión de voto, sin control de los jueces ni las constituciones estatales. Pero los otros tres magistrados conservadores han mostrado una posición intermedia o no se han pronunciado sobre el alcance de su decisión.
Las tres juezas progresistas han manifestado su clara hostilidad a esa posición, sostenida en el recurso por Carolina del Norte. Sonia Sotomayor ha acusado a la abogada de los republicanos de estar “reescribiendo la historia”. Y Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson han advertido de los riesgos para la integridad electoral de suprimir controles y contrapesos y dar poder a los legisladores por encima de los jueces y de las constituciones estatales.
El Gobierno de Biden, por un lado, y el Comité Nacional Republicano, por otro, han participado en el caso con posiciones opuestas. Los republicanos consideran una exageración decir que si el Supremo falla a su favor es “el fin de la democracia”. De lo que no hay duda es de la relevancia política del caso, un recurso contra la decisión del Tribunal Supremo de Carolina del Norte de anular los mapas electorales dibujados a su favor por los republicanos, que controlan el Congreso estatal, pues consideraba que era demasiado partidista y artificial, un caso extremo de gerrymandering (el diseño de los distritos para beneficiar a un partido).
El presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, Timothy Moore, recurrió alegando la “doctrina de la legislatura estatal independiente”, que defiende que solo los parlamentos estatales y el Congreso en Washington tienen potestad para decidir las reglas de las elecciones federales: las presidenciales y las legislativas.
El artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos dice: “Los lugares, épocas y modo de celebrar las elecciones para senadores y representantes se prescribirán en cada Estado por la legislatura respectiva, pero el Congreso podrá formular o alterar las reglas de referencia en cualquier tiempo por medio de una ley (…)”.
Únete para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete
La cuestión es si cuando la Constitución habla de las “legislaturas” estatales da carta blanca al poder legislativo para saltarse incluso las constituciones estatales y el control de los tribunales. Si se rompe la tradición asentada durante toda la historia constitucional estadounidense y se considera así, las implicaciones pueden ser tremendas, porque abriría paso a todo tipo de maniobras más agresivas para favorecer al partido propio por parte de los parlamentos estatales. Pero también cabe que el Supremo decida que en este caso concreto el tribunal estatal se extralimitó, sin por ello conceder que el poder de las legislaturas al decidir las reglas electorales es ilimitado. Parte de los magistrados conservadores parecían decantarse este miércoles por buscar ese punto de equilibrio y no adoptar la versión más radical de la teoría de la legislatura estatal independiente. Siempre queda además el control por parte de los tribunales federales.
La más combativa contra la citada teoría ha sido la magistrada progresista Elena Kagan: “Es una teoría con grandes consecuencias. Establecería que si una legislatura se embarca en las formas más extremas de gerrymandering, no hay remedio constitucional estatal para eso, incluso si los tribunales piensan que es una violación de la Constitución. Diría que las legislaturas podrían promulgar todo tipo de restricciones al voto, deshacerse de todo tipo de protecciones a los votantes que la constitución estatal prohíbe de hecho. Permitiría a las asambleas legislativas intervenir, otorgarse un papel, en la certificación de las elecciones y en la forma en que se calculan los resultados electorales”, ha advertido.
Distritos partidistas
La legislatura estatal de Carolina del Norte estableció unos distritos electorales extremadamente partidistas para el Congreso federal y para las cámaras estatales. Tras un recurso de la activista pro derechos de voto Rebecca Harper, el Tribunal Supremo de dicho Estado sentenció que los nuevos mapas eran “inconstitucionales más allá de toda duda razonable en virtud de la cláusula de elecciones libres, la cláusula de igualdad de protección, la cláusula de libertad de expresión y la cláusula de libertad de reunión de la Constitución de Carolina del Norte”.
Ante la alegación del legislativo de que la constitución estatal no dice nada sobre el gerrymandering y de que el tribunal no tenía capacidad para revisar su decisión y menos aún para establecer ellos los mapas provisionales, los jueces estatales contestaron que ese argumento iba en contra de un siglo de precedentes del Tribunal Supremo de Estados Unidos y que “repugna a la soberanía de los Estados, a la autoridad de las constituciones estatales y a la independencia de los tribunales estatales”.
En un escrito ante el tribunal, la Administración Biden sostiene que “la legislación estatal que regula las elecciones federales está sujeta a revisión judicial por parte de los tribunales estatales para comprobar su conformidad con la constitución del Estado”. Con respecto al poder de las legislaturas para regular las elecciones, añade: “Eso nadie lo discute. La cuestión es cómo cumple esa función el poder legislativo. Y el texto, la historia y los precedentes dan la respuesta: de acuerdo con los controles y equilibrios prescritos por las constituciones estatales”.
El Comité Nacional Republicano ha participado en el caso y considera que se está exagerando el impacto de la decisión que tome el Supremo. Los defensores del recurso creen que son los tribunales estatales los que se están extralimitando y sustituyendo a las legislaturas con decisiones arbitrarias apelando a las cláusulas de derecho al voto, de libertad de expresión y de igualdad.
David Rivkin, un ex alto cargo republicano del Departamento de Justicia personado en el caso, pone en su escrito como ejemplo Pensilvania, donde su Tribunal Supremo cambió las reglas del voto por correo para que el plazo límite de llegada de las papeletas no fuera el martes de las elecciones, como había decidido la legislatura, sino el viernes. Y se pregunta por qué un viernes es más “libre e igual” que un martes. El juez Alito se ha mostrado implícitamente de acuerdo con esa teoría en la vista de este miércoles: “Se ha hablado mucho del impacto de esta decisión en la democracia. ¿Cree usted que promueve la democracia transferir la controversia política sobre la distribución de distritos de la legislatura a los tribunales supremos electos?”, ha preguntado al abogado que defendía la decisión del tribunal de carolina del Norte.
Controles y equilibrios
No todos los republicanos están de acuerdo. Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador republicano de California de 2003 a 2011, ha recordado en un escrito ante el tribunal que en su mandato promovió que los distritos los fijase una comisión independiente, de modo que no los dibujase la legislatura estatal para favorecer a los demócratas. Teme que si triunfa ante el tribunal la posición de Carolina del Norte, ese legado se pierda. Y recuerda en su escrito que cuando solicitó la nacionalidad estadounidense una de las primeras cosas que le enseñaron es que su sistema político es de controles y equilibrios de poder (checks and balances), algo que está en riesgo.
Aunque nadie ha ido tan lejos en la vista de este miércoles, algunos constitucionalistas han advertido del riesgo de comprometer las elecciones presidenciales si se avala la teoría de la legislatura estatal independiente. En las elecciones presidenciales, el voto popular se transforma en electores o votos electorales para el partido que gana en cada Estado y son ellos los que eligen al presidente. Pero la literalidad del artículo 2 de la Constitución dice que, en las presidenciales, “cada Estado nombrará, del modo que su legislatura disponga, un número de electores igual al total de los senadores y representantes a que el Estado tenga derecho en el Congreso”. Ese “del modo que su legislatura disponga” puede ser un agujero por el que se cuele la teoría de la legislatura estatal independiente en su versión más extrema. Tras el intento de Donald Trump de subvertir el resultado electoral de las elecciones presidenciales de 2020, que ganó Joe Biden, hay quienes lo ven como una amenaza seria y quienes creen que es una exageración sin sentido.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.