La Diputación Permanente del Congreso ha rechazado este martes la petición de comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para explicar la investigación de las cuentas de Podemos con los votos de los partidos en La Moncloa y de los socios de la investidura de Pedro Sánchez —ERC, EH Bildu y Compromís—, además de Junts per Catalunya y la CUP; y con la abstención del PNV y de Coalición Canaria. La solicitud de PP y Ciudadanos ha recibido el reproche del resto de grupos de la Cámara, que acusan a los populares de tratar de instalar en la ciudadanía la falsa idea de que la corrupción afecta a todos los partidos por igual, y ha enfrentado en un tenso debate a la derecha con el PSOE y Unidas Podemos. El portavoz del grupo de Iglesias, Enrique Santiago, ha acusado a PP y Cs de llevar a cabo un “golpismo de guante blanco” contra el Ejecutivo.El Congreso ha dado además luz verde por unanimidad a la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique el decreto sobre los remanentes de los Ayuntamientos, y de la ministra de Educación, Isabel Celáa, sobre la vuelta a las aulas, mientras que se han rechazado las peticiones de comparecencia urgente del PP de otros cuatro ministros ―Asuntos Exteriores, Industria y Turismo, Seguridad Social y Sanidad― y del presidente del Gobierno; aunque varios de ellos, como el de Sanidad, Salvador Illa, comparecerán a petición propia la primera semana de septiembre.La iniciativa de PP y Ciudadanos sobre Pablo Iglesias se ha encontrado con el rechazo unánime del resto de grupos, no solo de los que conforman el Gobierno de coalición, salvo el caso de Vox, que se ha sumado a los otros dos partidos de la derecha con duras críticas contra el líder de Podemos, al que su diputado Ignacio Gil Lázaro ha acusado de ser “un fraude, una vergüenza y un peligro para la sociedad española”. En la discusión, que ha sido bronca y por momentos de alto voltaje, el PP ha recibido varios reveses de otros grupos por su historial de casos de corrupción.Cuca Gamarra, nueva portavoz parlamentaria del PP, se ha estrenado en el puesto tras la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo con un discurso duro contra el Gobierno. La diputada ha pedido a Pedro Sánchez que cese a su vicepresidente segundo porque “con su presencia se debilita el Estado democrático y nuestra democracia” y ha extendido las consecuencias de la investigación sobre Podemos a todo el Ejecutivo: “El problema de su falta de respeto a las reglas de juego democrático es un problema del Gobierno”. Ciudadanos también se ha sumado en la presión al presidente Sánchez preguntándole si va a mantener en el puesto a su vicepresidente, al que el diputado Guillermo Díaz ha llamado “P. Iglesias”, en referencia al “M. Rajoy” que aparecía en las anotaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas en las cuentas en B de la formación.El diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha salido al contraataque contra una “propuesta goebbeliana” de PP y Cs. “La derecha corrupta inicia una operación de desgaste contra el Gobierno”, ha criticado Santiago, que se ha quejado de que ambos partidos le hacen “el juego sucio a Vox” para su moción de censura. El representante del PSOE, Felipe Sicilia, ha respaldado a su socio de Gobierno. “No es una investigación policial, es una denuncia de un trabajador. Y no es la primera denuncia que recibe Unidas Podemos y todas han sido archivadas”, ha argumentado.“Hablar de caja b de Podemos es una banalización de las prácticas corruptas sistémicas del PP, único partido de Europa condenado por corrupción”, ha criticado Carolina Telechea, de ERC. “No nos busquen para este sainete. Estamos en contra de la persecución judicial de la oposición política”, ha afirmado la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borrás. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha considerado que el asunto está en un momento “muy indiciario”, pero no ha descartado reclamar a Iglesias en el futuro explicaciones si el caso evoluciona.Durante la sesión, la mayoría de los grupos parlamentarios ha manifestado su preocupación por situación de la pandemia, que ha sido objeto además de reproches al Gobierno por parte de los partidos de la derecha. PP y Ciudadanos han acusado al Ejecutivo de “marcharse de vacaciones sin un plan” para evitar una segunda ola y de “centrifugar su responsabilidad en las comunidades autónomas, sin coordinar” la respuesta, según la queja expresada por el diputado del PP José Ignacio Echániz. “Sánchez y sus ministros se han ido de vacaciones siendo conscientes de que estaban perdiendo un tiempo precioso”, ha abundado el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz. El PP ha pedido una reforma legislativa para evitar un nuevo estado de alarma y ha criticado la “inoperancia, miopía y desidia” gubernamental, mientras Vox ha optado por rechazar la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por “fútil”. “Lo único que se puede exigir a este Gobierno es que dimita”, ha asegurado su representante en la Diputación Permanente, Juan Luis Steegman.Los partidos en el Gobierno han replicado a las críticas la “incoherencia” de la derecha cuando reclama ahora que el Ejecutivo asuma el mando a pesar de que se opuso al estado de alarma en el final de la primera fase de la pandemia, y que exija transparencia mientras no la ofrecen en sus Gobiernos regionales. “La ciudadanía está más preocupada donde el PP o las derechas gobiernan”, ha defendido la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido. El representante del PSOE, Guillermo Meijón, ha pedido a la oposición “sumar y multiplicar desde la unidad” para hacer frente a la pandemia.El PSOE se ha encontrado, por otra parte, con la oposición unánime, incluso de su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, al decreto de Hacienda para la utilización de los remanentes de los Ayuntamientos, lo que apunta a que será tumbado por el Parlamento cuando se lleve a convalidación. Los grupos han pedido a la ministra María Jesús Montero que retire el decreto y busque un nuevo acuerdo, con la relevante intervención de Jaume Asens, del grupo confederal de Unidas Podemos, que ha manifestado sus “reservas” al acuerdo y lo ha definido como un pacto “poco coherente con el acuerdo del Gobierno de coalición”. “Recentralizar y tutelar a los Ayuntamientos como si fueran menores de edad es poco coherente”, se ha quejado Asens, portavoz de En Comú Podem, un grupo político que ya había adelantado su voto en contra.La comparecencia de la ministra de Hacienda ha salido adelante también con el apoyo del PSOE, pero los socialistas se reafirman en que “se trata de un buen acuerdo, extraordinariamete respetuoso con a autonomía local”, según ha expresado la diputada Susana Sumelzo, que también ha cargado contra el PP por haber “creado el problema” con la regla de gasto aprobada mientras gobernaban los populares.
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