El Constitucional ha llegado a un pacto interno para abordar, sin más demoras, el análisis de los recursos sobre las fórmulas de juramento o promesa del cargo que utilizaron 29 diputados en su toma de posesión del pasado mes de diciembre. El presidente del tribunal, Juan José González Rivas, ha accedido a incluir este asunto entre las cuestiones prioritarias que abordará este martes el tribunal, en su primer pleno tras el paréntesis de agosto. Un grupo de magistrados, en especial del sector conservador, insistió en ello, con el argumento de que las fórmulas empleadas por dichos parlamentarios plantea un problema de trascendencia constitucional.
Las fuerzas están muy igualadas entre quienes quieren rechazar los recursos y quienes consideran que debería anularse el juramento de los 29 diputados de JxCat, ERC, PNV, CUP, EH Bildu y cuatro de Podemos. En un primer momento, el Constitucional enfrió el debate, evitando incluirlo en sus últimos plenos antes del verano. Para ganar tiempo encargó una serie de informes a los letrados de la institución.
El presidente del tribunal, a su vez, recibió un escrito encabezado por la vicepresidenta, Encarna Roca, y suscrito por otros cinco magistrados, que solicitaban que el asunto fuera rápidamente avocado al pleno. González Rivas accedió, porque basta que así lo pidan tres miembros del Constitucional. Pero inicialmente no fijó fecha para el debate. Y ahora se ha comprometido a que se aborde con urgencia.
Fuentes del tribunal anuncian una fuerte discusión sobre este asunto. El sector progresista del Constitucional, minoritario, cree que los recursos presentados por PP, Cs y Vox deberían ser rechazados de plano. Pero los magistrados del sector conservador, que tradicionalmente han actuado unidos, estiman que las impugnaciones tienen especial trascendencia y quieren que se admitan a trámite, sin perjuicio de lo que luego se decida sobre el fondo de la cuestión.
Los partidarios de inadmitir los recursos parecieron tener la partida ganada en un primer momento, cuando el asunto se debatió en la Sala Primera del Constitucional. Los dictámenes iniciales de los letrados abogaban por la inadmisión por considerar que los recursos no perseguían el amparo frente a una vulneración de derechos fundamentales.
La tesis de dichos informes era que las iniciativas de PP, Cs y Vox planteaban lo que en la jerga del tribunal se conoce como “contraamparo”, porque no estarían denunciando un ataque a los derechos de los diputados recurrentes, sino que otros parlamentarios hubieran hecho un mal uso de los suyos. Pero el archivo del caso quedó abortado con la presentación del citado escrito de la mitad de los magistrados del tribunal pidiendo que el asunto se avocara al pleno.
Tras ello, las posibilidades de que los recursos sean admitidos a trámite son elevadas. Y el siguiente paso será nombrar un ponente y estudiar el fondo de la cuestión. Ahí empezará el debate más delicado, por sus posibles consecuencias. Si al final se concediera amparo a los partidos que presentaron las impugnaciones, fuentes del tribunal consideran que la consecuencia lógica sería que se anulase la toma de posesión de todos o de parte de los diputados que usaron fórmulas propias, con diversos añadidos, para jurar o prometer el cargo.
Los 29 parlamentarios citados quedarían así obligados a repetir su juramento o promesa, so pena de ser apartados de su escaño si se negaran a ello, para ser sustituidos por otros representantes de los mismos partidos que aceptaran acceder al cargo con las fórmulas habituales. Entre ellas, la de jurar o prometer “por imperativo legal”, que es el único añadido que el Constitucional analizó y avaló sin trabas en una sentencia de 1991, resolviendo un recurso presentado por senadores de Batasuna. De ahí la importancia del debate que el tribunal iniciará hoy, porque podría conducir a decisiones que afectaran al funcionamiento del Parlamento y sus equilibrios, al corregir la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cuando dio por válidos los juramentos cuestionados.
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