En días de hazañas olímpicas que marcan precedentes, la Corte Constitucional de Colombia tomó una decisión que supone un gol al machismo. El tribunal protegió los derechos de las mujeres futbolistas del país ante las declaraciones misóginas de un dirigente deportivo, pero fue más allá y ordenó una serie de medidas que buscan remediar la discriminación de género en el fútbol femenino.
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En 2018, Gabriel Camargo, presidente del Club Deportes Tolima, el actual campeón de la primera división masculina, dijo a medios de comunicación que la Liga Femenina de Fútbol era “un caldo de cultivo de lesbianismo tremendo”, que no tendría futuro y que las futbolistas eran “más ‘tomatrago’ (bebedoras) que los hombres”, entre otras cosas. La Defensoría del Pueblo presentó una tutela para exigir el derecho al buen nombre y honra de las futbolistas y otras organizaciones se unieron a la demanda.
Ahora, la Corte no solo obliga a Camargo a ofrecer disculpas y retractarse en una rueda de prensa en la que debe haber jugadoras, sino que reconoce que el fútbol femenino en Colombia se desarrolla en un contexto de discriminación estructural contra las futbolistas que es “producto de la naturalización y la consecuente invisibilización de comportamientos o actitudes sexistas y misóginas”.
Nina Chaparro, coordinadora de género del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia, asegura que es una decisión histórica. “El contexto para hombres y para mujeres futbolistas es muy distinto. Desde los años 90, ellos han obtenido derechos mínimos por medio de múltiples decisiones judiciales de la Corte Constitucional”, explica. Así, los jueces han dado herramientas para equilibrar la balanza de poder entre los jugadores hombres, los clubes y las agencias privadas de regulación.
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La realidad que tienen que gambetear las mujeres futbolistas es mucho más compleja. No solo se trata de disparidad salarial, sino también de acoso sexual, lesbofobia y poco apoyo institucional y financiero. En 2019, varias de ellas, encabezadas por Isabella Echeverri y Melissa Ortiz, echaron a andar su propia revolución contra el machismo en el fútbol. Las “superpoderosas”, como se conoce a la actual generación de internacionales colombianas por sus buenos resultados, denunciaron irregularidades en la selección femenina, falta de pagos por parte de la federación de fútbol, uniformes precarios y la obligación de costear sus propios billetes aéreos y hospedaje durante las convocatorias.
Además de la selección, la precariedad laboral se extiende al campeonato profesional femenino, que se comenzó a disputar en el 2017 y siempre ha estado acechado por el riesgo de desaparecer en medio de múltiples obstáculos. Muchas de las jugadoras no están vinculadas formalmente a equipos, y las que sí lo están tienen contratos de apenas dos meses, lo que las deja sin acceso al sistema de seguridad social y de salud en un deporte donde el riesgo de lesionarse está a la vuelta de la esquina. “La brecha no es solo por la cuantía en los salarios, sino por las condiciones detrás, la duración de los torneos, que oscila entre los dos y 2,5 meses. Hoy, por ejemplo, solo hay dos equipos que reconocen la continuidad de sus jugadoras y les mantienen sus salarios más allá de los momentos de competencias”, dice a EL PAÍS Manuela Acosta, jugadora del club La Equidad.
La duración del torneo es una de sus debilidades, así como el número de equipos. Mientras en un año las mujeres tienen 12 partidos, los hombres juegan 60. “Ello contrasta con las condiciones bajo las cuales tienen lugar las convocatorias del equipo masculino”, indica la sentencia. Para el tribunal, además, esto evidencia tres cosas que impactan a las mujeres futbolistas: “inestabilidad en el proyecto de vida, oscilación en la protección en seguridad social y baja participación deportiva”.
No hay datos claros sobre cuántas futbolistas mujeres hay en Colombia. Algunos datos indican que son cerca de 11.000, pero la realidad es que hoy solo compiten en la liga profesional femenina 11 de 36 clubes deportivos disponibles. “Se entiende como profesionales a aquellas que conforman las plantillas que compiten actualmente, pero esa categoría es ambigua. Es una copia de los reglamentos para los hombres según la cual se necesita jugar una cantidad mínima de minutos (cerca de 11 partidos) para considerarse profesionales”, agrega Acosta.
Contra el acoso sexual
Las denuncias sobre el entorno laboral de los últimos años han abierto el camino para evidenciar casos de acoso sexual. Una fisioterapeuta y dos jugadoras de la selección femenina sub 17 señalaron por acoso sexual al entrenador, Didier Luna, y el preparador físico, Sigifredo Alonso, durante las concentraciones previas al Mundial de Uruguay, en 2018. Luna firmó un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a una pena de 28 meses. Para evitar casos como ese, el tribunal constitucional exhorta a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Federación Colombiana de Fútbol a implementar una política de “cero tolerancia al acoso sexual”.
“Esta se convierte en la segunda decisión de una alta Corte que evidencia una situación de discriminación estructural hacia las mujeres futbolistas, protege sus derechos y abre la puerta a que los jueces miren con lupa las relaciones de poder que tienen las autoridades de fútbol frente a las jugadoras”, asegura Chaparro, de Dejusticia.
La primera sentencia también marcó un precedente. La Corte favoreció a María Paz Mora, una niña de diez años que participó con su equipo en un torneo de fútbol mixto, y este fue descalificado por tener una niña como portera en lugar de a un niño. La Corte concluyó que esa era una postura discriminatoria.
En el contexto latinoamericano, el fallo de Colombia se suma a casos como el de la futbolista argentina Macarena Sánchez, que demandó a su club deportivo para que reconociera su vínculo laboral y como resultado la Asociación de Fútbol Argentino profesionalizó el fútbol femenino. Pero las luchas de las jugadoras se dan en todos los países.
En Colombia, Camargo tuvo que pagar 50 millones de pesos, cerca de 13.000 dólares, por los agravios. Además, tendrá que crear un programa en su club para erradicar prácticas discriminatorias, mientras los ministerios de Deporte y de Educación, así como la Consejería para la Equidad de la Mujer tendrán que diseñar programas de derechos humanos para eliminar estereotipos y fomentar el respeto de las libertades de las mujeres en los escenarios deportivos.
Debido a la sentencia, el Congreso también tendrá que actualizar la Ley del Deporte con el fin de incluir en ella garantías para la equidad de género. La jugadora de La Equidad dice que es alentador pero aún hay “mucha utopía”. “Lo más importante es esa sugerencia que se hace de evaluar los mecanismos que aseguren efectivamente la participación femenina, no solo dentro de la dirigencia del fútbol, sino también en los ámbitos técnicos, y de erradicar cualquier práctica discriminatoria, no solo en el equipo de Camargo, sino en todos”.
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