Países Bajos afronta un problema de seguridad nacional por culpa del crimen organizado asociado al narcotráfico. A los asesinatos cruzados entre miembros de distintas bandas que operan también desde Bélgica, se han sumado en los tres últimos años tres ataques mortales. El hermano de un testigo de cargo, su abogado y un conocido periodista de investigación ―Peter R. de Vries― han sido tiroteados en plena calle. Y la cosa no para ahí. El último en ser objeto de amenazas es el primer ministro, Mark Rutte, que ha pasado de ir en bici a todas partes a estar fuertemente vigilado. La policía nacional prefiere no entrar en detalles, pero los datos que maneja apuntan a un supuesto atentado o un secuestro del mandatario por parte de las mafias que distribuyen la cocaína llegada desde Sudamérica. Con tres puertos clave en Europa -Amberes, Róterdam y Hamburgo-, la pugna por el control de un negocio multimillonario es calificado por agentes e investigadores de un intento de golpe a la democracia holandesa, de la que Rutte es su principal representante electo.
Ante una alerta de esta clase por razón de su cargo Rutte no puede rechazar la protección. Aunque hasta ahora era discreta y él prefiere la cercanía de la gente -accede si le piden un selfi y hace largos recorridos callejeros a pie- “pasará tiempo hasta que pueda moverse con la soltura de antes”, explica por teléfono Jan Struijs, presidente del Sindicato Nacional de Policía. La vigilancia para los cargos electos empezó a reforzarse en 2002, tras el asesinato de Pim Fortuyn, el líder ultraconservador que fue tiroteado por un ecologista radical. Ya entonces hubo rechazo por parte de algunos ministros a esa seguridad, y Rutte no ha ocultado el suyo. Este lunes, cuando su riesgo se convirtió en el tema de día, cubrió andando el camino hasta su despacho, en el centro de La Haya. “No haré comentarios sobre la seguridad, otra pregunta”, dijo, sonriente. Con una manzana a medio comer en una mano y la cartera de documentos en la otra, su jovialidad contrastaba con los uniformados apostados en la zona.
A Jelle van Buuren, experto en temas de seguridad de la Universidad de Leiden, le parece que “la amenaza no es como la del terrorismo político, o bien político-religioso, pero sí compromete la seguridad nacional porque el crimen organizado amaga con atacar el orden democrático”, asegura. Hay otro detalle de gran valor simbólico asociado al hecho de que los políticos se muevan con libertad en Países Bajos. “Es un poderoso mensaje cultural de cómo se desea gobernar y ser fiable, aunque el mundo cambia y no somos una isla”, asevera. En este punto, el jefe policial Struijs recuerda que en el narcotráfico hay grupos grandes y pequeños, “y gente joven metida también en Bélgica y en España que lo consideran una forma rápida de ganar mucho dinero. No podemos pecar de ingenuos. No se trata de terrorismo sino de avaricia y de drogas, pero es evidente que subyace un intento de desestabilizar la sociedad”.
Si bien tanto la presidencia del Gobierno como el coordinador de la lucha antiterrorista evitan hacer comentarios, que el primer ministro esté en la diana de los narcotraficantes muestra que el problema de la droga puede entrar en una espiral fuera de control. “Hemos visto cómo se degradaba la situación a lo largo de la última década, y desde 2019 es aún más grave. En 2018 ya publicamos un informe donde decíamos que Países Bajos presenta los rasgos de un ‘narcoestado’”, explica Struijs. Intimidando a los representantes de la justicia y del Gobierno, “estas bandas tratan de demostrar que controlan el negocio de la droga y no piensan soltarlo”, añade. Peter R. de Vries había recibido señales de amenazas de los bajos fondos, pero decía que la seguridad entorpecía su trabajo. De ahí que su asesinato, a la luz del día y en el centro de Ámsterdam, generase un debate sobre si contaba con guardaespaldas o prefería ir por su cuenta.
Las consecuencias penales, médicas y sociales del narcotráfico cuestan entre 3.200 y 4.100 millones de euros anuales, revela un informe remitido por el Ministerio de Justicia al Parlamento. Los bancos, por otra parte, gastan 550 millones de euros al año en combatir el blanqueo de capitales. El Ministerio calcula, además, que la mayoría de los cerca de 16.000 millones de euros en dinero negro que circulan todos los años en el país proceden del fraude y el tráfico de drogas. Van Buuren sostiene que no hay soluciones definitivas y recuerda que la amenaza alcanza a varios alcaldes, jueces y abogados holandeses. Para ilustrar las dificultades, señala el aprovechamiento, por parte del narcotráfico, de la buena infraestructura digital holandesa y un sistema financiero atractivo, junto con la facilidad geográfica del transporte de mercancías. “Disponemos de expertos con capacidad para ocuparse de la seguridad de la Casa Real, de políticos y diplomáticos. De lo que se trata ahora es de mejorar la información y el análisis de los datos, y eso lleva tiempo y cuesta dinero”.
Actividad portuaria
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Además del puerto de Róterdam ―el mayor de Europa― como vía de entrada de los cargamentos, Países Bajos encabeza la fabricación mundial de drogas de diseño, según la academia holandesa de policía. Destinadas en su mayoría a la exportación, en la segunda participan también ciudadanos mexicanos y colombianos, indican las mismas fuentes. Este año se han desmantelado ya 30 laboratorios clandestinos. “El Gobierno está en funciones, pero ha presentado unas cifras económicas saneadas. No hay excusa para no inyectar los fondos que necesitan policías y expertos para combatir el crimen organizado”, advierte Jan Struijs.
Un análisis de las aguas residuales ha mostrado que en Ámsterdam y Róterdam se esnifan “alrededor de 40.000 rayas de cocaína diarias”, según Fred Westerbeke, comisario jefe de esta última ciudad. El año pasado, se requisaron en Róterdam 43 toneladas de cocaína. En septiembre, una decena de recogedores de esta droga pidieron ayuda al servicio de urgencias por teléfono. Llevaban medio día metidos en un contenedor marítimo de troncos de madera a la espera de hacerse con la carga que había dentro de otro, y les faltaba oxígeno. Fueron rescatados a tiempo en una terminal portuaria, atendidos por los sanitarios y luego detenidos. En lo que va de año, ha habido ya 325 arrestos similares.
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