Menos de dos semanas quedan para que arranque la nueva liga profesional femenina y todavía los clubes no saben el número de jugadoras extracomunitarias que podrán contar en la competición. El conflicto está en manos del CSD que será quien deba decidir. Es el penúltimo capítulo de esta problemática que viene arrastrándose desde hace más de un mes.
Después de una primera reunión donde acudieron todas las partes salvo RFEF y el sindicato FUTPRO, la LPFF ya lo puso por primera vez en manos del propio CSD que días después resolvía diciendo que “las tres partes con competencia en este ámbito deben alcanzar, o al menos tratar de alcanzar, un acuerdo”. Líneas después, en lo que respecta al sindicato, la resolución hablaba de “la asociación de deportistas profesionales como mayor representatividad”.
Una redacción implicaba que era FUTPRO quien debía reunirse con la propia LPFF y la RFEF. Reunión que, como ya contamos en este periódico, tuvo lugar el pasado 10 de agosto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y donde, pese a las primeras sensaciones positivas, no han logrado resolver las discrepancias. La LPFF defiende poder contar con 12 licencias extracomunitarias de las 24 que cuenta cada equipo de Primera división. Más después de venir de una categoría no profesional donde no había límite. Postura muy distante de que defiende FUTPRO que apuesta por 3 jugadoras extracomunitarias. La RFEF incluso considera que no debe haber más de dos. Este escenario ha llevado a tener que volver a remitir esta problemática al CSD. Así está recogido en el Real Decreto de Federaciones deportivas y donde dentro de las materias de coordinación entre la liga profesional y la RFEF “ la determinación del número de jugadores extranjeros no comunitarios autorizados, para participar en pruebas o competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, se realizará de común acuerdo entre la Federación deportiva española, la liga profesional y la asociación de deportistas profesionales correspondiente.
Asimismo, el Consejo Superior de Deportes establecerá, mediante resolución, el número de jugadores extranjeros no comunitarios que podrán participar en las competiciones propias de las ligas profesionales en el caso de desacuerdo entre las Federaciones deportivas españolas, ligas profesionales y asociaciones de deportistas profesionales sobre este particular, así como en los conflictos de interpretación derivados de tales acuerdos”
Y este es el escenario una vez que no hay acuerdo entre las tres partes mencionadas. Pero no es el único conflicto a resolver en estas dos semanas que faltan. Otro es el coste del arbitraje femenino. La RFEF defiende el mismo que abonan los clubes de Primera división en el fútbol masculino. Cantidades que están muy lejos de los 3000 que abonaron los equipos femeninos la temporada pasada en su última campaña como fútbol no profesional.