El Defensor del Pueblo ha llamado la atención este miércoles sobre las trabas que impone el sistema para que los migrantes que han llegado a Canarias tengan garantizado su derecho al asilo. Como adelantó EL PAÍS, a pesar del desembarco de más de 23.000 personas en las islas el año pasado, casi no hay africanos entre las 4.000 solicitudes de protección internacional que se formalizaron. Son solo un 8,6%, frente al 90% de latinoamericanos llegados en avión. Según el análisis del Defensor, los números no reflejan que no haya migrantes que huyen de la persecución, conflictos u otros tipos de violencia, sino que revelan las barreras que encuentran para pedir protección. “El acceso al procedimiento es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sistema español y europeo”, mantiene la institución en su último informe, un monográfico sobre la situación migratoria en las islas, que ha enviado al Congreso de los Diputados.
El Defensor señala además otro dato. A pesar de que sus técnicos, que visitaron más de una veintena de instalaciones en Canarias en noviembre, identificaron “un número significativo de menores con necesidades de protección internacional”, no hay una sola solicitud de asilo entre los más de 2.000 niños y adolescentes que llegaron a las islas el año pasado. “La falta de tramitación de una solicitud de protección internacional de un menor de edad hasta que su tutor legal la ratifique, deja vacía de contenido la obligación legal que tienen todas las administraciones de facilitar el ejercicio de sus derechos”, mantiene el informe.
La protección de los refugiados es, en teoría, uno de los pilares fundamentales de la política migratoria de la UE. El derecho al asilo, además, es la pasarela para acceder a otros derechos garantizados por ley. Los solicitantes pueden residir y trabajar legalmente mientras esperan a que se resuelva su solicitud, tienen acompañamiento jurídico, social y psicológico y no pueden ser expulsados a sus países.
El Defensor del Pueblo se muestra preocupado por el hecho de que los migrantes no reciban información comprensible sobre su derecho a la protección internacional, y destaca las recurrentes quejas recibidas por ese motivo. También menciona casos en los que sus técnicos detectaron “una falta de información generalizada”, así como carencias en la asistencia letrada y de intérprete. “Se ha de revisar en profundidad la manera en la que se informa sobre el asilo en las llegadas marítimas”, advierte. En este sentido, y a su juicio, es “urgente” poner el foco en el papel de dos actores: la Policía Nacional y los abogados de oficio.
La policía tiene un papel fundamental en buena parte del proceso, porque la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente también del Ministerio del Interior, no tiene recursos suficientes. El informe señala cómo la demora para obtener citas en comisaría para formalizar la solicitud “compromete gravemente la credibilidad del sistema”. También apunta otras barreras impuestas por la policía, que impide viajar a los solicitantes limitando su derecho a la libre circulación y residencia, o las trabas burocráticas que dificultan que quien solicita asilo en las islas pueda continuar con sus trámites en otras provincias.
La institución hace además especial hincapié en la falta de conocimientos específicos de los agentes sobre protección internacional, y recomienda que las brigadas de extranjería de la Policía Nacional, las primeras en tener contacto con los migrantes, cuenten con acceso a la formación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) para una atención más adecuada.
La falta de formación es un problema también en un momento crucial para los solicitantes, las entrevistas en las que deben exponer pruebas y motivaciones para justificar por qué piden protección. La institución señala que la falta de especialización “de un importante número de funcionarios de policía” que realizan esta primera entrevista —y, en la mayoría de los casos, la única— “compromete gravemente la instrucción del procedimiento”.
Sin asistencia letrada
La actuación de los abogados de oficio ocupa un capítulo propio en el informe del Defensor, que se muestra especialmente duro con la asistencia letrada recibida por los migrantes en las islas. “Los miles de personas que, durante meses, pasaron por el muelle de Arguineguín, estuvieron privadas de una asistencia letrada con las mínimas garantías. Se ha podido comprobar que, en ocasiones, los letrados ante la imposibilidad de mantener una conversación privada con su cliente, con asistencia de intérprete, se limitan a convalidar con su firma la resolución de devolución”, denuncia el informe.
No lo ve así ni el Consejo General de la Abogacía Española ni el Colegio de Abogados de Las Palmas que, según el informe, defienden que la asistencia “es completamente correcta y adecuada” y que no se puede hacer recaer en los letrados las carencias de medios. El Defensor concede que es difícil garantizar una asistencia jurídica efectiva sin unas condiciones mínimas, como intérpretes o lugares adecuados para las entrevistas individuales, pero apunta que es responsabilidad de los propios letrados y de los colegios de abogados exigir que se garanticen esos mínimos estándares. “La urgencia no puede justificar la falta de garantías en la asistencia jurídica”, señala. También les recuerda, tras haber constatado lo contrario en el muelle grancanario de Arguineguín, que es su responsabilidad indagar las circunstancias concretas de sus defendidos y proporcionarles información sobre su situación y sus derechos.
Menores desprotegidos
La atención de los menores en las islas es otra de las principales preocupaciones expuestas en el informe del Defensor. La institución revela que cientos de niños y adolescentes han estado custodiados por la policía durante días en comisarías o en campamentos policiales como el de Barranco Seco, en Gran Canaria. Por este campamento, que sustituyó al muelle de Arguineguín, han pasado del 29 de noviembre al 1 de febrero 5.564 personas, entre las que se encontraron 526 menores de edad. En El Hierro, por ejemplo, los técnicos del Defensor encontraron a una treintena de niños, algunos de entre 10 y 12 años, conviviendo con adultos durante días en centros de acogida improvisados.
El Defensor mantiene que “no es razonable” que los servicios de protección de menores canarios, que acogen a 2.666 menores de edad, “asuman en solitario el reto que esto supone”. La falta de medios materiales y personales, apunta, limita su derecho a la educación, a la asistencia sanitaria y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles. El Defensor aboga por que las comunidades autónomas lleguen a acuerdos para asumir la tutela y custodia de parte de estos niños, “con el fin de garantizarles unas mejores condiciones de integración”, pero recuerda que, hasta ahora, apenas dos comunidades han ofrecido a Canarias un total de 65 plazas.
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