El cerco se estrecha sobre Donald Trump. En un signo de escalada en la ambición de sus investigaciones, el Departamento de Justicia ha citado a declarar en una sola semana a 40 de sus colaboradores. Se busca información sobre la implicación del expresidente y su círculo más estrecho en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Además, se han incautado de los teléfonos de dos asesores, Boris Epshteyn y Mike Roman, en busca de pruebas, según desvela una información de The New York Times.
Esta investigación corre paralela a la que se está llevando a cabo por los documentos clasificados y de alto secreto hallados por el FBI en la residencia del magnate en Mar-A-Lago, en Florida, en una operación del pasado 8 de agosto. Las nuevas citaciones persiguen esclarecer los manejos de Trump para alterar el resultado electoral que dio el triunfo a Joe Biden en las elecciones de 2020 en los estados más disputados y que resultaron cruciales en el triunfo demócrata.
Lo que los simpatizantes de Trump buscaban el 6 de enero era precisamente interrumpir violentamente la sesión del Senado llamada a certificar los votos electorales para forzar al vicepresidente Mike Pence a un nuevo recuento. Desde que comenzaron a difundirse los bulos del robo de votos se han interpuesto 62 demandas en tribunales de todo el país. De esas, 61 se han desestimado desde entonces. La número 62 fue aceptada, pero el nuevo recuento no afectó al resultado.
El Departamento de Justicia también busca con las nuevas citaciones información sobre las actividades del comité de acción política Save America, con el que expresidente recaudó fondos para sostener su cruzada tras abandonar el cargo. Los miembros del comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio también están tirando de ese hilo del dinero, obtenido por Trump y los suyos con el objetivo de combatir un fraude que nunca han podido demostrar. Se trata de saber si en esa búsqueda de fondos quebrantaron alguna ley.
Entre los asesores citados hay algunos viejos conocidos de los seguidores de la trama del 6 de enero, que se ha ido desgranando en las sesiones del citado comité. Arrancaron a principios de junio y se interrumpieron en agosto (está previsto que se celebren nuevas audiencias, pero de momento no se han convocado). El de mayor relieve tal vez sea Dan Scavino, que fue caddie de Trump, tal vez el aficionado al golf más famoso del mundo. En su Administración se desempeñó como director de redes sociales y comunicación digital de la Casa Blanca pese a carecer por completo de experiencia en ese trabajo. Scavino fue durante su mandato una de las personas más leales al expresidente, que parece valorar esa virtud, siempre que sea ciega, por encima del resto, y lo ha seguido siendo después de que abandonara el puesto.
Trump se encontraba este lunes en Washington por motivos no del todo claros. Es la segunda vez que visita la ciudad desde que dejó la Casa Blanca en enero del año pasado. En julio de este participó en un encuentro de líderes del Partido Republicano organizado en el que dio un discurso con el que volvió a dejar caer su intención de presentarse a las elecciones de 2024. El viaje de esta semana desató una oleada de especulaciones. Trump explicó en su red social Truth que el motivo era “de trabajo”.
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Sobre el Departamento de Justicia, y sobre el fiscal general, Merrick Garland, pesa la incógnita de si piensan respetar o no la “regla de los 60 días” en las investigaciones abiertas contra el magnate, según la cual durante ese tiempo convendría pararlas hasta después de las elecciones legislativas del 9 de noviembre. Esa norma no escrita aconseja no tomar acciones contra políticos involucrados en una elección en marcha. Trump no se presenta en la cita de medio mandato, pero su ascendente sobre el Partido Republicano es tal que sus líos con la justicia amenazan con influir en los resultados en las urnas de la formación conservadora.
La Fiscalía acepta un experto propuesto por Trump para revisar los papeles incautados
Una jueza de Florida decidió que un perito independiente revisase los papeles incautados a Donald Trump en el registro de Mar-a-Lago, paralizando entretanto los trabajos de investigación con los mismos. La magistrada pidió a Trump y al Departamento de Justicia que propusieran candidatos. Los abogados del expresidente rechazaron todas las propuestas de la Fiscalía. Sin embargo, la Fiscalía ha aceptado a uno de los nominados por Trump.
El que ha reunido consenso es el antiguo juez federal Raymond J. Dearie, del que la Fiscalía concluye que tiene experiencia judicial suficiente para asumir el encargo. Es candidato claro, por tanto, a ser nombrado por la jueza que lleva el caso.
En paralelo, el Departamento de Justicia ha pedido a la jueza poder seguir investigando al menos en los relativo a los documentos clasificados como confidenciales o secretos, que está claro que no pueden ser relativos a la relación abogado cliente y que tampoco puede reclamar Trump como personales en virtud del llamado privilegio ejecutivo. Los abogados de Trump, sin embargo, se han opuesto y han dado a entender, sin llegar a afirmarlo, que esos documentos podrían haber sido previamente desclasificados.
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