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El Departamento de Justicia exonera a Pence por los documentos clasificados que tenía en casa

EL PAÍS

El Departamento de Justicia ha dado carpetazo a la investigación sobre los documentos clasificados que se llevó indebidamente a su domicilio tras dejar el cargo Mike Pence, vicepresidente durante el mandato de Donald Trump como presidente. La fiscalía ha comunicado a Pence el cierre de la investigación en una carta fechada este 1 de junio en la que se asegura que no se presentarán cargos.

A finales de enero trascendió que los ayudantes del que fue vicepresidente de Donald Trump descubrieron en su casa de Indiana una docena de documentos con marcas de clasificación como secretos. Pence se sumaba así al expresidente Donald Trump y al actual presidente, Joe Biden, que también se llevaron indebidamente documentos confidenciales a sus domicilios privados.

En el caso de Pence se trataba de “un pequeño número de documentos con marcas clasificadas que fueron inadvertidamente encajonados y transportados a la casa personal del exvicepresidente al final de la última administración”, según escribió el abogado de Pence en una carta fechada enviada a los Archivos Nacionales, la institución que debe custodiar los documentos y registros cuando presidentes y vicepresidentes cesan en sus cargos.

En febrero, agentes del FBI registraron durante horas la casa de Pence en Indiana y encontraron un documento con marcas de clasificación y seis páginas adicionales sin dichas marcas que no fueron descubiertas en la revisión inicial.

Desde el principio, Pence cooperó con la investigación, al igual que Joe Biden y a diferencia de Donald Trump, que desatendió los requerimientos de las autoridades para entregar los documentos secretos hasta que el FBI se incautó de los mismos en el registro de su club privado de Mar-A-Lago, en Palm Beach, Florida. Este viernes los medios estadounidenses han publicado que, tras recibir un requerimiento al efecto, Trump y sus abogados no han entregado el documento sobre un plan secreto de ataque a Irán del que hablaba el expresidente en una grabación.

El fiscal general, Merrick Garland, decidió en el caso de Pence no nombrar un fiscal especial que investigase el caso, a diferencia de los casos de Trump y de Biden. Nunca han surgido indicios de que Pence hubiese ocultado intencionadamente esos documentos o ni siquiera de que supiese que estaban en su casa, por lo que nunca hubo expectativas de que se enfrentara a cargos. Pence había asegurado en una entrevista muy reciente con Fox News que había sido “muy cuidadoso” para no llevarse nada indebidamente de la Casa Blanca ni de sus oficinas propias.

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La noticia del archivo de su investigación llega unos días antes de que Pence lance el miércoles en Iowa su campaña por la nominación republicana a la presidencia, una carrera que le pondrá en competencia directa con su antiguo jefe, el expresidente Donald Trump. Pence hará oficial su candidatura con la emisión de un vídeo y con un acto electoral en Des Moines, la capital y ciudad más poblada del Estado, con unos 210.000 habitantes.

El exvicepresidente, un conservador tradicional, tiene una posición complicada en el Partido Republicano, donde se convirtió en uno de los personajes más odiados por los seguidores más acérrimos de Donald Trump por su negativa a subvertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, en que el expresidente había caído derrotado ante el demócrata Joe Biden. La turba coreaba “colguemos a Mike Pence” mientras se abría paso a la fuerza hacia el Capitolio el 6 de enero de 2021. Esta semana, en un foro con simpatizantes de Trump retransmitido por Fox News la mera mención de su nombre ha provocado abucheos de los asistentes.

Pence ha tenido que declarar ante un gran jurado que investiga a Trump. Presentó un recurso para evitarlo, pero perdió. Sin embargo, logró librarse de testificar específicamente acerca de sus actuaciones del día del asalto al Capitolio. Alegó que el 6 de enero estaba ejerciendo su papel de presidente del Senado y que obligarle a declarar violaba la llamada “cláusula de expresión o de debate” que protege a los congresistas de dar cuenta de sus actuaciones parlamentarias.

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