El Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el fiscal general al frente, rechaza que se publique el atestado o afidávit con el que justificó ante el juez la necesidad de registrar Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump en Palm Beach (Florida). Ante la petición formal al juez de numerosos medios de comunicación estadounidenses de que haga público ese informe, la fiscalía ha mostrado su negativa. Donald Trump no se ha pronunciado aún al respecto, pero numerosos republicanos han criticado que no se conozca y lo usan como argumento para insinuar que hay motivos inconfesables para ocultarlo.
“Siguen existiendo razones de peso, incluyendo la protección de la integridad de una investigación policial en curso que implica seguridad nacional, que apoyan el mantenimiento del afidávit bajo secreto”, argumenta el Departamento de Justicia.
Tanto la fiscalía como Trump estuvieron de acuerdo en que se publicase la orden de registro con sus anexos y el inventario de bienes incautados por los agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI). Eso permitió saber que a Trump se le investiga al menos por tres posibles delitos penados con multas y/o elevadas penas de cárcel y también que en el registro se hallaron numerosos documentos clasificados como “alto secreto”.
Lo que no se publicó fue el atestado o afidávit en el que la fiscalía argumenta que había indicios suficientes de delito como para proceder al registro de la casa de un expresidente, algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos.
En el documento registrado ante el juez de Florida que lleva el caso, el Departamento de Justicia señala que “el hecho de que esta investigación implique materiales altamente clasificados subraya aún más la necesidad de proteger la integridad de la investigación y exacerba el daño potencial si la información se revela al público prematuramente o de forma inapropiada”. Y añade que “la divulgación del afidávit del Gobierno en esta etapa también podría enfriar la futura cooperación de los testigos cuya asistencia puede ser solicitada a medida que avanza esta investigación, así como en otras investigaciones de alto perfil”.
“El Gobierno tiene un interés imperioso y primordial en preservar la integridad de una investigación criminal en curso”, argumenta. Su respuesta permite saber que el atestado “contiene, entre otros hechos de la investigación críticamente importantes y detallados: información altamente sensible sobre los testigos, incluidos los testigos entrevistados por el Gobierno, técnicas de investigación específicas e información que la ley exige que se mantenga en secreto”.
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Si se revela, el informe permitiría conocer la hoja de ruta de la investigación en curso, “proporcionando detalles específicos sobre su dirección y curso probable, de una de manera que es muy probable que comprometa los futuros pasos de la investigación”.
La fiscalía asegura que ha estudiado cuidadosamente si el afidávit podría ser publicado con alguna parte tachada por razones de confidencialidad, pero asegura que “las omisiones necesarias para mitigar los daños a la integridad de la investigación serían tan extensas que harían que el texto restante no tuviera contenido significativo”. Aun así, solicita que en caso de que el juez permitiera la publicación parcial del atestado, le permita sugerir qué fragmentos proteger.
El Departamento de Justicia sí ve bien que se difundan, y de hecho pide que se publiquen, otros documentos relacionados con la petición de registro, la solicitud de secreto del sumario y la resolución del juez que lo decreta.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
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