WASHINGTON DC — El Departamento de Justicia rechazó este lunes los intentos de hacer pública la declaración jurada que respalda la orden de allanamiento de la residencia del expresidente Donald Trump en Florida, diciendo que la investigación “implica material altamente clasificado” y que el documento contiene información confidencial sobre testigos.
La oposición del gobierno se produjo en respuesta a las presentaciones judiciales de varias organizaciones de noticias, incluida The Associated Press, que buscaban revelar la declaración jurada subyacente que presentó el Departamento de Justicia cuando solicitó la orden para registrar la propiedad de Trump en Mar-a-Lago a principios de este mes.
La presentación judicial, de Juan Antonio González, el fiscal federal en Miami, y Jay Bratt, un alto funcionario de seguridad nacional del Departamento de Justicia, argumenta que hacer pública la declaración jurada “causaría un daño significativo e irreparable a esta investigación criminal en curso”.
El documento, dicen los fiscales, detalla “información altamente confidencial sobre testigos”, incluidas personas que han sido entrevistadas por el gobierno, y contiene información confidencial del gran jurado.
El gobierno le dijo a un juez federal que los fiscales creen que algunos registros adicionales, incluida la portada de la orden y la solicitud del gobierno de sellar los documentos, ahora deberían hacerse públicos.
Un recibo de propiedad abierto el viernes mostró que el FBI incautó 11 conjuntos de documentos clasificados, algunos no solo marcados como ultrasecretos sino también como “información confidencial compartimentada”, una categoría especial destinada a proteger los secretos más importantes de la nación que, si se revelan públicamente, podrían causar “información excepcionalmente grave” y mucho daño a los intereses estadounidenses. Los registros judiciales no proporcionaron detalles específicos sobre la información que podrían contener los documentos.
El Departamento de Justicia reconoció el lunes que su investigación criminal en curso “implica material altamente clasificado”.
La orden de registro, también revelada el viernes, decía que los agentes federales estaban investigando posibles violaciones de tres leyes federales diferentes, incluida una que rige la recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa en virtud de la Ley de Espionaje. Los demás estatutos abordan la ocultación, mutilación o eliminación de registros y la destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
La orden de registro de Mar-a-Lago, realizada el lunes pasado, fue parte de una investigación en curso del Departamento de Justicia sobre el descubrimiento de registros clasificados de la Casa Blanca recuperados de la casa de Trump a principios de este año. Los Archivos Nacionales habían pedido al departamento que investigara después de decir que 15 cajas de registros que recuperó del patrimonio incluían registros clasificados.
No está claro si el Departamento de Justicia siguió adelante con la orden simplemente como un medio para recuperar los registros o como parte de una investigación criminal más amplia o un intento de enjuiciar al expresidente. Múltiples leyes federales rigen el manejo de información clasificada, con sanciones penales y civiles, así como registros presidenciales.
Pero el Departamento de Justicia, en su presentación del lunes, argumentó que su investigación está activa y en curso y que la divulgación de información adicional no solo podría comprometer la investigación, sino también someter a los testigos a amenazas o disuadir a otros de cooperar con los fiscales.
“Si se divulga, la declaración jurada serviría como una hoja de ruta para la investigación en curso del gobierno, brindando detalles específicos sobre su dirección y curso probable, de una manera que es muy probable que comprometa futuros pasos de investigación”, escribió el gobierno en la presentación judicial.
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