La ciudad de Palma, en el norte de Mozambique, se encuentra ya en manos del Ejército nacional dos semanas después del ataque que sufrió por parte del grupo yihadista Al Shabab, también conocido como Estado Islámico de África Central (ISCA), confirmó este miércoles el presidente del país, Filipe Nyusi, en un discurso televisado a la nación. El ataque comenzó el 24 de marzo cuando un grupo de hombres armados irrumpieron en la ciudad, de unos 75.000 habitantes, y asesinaron a “decenas de personas”, según el Gobierno, entre policías, militares y civiles.
“Los terroristas han sido expulsados de Palma”, aseguró Nyusi, quien advirtió, sin embargo, de que aún era pronto para asegurar la victoria. “Nuestro gobierno ha expresado a la comunidad internacional lo que necesita para luchar contra el terrorismo y estas necesidades se están analizando”, añadió el jefe de Estado. Ya el pasado lunes las autoridades trasladaron a la población que habían recuperado el control de la ciudad y fuentes militares revelaron que un número “importante” de yihadistas habían muerto en la contraofensiva.
El ataque a Palma ha sido uno de los más importantes que ha sufrido el norte de Mozambique desde que en octubre de 2017 comenzó a actuar en la zona la insurgencia yihadista que el Gobierno ha sido incapaz de frenar. En apenas dos semanas, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), unas 11.000 personas han huido de la ciudad en diferentes direcciones, la mayoría hacia la capital regional Pemba y una pequeña parte hacia Tanzania. Además, la empresa francesa Total, responsable de un proyecto de explotación gasístico con sede en Palma, decidió suspender sus operaciones y evacuar a todo su personal.
Riesgo regional
Los ataques terroristas que sufre el norte de Mozambique y la respuesta militar del Ejército mozambiqueño han provocado desde 2017 unos 2.740 muertos, según datos de la organización ACLED, que hace seguimiento de los conflictos armados. Otra de las consecuencias es el desplazamiento forzoso de unas 681.000 personas, según la OIM, en un contexto de gran violencia. Un reciente informe de Amnistía Internacional ponía el foco sobre los crímenes de guerra cometidos en este periodo, como ejecuciones extrajudiciales y bombardeo de civiles, por parte tanto de las Fuerzas Armadas como de los grupos de mercenarios contratados por el Gobierno, en concreto la empresa sudafricana Dyck Advisory Group (DAG). Por su parte, Save the Children ha recogido la denuncia de dos mujeres desplazadas por el conflicto denunciaban que sus hijos, uno de ellos de 11 años, habían sido decapitados por los terroristas.
Por otra parte, Maputo, capital mozambiqueña, acogerá este jueves una cumbre extraordinaria del organismo regional, la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), con el objetivo de coordinar esfuerzos en materia de defensa y seguridad para combatir el terrorismo que golpea a Mozambique, pero que amenaza con extenderse a países vecinos como Tanzania. Tras la ocupación de Palma por los yihadistas, el presidente de Botsuana y responsable de la Comisión de Cooperación Política, de Defensa y Seguridad, Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi, aseguró que “los ataques en Mozambique son una afrenta a la paz y la seguridad, no solo para este país, sino también para la región y la comunidad internacional en su conjunto”.
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